La Constitución inservible y el Gobierno de coalición

El 6 de diciembre, se conmemorará el 46 aniversario de la Constitución española. Aunque los políticos de turno saldrán a resaltar su vigencia y vitalidad, es más realista admitir que los sucesos de la última década han convertido este documento en una Constitución inservible. Hoy, la Constitución no es útil para garantizar un ejercicio eficaz de los poderes públicos. En este contexto, la apuesta de Sumar por el gobierno de coalición como funcional para democratizar la sociedad mediante cambios progresivos, se ha invertido y transformado en una estrategia que, en la práctica, solo conduce a la marginalización del espacio político a la izquierda del PSOE y el avance de tendencias autoritarias. Explico esta tesis.

Una Constitución es el supuesto y el instrumento del hacer político y, por tanto, uno de sus objetivos es organizar los poderes públicos en orden a hacer del Estado una unidad eficaz de poder y de implementación de políticas. Eficaz no quiere decir en favor de las mayorías, sino simplemente útil para cumplir los objetivos políticos del partido que gobierna. Las políticas se realizan con arreglo a fines.

El régimen constitucional del 78 fue diseñado para generar estabilidad y eficacia en estrecha correlación con un modelo bipartidista. No es la Constitución la que crea el bipartidismo, sino el bipartidismo el que crea la Constitución de 1978. Esta no es una normatividad abstracta, sino que fue la estructura normativa concreta de una realidad política y social en la que la sistematización de un sistema de relaciones de poder bipartidista fue considerada como la mejor opción para un reparto del poder entre los principales actores de la transición, así como para asegurar la gobernabilidad y reproducción estable del régimen del 78. El objetivo a conseguir actuó como condicionante de un diseño constitucional pensado para ser eficaz en el interior de un sistema de funcionamiento bipartidista. Y de hecho, este fue un modelo que operó exitosamente para el régimen y sus agentes hasta 2015.

A partir de entonces, el 15-M, el Procés y las tecnologías de la información y la comunicación, han roto la lógica bipartidista. Las revueltas, aunque puedan fracasar en la historia corta, a menudo provocan cambios en la historia larga que emergen lentamente con el tiempo y alteran las dinámicas políticas y sociales de un país. La Constitución del 78 representa una sistematización de un determinado tipo de relaciones de poder político que ya no existe.

El 15-M implicó un cambio cuantitativo en el sistema de partidos. El viejo modelo con únicamente dos grandes partidos de Estado y donde los otros pequeños partidos estatales tenían nula capacidad de presión sobre el Gobierno, es sustituido ahora por uno de nuevo donde aparecen nuevas fuerzas políticas intermedias necesarias para gobernar. El Procés implica un cambio cualitativo que hace que los partidos catalanes, vascos y gallegos que han de ejercer de bisagra en España, ya no sean nacionalistas conservadores de orden preocupados por garantizar la estabilidad del Estado (CiU y PNV), sino fuerzas soberanistas cuya naturaleza ha mutado de leales socios en la gobernabilidad a la de partidos extractivistas que negocian para cada apoyo puntual contrapartidas que mostrar como trofeo en su territorio. Y, en cuanto a las TIC, el poder de las redes sociales y la indiferencia de los ciudadanos ante toda forma de participación política que no sea la que ofrecen las comunidades digitales, permite la aparición de nuevos líderes y partidos sin estructura territorial ninguna que consiguen representación parlamentaria distorsionando aún más el juego de mayorías y minorías.

Este nuevo escenario político, que ha llegado para quedarse, ha generado un desfase entre diseño constitucional y realidad político-social que impide ejercer con normalidad las funciones fundamentales del Estado: la ejecutiva, la legislativa y la judicial.

La imposibilidad de gobernar en solitario y la necesidad de Ejecutivos de coalición dificulta la propia tramitación de proyectos de ley que reciben resistencias dentro de la coalición de gobierno. La dificultad de crear mayorías parlamentarias convierte el poder legislativo en lento, sin capacidad de acción e ineficiente para hacer funcionar el vínculo legislativo entre el mecanismo de recepción de demandas ciudadanas y el mecanismo de emisión de soluciones a las primeras. Y en lo que respecta al poder judicial, el incremento de las interdependencias parlamentarias que otorga mayor capacidad de presión a los partidos intermedios, ha agudizado, hasta límites extremos, el activismo de jueces y tribunales conservadores que obstaculizan la aplicación de leyes aprobadas y rompen la relación directa entre acción gubernativa y resultados.

Todo esto convierte al sistema político-constitucional en inservible, ya que, independientemente de si detenta la presidencia del gobierno el PSOE o el PP, hoy es incapaz de garantizar un ejercicio eficaz de los poderes públicos. Y si consideramos que una de las principales necesidades de las personas en sociedad es la de ser gobernados, de ser bien gobernados si tienen suerte, pero sea como fuera, de ser gobernados, cuando no reciben tal gobernanza, la consecuencia es la frustración y desafección hacia los espacios y actores tradicionales de la política. El Estado cobra existencia y sentido mediante sus funciones y cuando estas dejan de operar pierde su razón de ser, lo que se refleja en una clara crisis constitucional y en hastío ciudadano.

En este contexto de Constitución inservible, la izquierda puede ocupar dos posiciones con consecuencias distintas. Una es seguir posicionándose como un partido de gobierno subordinado al PSOE dentro de un sistema constitucional ineficaz que no permite hacer política. Ello la arrincona a la marginalidad electoral y despeja el campo a la extrema derecha que capitaliza la insatisfacción de las masas, cansadas de un sistema institucional disfuncional al que la primera está asimilado. La otra es salir del gobierno para configurar un nuevo proyecto político plural y de base popular, capaz de canalizar la frustración social mediante la movilización ciudadana en torno a un discurso centrado en los derechos sociales y el proceso constituyente, cerrando así el potencial campo de expansión de la extrema derecha entre las clases populares.

Es por todo ello que, como afirmaba al inicio, en el presente contexto de Constitución inservible, la estrategia de Sumar de optar por gobiernos de coalición no sirve para democratizar el país adaptando las leyes a las demandas populares, sino que, a la inversa, es una estrategia que solo puede conducir a la marginalización del espacio político a la izquierda del PSOE y al avance de los neofascimos.