En defensa de la solidaridad entre los jóvenes y los mayores (y de la verdad)

Una de las cosas más ruines a las que estamos últimamente asistiendo en España es el intento de crear artificialmente un enfrentamiento de los jóvenes con los mayores. Ambos son con seguridad los grupos de edad de la población con más claros rasgos de dependencia y de dificultades en el desarrollo de sus expectativas vitales, por más diferentes que estas sean. Ambos están estrechamente conectados a través de sus relaciones familiares. Y estas se han construido a lo largo de la historia a través de una profunda solidaridad entre generaciones que está en la base ancestral de la evolución humana. Los hijos reciben de sus padres y abuelos todo lo que estos tienen en lo material y en lo inmaterial (la educación, sobre todo, como aspecto crucial para su trayectoria y sus oportunidades), y contarán con todo ello hasta que tengan sus propios hijos… y aún después. Los hijos aseguran, por su lado, el bienestar de sus mayores en la vejez. Aunque la invención de las pensiones públicas, uno de los grandes avances sociales de la humanidad, haya mitigado considerablemente la histórica carga de la dependencia de los mayores respecto a los hijos para su supervivencia, es evidente que el envejecimiento requiere de múltiples cuidados relacionales y emocionales y materiales. Unos y otros, por tanto, se dan apoyo y ayuda según las necesidades en distintos momentos de la vida. Eso es tan evidente, que resulta contra natura, contra el orden natural de las cosas, tratar de contraponer las necesidades de unos, frente o contra las de los otros, como se está intentando.

Pero tan falso y manipulador como ese intento de generar antagonismos entre mayores y jóvenes, son los argumentos que se están utilizando. Y a ello quiero dedicar la parte mayor de estas líneas.

Las pensiones, por primer año, se van a revalorizar de acuerdo con una ley que ha recuperado como regla el mantenimiento permanente del poder adquisitivo, que suprimió el PP con su reforma de pensiones a partir de 2013. Hay una ley y hay un principio (recogido incluso en la Constitución): las pensiones no deben depreciarse (“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”). Lo primero y fundamental porque los pensionistas, a diferencia de la mayoría de los restantes grupos sociales, no dispondrán nunca más de la capacidad para recuperar esas pérdidas a lo largo del resto de su vida, porque ya no desarrollan una actividad productiva que se lo permita. Están sujetos, atados, y dependen de que las pensiones obtenidas se mantengan en términos reales hasta el final. Lo contrario, lo que hizo la reforma de 2013, ahora suprimida, era condenar a los pensionistas a la caída progresiva y permanente de su nivel de vida entre un 30 y 40% a lo largo de los años. Pocos casos hay tan inicuos como aumentar la pobreza de las personas, que no tienen como defenderse de ella, a medida que se van haciendo más ancianas.

Pero, en este primer año de restablecimiento de la justicia que supone el mantenimiento real de las cuantías de las pensiones, ya se pone en cuestión tanto el cumplimiento de la ley como el principio en el que esta se fundamenta. Y se pone en cuestión precisamente por aquellos que establecieron en 2013 la regla de que las pensiones debían perder de forma permanente su poder adquisitivo. El pretexto –porque no es otra cosa- ahora es que la inflación ha subido mucho y que mantener el poder adquisitivo es un coste enorme que, supuesta y arteramente, impide que se puedan realizar políticas más favorables a los jóvenes.

Pero, lo que los mayores perciben a través de las pensiones no resta ni un ápice de las políticas que se desarrollen para cubrir las necesidades los jóvenes. Porque los crecimientos de las pensiones (la revalorización con el IPC, por ejemplo) se pagan con contribuciones finalistas (cotizaciones sociales) que no pueden ser transferidas a la financiación de otras políticas (es falso que la subida de las pensiones se vaya a pagar con recursos distintos de las cotizaciones), mientras las otras lo hacen con impuestos. De tal forma que si las cotizaciones, como sucede en este momento, son suficientes para pagar la revalorización de las pensiones no se resta ni un euro de los recursos públicos para otras políticas, tanto las que pudieran dirigirse a los jóvenes como cualquiera de las demás.

Se está tratando de meter (con mala intención) en un mismo saco cosas dispares. Y aclaremos que lo que el Estado ha puesto en nuevas transferencias a la Seguridad Social no es un apaño ni un regalo a los pensionistas, sino todo lo contrario: es liberar a estos y a los cotizantes de que sigan soportando el abuso de tener que financiar durante años y años gastos que siempre debieron corresponder al Estado. Luego no se está "quitando" nada a las políticas de los jóvenes, que -como digo- deben financiarse con impuestos. Y son los impuestos, especialmente los que pagan las rentas más altas, las grandes empresas y las rentas de capital, los que están bajos (aunque por cierto también en realidad las cotizaciones sociales).

Pongamos algo de luz en el asunto: el enfrentamiento real, el que se quiere ocultar, es entre disponer de más recursos -y voluntad política- para las políticas dirigidas a los jóvenes y negarse a que los impuestos recauden lo que deben (es decir, un enfrentamiento entre ricos y jóvenes), y por lo tanto entre opciones fiscales contrapuestas. Hay que recordar una vez más que, si nuestra recaudación fiscal alcanzara el nivel de los países de la zona euro, los recursos públicos (anuales) aumentarían por encima de los 60.000 millones de euros. ¡Cuántas políticas para los jóvenes se podrían realizar con ese dinero!

Por otro lado, siguiendo con lo de poner luz ante tantos argumentos oscuros. ¿Cuál es ese grave problema que se dice que tienen las pensiones en España? Si en realidad lo que se está haciendo con las reformas que estamos adoptando es que las pensiones se paguen con más y mejores y más justas cotizaciones de los que serán luego pensionistas, cerrando los agujeros de los ingresos del sistema de Seguridad Social, que se concentran en las rentas más altas (autónomos de elevados ingresos y altos salarios por los que las empresas no cotizan), ¿dónde está el problema, y qué se les está quitando a otros? Nada. Ni a los jóvenes ni a nadie.

Y, finalmente, muchas de las medidas que se están adoptando beneficiarán –además- sobre todo a los actuales jóvenes. Primero, asegurando que reciban pensiones públicas como las de sus padres y sus abuelos. Y segundo, suprimiendo los importantes recortes que les habían establecido sobre todo a los actuales jóvenes en sus pensiones futuras. Como pasaba con el suprimido factor de sostenibilidad (nuevamente de la reforma del PP de 2013), que imponía recortes mayores en las pensiones futuras a medida que los actuales y futuros jóvenes fueran llegando a su jubilación. Suprimir esa iniquidad, establecida por los mismos que hoy pretenden enfrentar a los jóvenes con los pensionistas, ¿no es pensar en los jóvenes?

Siguiendo con lo poner luz en el asunto, esos recortes se imponían al mismo tiempo que se mantenían los privilegios de los que más tienen (tanto autónomos de altos ingresos como salarios elevados, por los que no cotizan las empresas). Porque también en el terreno interno del sistema de pensiones (aparte del asunto de fondo de la falta de redistribución suficiente del sistema fiscal y de sus recursos limitados: esos 60.000 millones de euros anuales que nos faltan a día de hoy para alcanzar los que tienen los países de la zona euro), el enfrentamiento, pues, no es entre viejos y jóvenes, sino entre los más favorecidos y los menos.