Un año más, el españolismo aprovechará el 12 de octubre, día de la Hispanidad, para movilizarse en el centro de Barcelona. Como en los últimos siete años, el Passeig de Gràcia será el punto de inicio de una marcha que volverá a acabar en la plaça Catalunya y que este año llega a las puertas de conocer la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del Procés. Con la excepción de las manifestaciones que se convocaron después del referéndum del 1-O, los actos del 12-O son tradicionalmente los más multitudinarios de un espacio que está atomizado en multitud de entidades y que celebra pocos actos unitarios.

Dejando de lado los principales partidos políticos que habitualmente participan en este tipo de convocatorias -básicamente PP, Ciudadanos, Vox y determinados sectores del PSC-, la principado entidad que aglutina a los defensores de la unidad de España en Catalunya es Sociedad Civil Catalana (SCC). Ahora bien, como ya ocurrió el año pasado, SCC no es la entidad convocante de la manifestación del sábado, sino que se encarga el Movimiento Cívico d’Espanya i Catalans.

Los dos últimos años esta convocatoria ha sido masiva y ha reunido a unas 65.000 personas, coincidiendo con los momentos más convulsos del Procés. En la primera edición, celebrada en 2012, apenas se congregaron 6.000 asistentes, cifra que aumentaría en 2013 (30.000) y en 2014 (37.000). En 2015 y 2016 la concentración entró en crisis, reuniendo a menos de 5.000 personas, hasta qué en 2017, días después del 1-O, la movilización se multiplicó.

Desde que se fundó en 2014, SCC se ha convertido en la entidad referente de los defensores de la unidad de España en Catalunya. Sin lugar a dudas, es la que está mejor conectada políticamente, con antiguos dirigentes del PSC, PP y Cs en sus filas, y la que ha conseguido una transversalidad, al menos aparente, más amplia, llegando mucho más allá de los grupúsculos de extrema derecha que tradicionalmente habían copado este tipo de movilizaciones. Ahora está presidida por Fernando Sánchez Costa, diputado del PP en el Parlament entre 2012 y 2017. De perfil moderado, ha endurecido el tono de sus intervenciones las últimas semanas -a las puertas de las movilizaciones contra la previsible condena del Supremo a los dirigentes independentistas -, pero previamente se había mostrado partidario del diálogo y había rechazado un nuevo 155, siguiendo la línea del ex presidente de la entidad Josep Ramon Bosch -ahora en la catalanista Lliga Democràtica.

La entidad siempre ha contado con un amplio apoyo político y mediático, pero también ha estado marcada por la opacidad, ya que nunca ha aclarado de dónde provienen sus recursos, si bien se sabe que ha contado con el apoyo de importantes empresas privadas. Medios como la Directa han apuntado que detrás había grandes entidades financieras, así como empresas del Ibex.

El cambio de registro de SCC había provocado tensiones internas y críticas, sobre todo de Cs, que tiene un discurso cada vez más radicalizado contra el independentismo. Ahora bien, en todo momento ha habido representantes de esta línea dura contra el soberanismo dentro de la entidad, como demuestra el vicepresidente, Xavier Marín, curiosamente un histórico del PSC que se ha mostrado partidario de prohibir a los partidos independentistas participar en las elecciones. Las últimas semanas la entidad ha hecho un esfuerzo para rehacer puentes con los partidos y, de hecho, PP, Cs y PSC participaron en el acto de la semana pasada para conmemorar el segundo aniversario de la masiva manifestación del 8 de octubre de 2017, en defensa de la unidad de España.

Connivencia y colaboración con la ultraderecha

La Plataforma d’Espanya i Catalans se creó poco antes de la manifestación del 12 de octubre de 2012, la primera importante de la actual secuencia. Pese al nombre, basta repasar los diferentes mensajes que cuelga en las redes sociales para tener claro que se trata de una entidad que defiende el españolismo más rancio, marcadamente de derechas y conservador. También es normal que se relacione con grupúsculos de ultraderecha, como Los de Artós -grupo de extrema derecha de Sarrià, que ha protagonizado varios episodios evidentes-, y que difunda sus convocatorias.

Otras entidades habituales en este tipo de movilizaciones son el Movimiento Cívico 12-O, surgido también en septiembre de 2012, la Fundación España Responde o Impulso Ciudadano. España Responde, está escorada claramente hacia la extrema derecha. Su fundador y mecenas es el empresario José Manuel Opazo, un antiguo guardia civil dedicado al sector inmobiliario y establecido en Suiza que, entre otras cuestiones, habría estado detrás de los denominados GDR, los grupos que durante el año pasado se dedicaron a arrancar lazos amarillos en numerosos municipios catalanes, protagonizando varios episodios de agresiones y amenazas.

Impulso Ciudadano  es una entidad más antigua, ya que surge en 2009, y desde entonces ha defendido los postulados clásicos del activismo españolista en Catalunya, como el rechazo al modelo de inmersión lingüística en catalán en la escuela y, obviamente, los últimos años ha añadido la defensa a ultranza de la unidad de España. Los últimos meses ha acaparado algunos titulares ya que está detrás de las denuncias que han provocado que la Junta Electorado Central (JEC) haya obligado al Govern de la Generalitat a retirar los lazos amarillos y las pancartas de apoyos a los presos políticos de las fachadas de los edificios públicos.

Su presidente es José Domingo, que fue diputado de Ciudadanos entre 2006 y 2010, durante la primera legislatura del partido en el Parlamento. Domingo también ha formado parte de SCC y ha estado implicado en d’Espanya i Catalans. Es un histórico del activismo españolista en Catalunya. Otros miembros de la junta de Impulso Ciudadano son el ex presidente de SCC Rafael Arenas o la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, otra entidad que se opone a la inmersión lingüística en catalán.

Movilizaciones contra el catalán

Precisamente, el activismo lingüístico ha sido desde los años 80 y 90 del siglo pasado uno de los ámbitos de actuación más importante del españolismo cívico en Catalunya, con la denuncia del modelo educativo y de la apuesta de los medios públicos por el catalán. De aquella etapa, muy anterior a la irrupción del proceso independentista como epicentro de la política catalana, aún resisten Convivencia Cívica Catalana, que preside Francisco Caja, y la Asociación por la Tolerancia , ambas también implicadas en la convocatoria de este sábado en la plaça Catalunya.

También ligada a la voluntad de acabar con la inmersión en catalán, pero mucho más reciente, es la plataforma Hablemos Español, creada en 2017. En concreto, apuesta que el castellano sea la única lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado. En septiembre del año pasado protagonizó una manifestación en Barcelona contra el modelo de inmersión en catalán. Su presidenta, Gloria Lago, es una gallega que nunca ha vivido en Catalunya y cercana a Vox.

Aunque hay más, otros grupos significativos en este espacio son la Plataforma por Tabarnia, el movimiento de ultraderecha inicialmente apoyado por dirigentes de Cs y el PP que ha perdido fuelle en los últimos meses, o la asociación Empresaris de Catalunya, que actualmente está presidida por el abogado Carlos Rivadulla. Su predecesor en el cargo es Josep Bou, el actual líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. La entidad nació en 2014 y desde el inicio se ha opuesto por completo al proceso soberanista.

También se debe citar Somatemps, una organización surgida en 2013 que reúne a intelectuales e historiadores revisionistas de diferentes sensibilidades de la extrema derecha catalana. Actualmente su presidente es el filósofo Javier Barraycoa, ex secretario del partido Comunión Tradicionalista Carlista en Catalunya. El anterior presidente era Josep Alsina, antiguo militante del partido franquista Fuerza Nueva. Somatemps fue una de las entidades implicadas en la fundación de SCC, y ha participado en las grandes movilizaciones en defensa de la unidad de España de los últimos años.