Una Universidad Pública para una sociedad justa y democrática

Las universidades públicas madrileñas están sufriendo una situación de infrafinaciación y de presión privatizadora con nuevas universidades privadas que rebajan los estándares de calidad. Como consecuencia, se está produciendo un retroceso en relación a las universidades de otras comunidades autónomas, mucho mejor financiadas que sus homólogas madrileñas. Por ello, se necesitan medidas urgentes que garanticen unas mínimas condiciones para el normal desenvolvimiento de su servicio público. La situación presupuestaria, soportada por ingresos extraordinarios, sin planificación a medio plazo ni recursos suficientes, es insostenible. Las condiciones precarias del personal universitario, tanto docente e investigador como de administración y servicios, dificultan cada vez más la correcta atención al alumnado y sobre todo la competitividad de la investigación. La propia docencia y la investigación se ven comprometidas por la acumulación de la falta inversiones en infraestructuras y administración. La proliferación de nuevas universidades privadas de bajo nivel de calidad amenaza la reputación degrada el papel de la universidad y pone en cuestión el acceso equitativo a la educación.

Esta situación ha sido reiteradamente señalada por los agentes sociales y la propia universidad. La difícil situación se ve reflejada en el informe elaborado por la Conferencia de Consejos Sociales que reconoce como un factor positivo y una inversión rentable la financiación de las universidades públicas, pues por cada euro invertido, la Comunidad de Madrid recauda fiscalmente 6 euros. Pese a ello, el peso de la financiación universitaria ha pasado de suponer el 0,43% de los presupuestos de la Comunidad de Madrid en 2014, al 0.40% en 2018, mientras que la aportación de la universidad al PIB de la Comunidad ha pasado en el mismo periodo del 2% al 2,4%. Por otra parte, el empleo generado se ha incrementado del 2,1% al 2,6% en dicho plazo. La continua caída de la financiación agrava las dificultades para hacer frente a los gastos corrientes o de personal, e impide afrontar las nuevas funciones como la formación continua, los compromisos de desarrollo sostenible o el reto de la internacionalización.

A las sucesivas crisis que viene acumulando la sociedad madrileña se añaden los cambios experimentados por su economía, progresivamente orientada hacia un modelo financiero, comercial y de servicios. La universidad ha perdido su centralidad en las políticas públicas, y esa orientación se ve reflejada en las políticas presupuestarias y en las prioridades políticas. El abandono y la falta de atención a las políticas en el ámbito de las universidades y de la ciencia se manifiesta cuando los Planes Regionales de Investigación Ciencia y Tecnología son reiteradamente aplazados y marginados y los órganos de participación como los Consejos Regionales Universitario y de Ciencia y Tecnología, no son convocados ni siquiera en sus preceptivas convocatorias anuales.

Los problemas financieros y de precariedad, así como la falta de acciones de la Comunidad de Madrid en el campo de la investigación han contrastado con las muy activas políticas universitarias y científicas impulsadas por otras comunidades autónomas, particularmente País Vasco y Cataluña. Ello ha hecho perder relevancia a nuestro sistema universitario, pues pese a ser la Comunidad Autónoma con mayor PIB per cápita del Estado y ser la segunda región con más ingresos por alumno en concepto de tasas y precios públicos, somos la última comunidad autónoma en financiación de las universidades por alumnado matriculado. Estas cifras suponen un 50% menos que La Rioja, el País Vasco o Cantabria.

Esta falta de recursos, unida a la inacción política, se ha traducido en que la Comunidad de Madrid ocupe los peores puestos en indicadores como la ratio de estudiantes por profesor, siendo la segunda comunidad autónoma con mayor número de estudiantes/profesor con 13,53 alumnos. Es muy significativo que las universidades privadas, por decisiones políticas vinculadas a su promoción y a la infrafinanciación de las públicas, hayan experimentado un crecimiento del alumnado del 25% frente al 1,1% de las públicas, en particular en el apartado de los másteres oficiales durante el periodo 2015-2020.

También en gastos corrientes por matriculado Madrid es la última comunidad autónoma, con 5.584 € por matriculado, mientras que en la tasa de idoneidad (es decir, en el porcentaje de estudiantes que finalizan la carrera en el tiempo teórico previsto), así como en la tasa de graduación, es la novena comunidad autónoma. Asimismo, es la décima en publicaciones por PDI, con 4,68 artículos por profesor/a, y decimosegunda en porcentaje de publicaciones en revistas del primer cuartil de impacto académico. Todo ello se da a pesar de que Madrid ocupe la primera posición en cuanto al PIB per cápita. El impacto de la falta de políticas y recursos de la Comunidad de Madrid solo se ve mitigado por la condición de Madrid como sede de grandes corporaciones y de los grandes centros de investigación del Estado.

Hacer frente a esta situación debe tener como objetivo central la recuperación del nivel de liderazgo social de las universidades públicas madrileñas, y requiere actuar en sus diferentes funciones: investigadora, cultural, formadora de ciudadanos críticos y profesionales competentes, dinamizadora e innovadora del tejido social y económico de la comunidad. El esfuerzo debe orientarse no sólo a la mejora de las condiciones financieras y organizativas de las Universidades Públicas, sino a dotarlas de un proyecto global y colectivo.

Por todo ello, los grupos parlamentarios progresistas hemos presentado una propuesta en la Asamblea de Madrid para que se alcance un acuerdo de financiación plurianual con las universidades públicas que les permita dotarse de los mismos recursos por estudiante que las comunidades que ocupan los primeros puestos por financiación en el resto del Estado. Planteamos reducir las tasas y precios públicos hasta situarse en la media de los costes en el sistema universitario, adoptando un sistema más progresivo en función de la renta del alumnado. Que se establezca un Plan de Renovación y Creación de Infraestructuras Educativas y Científicas y, de acuerdo con las universidades públicas, un Plan Regional de Ciencia y Tecnología.

Otras medidas fundamentales son el diseño de un plan integral de reducción de la precariedad en el empleo de PDI y PAS, con el compromiso de reducir la edad media de dichos colectivos, con medidas excepcionales como las previstas en el ámbito sanitario. Es fundamental igualmente establecer un plan de calidad e inspección del sistema universitario madrileño que asegure que tanto las universidades públicas como las privadas y los centros adscritos a ellas cumplen con los estándares homologables internacionalmente, algo que en muchos indicadores no sucede en las privadas. Por último, se debe fomentar la dimensión internacional de las universidades públicas madrileñas.

Es imposible que la Universidad de la Comunidad de Madrid sea referente de investigación y de docencia si los presupuestos universitarios no llegan a cubrir el 100% de los gastos y ni siquiera los de personal; unos presupuestos que sitúan a algunas universidades públicas en situación de riesgo de insolvencia y que sólo han podido ser superados mediante mecanismos insostenibles en el tiempo. La Universidad Pública en la Comunidad de Madrid debe ser una prioridad política para alcanzar a ser una sociedad justa y democrática en el siglo XXI.