¿Cómo erosiona la democracia la reducción de diputados que proponen Ayuso y Vox?

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y su socio parlamentarios Vox han registrado una propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía con el objetivo de reducir de 136 a 91 los escaños de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Un recorte que ambas formaciones habían acordado con anterioridad y que se pretende excusar en el gasto. El planteamiento de ambas formaciones del bloque de la derecha esconde una eliminación parcial de los representantes en un momento de un nuevo auge de la desafección política y deslegitimación de las instituciones.

Este tipo de propuestas, por lo general, suelen ser recibidas con simpatía por una parte de la ciudadanía que muestra un malestar creciente con la política y los partidos en su conjunto, más aún, en un momento de incertidumbre económica como el actual. No es una situación novedosa, puesto que el descrédito de las democracias representativas desde la Gran Recesión de 2008 ha propiciado el número de propuestas en este sentido.

En países de nuestro entorno son numerosos los ejemplos, desde la reforma llevada a cabo en Italia en 2020 —se han reducido 345 congresistas y senadores de cara a 2023— o Hungría en 2015, hasta propuestas lanzadas por diferentes actores en Francia, Alemania o Chile que aspiraban a modificaciones electorales de corte similar.

En el caso de España, el PP de Castilla-La Mancha, bajo la Presidencia Autonómica de María Dolores de Cospedal, redujo de 49 a 33 los diputados del Parlamento castellano-manchego en una reforma que salió adelante con los votos en solitario de los populares. Otra reducción de este tipo se produjo en Cantabria, donde se pasó de 39 a 35 escaños. Precisamente, en la misma línea de propuestas demagógicas se encuentran las pretensiones de eliminar sueldos a los parlamentarios —esto también fue una pretensión de Cospedal durante su Presidencia— a las que en ocasiones asistimos.

Repasados los antecedentes, el contexto de aquellas reformas vuelve a surgir ahora. La propuesta de Ayuso y Vox no es otra cosa que una propuesta demagógica que cabalga la ola populista a la que asistimos, aprovechando el marco de los efectos económicos de la pandemia de la Covid y la guerra en Ucrania. Como ya se ha apuntado, estamos ante un intento de recortar representatividad utilizando como frame el gasto público. Si el factor económico fuese el relevante, la atención giraría en torno a los propios sueldos de muchos cargos político —por ejemplo, la presidenta Ayuso tiene un sueldo superior al del presidente del Gobierno— o el número de asesores.

La Asamblea de Madrid es la única de ámbito autonómico, junto a la de Castilla y León, que cuenta con un número variable de representantes en función de la población —en las últimas elecciones de 2021 se pasó de 132 a 136—. Además, cuenta con una barrera electoral del 5% que deja fuera del reparto a las formaciones que no superen este porcentaje —como le pasó a Ciudadanos en la última cita electoral—. A ambas cuestiones, se suma un sistema electoral con una única circunscripción, lo cual es relevante a efectos de proporcionalidad, ya que el recorte de escaños propuesto no afectaría en este sentido.

La principal consecuencia de reducir los diputados y, por lo tanto, los grupos parlamentarios de los diferentes signos políticos, es que se reduce la capacidad de los políticos para repartirse la carga de trabajo. Esto afecta en mayor medida a los partidos de la oposición que cuentan con menos recursos que los del Gobierno. De forma especial, destaca la relacionada con los canales de comunicación entre los representantes y los representados con el fin de canalizar demandas, intereses o intercambios de opinión que, en esencia, reflejan el concepto de representatividad.

En cualquier caso, estamos ante una propuesta meramente propagandística —por mucho que sea revestida de actitud ejemplarizante por las dificultades económicas—. El argumento utilizado por sus impulsores es claramente de signo populista en el que se apela a una élite —la política— a realizar sacrificios que simbolicen austeridad. Para lo que sí servirá la propuesta de reforma estatutaria será para atacar a la oposición de izquierdas, que rechaza la medida y que sin su apoyo no saldrá adelante —requiere de los votos a favor de parte de la izquierda se necesitan trece votos más la suma de PP y Vox—, con el fin de acentuar el relato neoliberal de derroche económico que se atribuye a las formaciones progresistas.