La respuesta europea a la guerra y su coste

Estamos en tiempos de guerra. Nuestros ciudadanos y nuestras sociedades llevan más de dos años bajo tensión. Primero por la pandemia de la COVID-19 y ahora por una realidad bélica, como hace décadas que no conocíamos en el continente, por la injusta e ilegal invasión de Putin a Ucrania.

Desde hace un mes las imágenes de los ataques rusos contra refugios, escuelas y hospitales y las kilométricas filas de refugiados atravesando las fronteras llegan a nuestros hogares como si se tratase de una ficción distópica al estilo de “1984” de George Orwell. Pero la realidad supera una vez más la ficción. La preocupación por la seguridad de las centrales nucleares ucranianas y por el miedo al uso de armas químicas, biológicas y nucleares es real.

Los ciudadanos y las ciudadanas europeos están respondiendo con una solidaridad desbordante. Pero también comienzan a ser conscientes de que la guerra conlleva un coste económico, tal y como ya están sintiendo en sus bolsillos, principalmente en la cesta de la compra y en la factura energética. Por eso, lograr un reparto justo del sacrificio y no ahondar en las desigualdades ha protagonizado la agenda política de los líderes europeos y la del presidente Pedro Sánchez, en particular, de cara al Consejo Europeo de la pasada semana.

El malestar social por las subidas de los precios había comenzado a calentar ya las calles de media Europa en los días previos. A las protestas de los transportistas en Italia, Portugal, Alemania por los altos precios del combustible, se sumaron en España la de miles de agricultores y ganaderos que reclamaban ayudas urgentes por los bajos precios a los que se ven obligados a vender sus productos y por la falta de materias primas.

Como sabemos, desafortunadamente, siempre hay alguien dispuesto a pescar en río revuelto y no con las mejores intenciones. La ultraderecha europea, y en particular Vox en España, ya ha iniciado su campaña electoral para capitalizar ese malestar y descontento de los ciudadanos y convertirlos en votos prometiendo soluciones demagógicas. Y merece la pena recordar que, salvando las distancias históricas y con la cautela necesaria en el paralelismo, en un contexto de tensión económica y social similar en la Alemania de la República de Weimar, con una inflación disparada (el último IPC en España ronda el 10%), las mentiras y el populismo del Partido Nacional Socialista alemán fueron el mejor caldo de cultivo para que lograsen hacerse con el poder en 1933. No olvidemos lo que sucedió después.

Por eso, la dificultad del cónclave europeo de la pasada semana residía en equilibrar el esfuerzo que conllevan los costes económicos del apoyo político, militar, financiero y humanitario a Ucrania y la obligación de proteger la recuperación económica y el bienestar de los ciudadanos, sin perder el impulso y el esfuerzo para lograr unas economías descarbonizadas y alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Y, afortunadamente, se acordaron importantes avances en los tres principales desafíos que estaban en juego: la salvaguarda de la seguridad alimentaria, la reducción de la factura y de nuestra dependencia energética y el refuerzo de nuestras capacidades de defensa.

En las próximas semanas, la UE deberá proponer soluciones de carácter urgente para las graves perturbaciones existentes en los mercados mundiales agrícolas y en los de los productos de base necesarios para la producción agrícola que la invasión de Ucrania está ocasionando. Los precios se han desbordado y la recuperación económica del sector primario tras la pandemia está al borde del precipicio, en particular en España porque se ha sumado la sequía que estamos sufriendo. Y en los países más vulnerables, especialmente en África, la amenaza de las hambrunas retoma con fuerza por el miedo a un desabastecimiento de cereales esenciales. Por ello, la Unión debe hacer frente a esta vulnerabilidad y abordar de manera conjunta las inmediatas repercusiones en la seguridad alimentaria dentro y fuera de la UE, tomando las medidas necesarias para ayudar a los países más dependientes de las importaciones de trigo y anticipando la respuesta humanitaria a los flujos migratorios que van a llegar.

En cuanto a la cuestión energética, el verdadero plato fuerte de este Consejo, se ha vuelto a poner en evidencia que hay que concretar una verdadera Unión de la Energía con un verdadero mercado interior en el que circulen los productos energéticos y que, a medio y a largo plazo, garantice la seguridad y la diversificación del abastecimiento energético a la luz de la situación actual en Ucrania; cree reservas estratégicas y active compras conjuntas de gas; y acelere el ritmo de instalación de las energías renovables.

Pero a corto plazo eran necesarias, además, medidas urgentes y excepcionales para los países que peor lo están pasando. España y Portugal, al ser una isla energética con alta tasa de renovables pero pocas interconexiones, necesitan medidas temporales que alivien la subida de precios que están sufriendo nuestros ciudadanos y ciudadanas desde hace meses y que la crisis en Ucrania ha agravado.

En la defensa de esta excepcionalidad, el presidente Pedro Sánchez ha protagonizado una intensa gira diplomática en las pasadas semanas para lograr arrancar el acuerdo alcanzado en el pasado Consejo Europeo. Un tratamiento especial de carácter temporal para la Península ibérica que no supone subvenciones al gas ni distorsiona los incentivos para las energías limpias, ni los flujos de electricidad entre países, pero que permite limitar el precio de la energía al poner un precio tope al precio del gas, que está disparado.

Pero estas medidas tardarán todavía unas semanas en materializarse y era necesario dar una respuesta urgente al impacto económico y social de la guerra. Y en esa línea se ha aprobado el Plan de Choque de Respuesta a la Guerra, por el cual se movilizarán 16.000 millones de euros para apoyar el tejido económico y empresarial y proteger a las familias y los trabajadores, especialmente a los más vulnerables. Lo que se traduce en que los ciudadanos cuando vayan a repostar ahorrarán 20 céntimos por litro de combustible repostado y cuando vayan a renovar su alquiler no podrán verse afectados por una subida mayor del 2%. Además, los ciudadanos más vulnerables verán cómo la cuantía del ingreso mínimo vital aumenta un 15% y los empresarios podrán beneficiarse de créditos ICO por 10.000 millones de euros para aliviar el coste de la energía y los combustibles.

Al mismo tiempo, los sectores más afectados como la agricultura, la ganadería y la pesca recibirán un importante paquete de ayudas de 362 y 68 millones de euros respectivamente y el sector del transporte, recibirá una inyección de más de 1.000 millones de euros, a través de la rebaja del combustible y la creación de un fondo de 450 millones de euros en ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros. También, el Gobierno endurecerá el impuesto sobre los llamados beneficios caídos del cielo, que reciben las empresas eléctricas por los altos precios del gas, para que se puedan utilizar para bajar la factura de la luz amortiguar los precios récord de la energía.

Por último, la agresión rusa ha puesto evidencia que la construcción de una verdadera política europea de defensa sigue siendo una asignatura pendiente porque, más más allá de la integridad territorial y la libertad en Ucrania, lo que está en juego también es la democracia en el mundo y, especialmente, en Europa. La Unión debe poner cuanto antes en marcha el desarrollo de la llamada “Brújula Estratégica”, el plan de defensa elaborado por el Alto Representante, Josep Borrell, para los próximos diez años que busca convertir a la UE en un proveedor de seguridad más fuerte y más capaz.

Aunque la deriva autoritaria de Putin no es nueva y nunca ha aceptado el colapso de la URSS, el ataque premeditado y sin previo aviso nos ha pillado con el paso cambiado. Pero, al contrario de lo que perseguía el dirigente ruso, ha provocado una revitalización en tiempo récord de la relación trasatlántica y de la cooperación UE-OTAN.

Finalmente, Europa ha tomado conciencia de que debe responsabilizarse de su propia seguridad para actuar con mayor rapidez y contundencia ante las crisis y proteger mejor a sus ciudadanos, así como para contribuir a la seguridad transatlántica y mundial. Y que esto conlleva, necesariamente, una mayor inversión en capacidades de defensa y tecnologías innovadoras con el fin de garantizar la seguridad de nuestras infraestructuras críticas y reforzar la ciberresiliencia y los medios para luchar contra la desinformación.

Ahora queda la etapa más complicada porque la vía militar es obviamente un callejón peligroso y sin salida. Debemos demostrar nuestra firmeza y fuerza para plantar cara a Putin al tiempo que trabajamos a nivel diplomático para lograr una salida viable para él sin poner en peligro la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Solo una solución diplomática negociada podrá evitar que nos veamos involucrados en una guerra nuclear.

Confiamos que la historia acabará repitiéndose y la democracia vencerá a la autocracia.