Coincidencias en el calendario

Ayer se cumplieron tres años, 1096 días, desde que expiró el mandato del Consejo General del Poder Judicial y mañana, celebraremos el 43 cumpleaños de nuestra Constitución. Y esta coincidencia en el calendario no nos debe pasar desapercibida.

Cuando mañana, día 6, hablemos de la importancia de nuestro texto constitucional como elemento fundador de la democracia plena que ahora disfrutamos y como fundador también del Estado Social que nos ha amparado y nos ha protegido en momentos tan difíciles como los que llevamos viviendo desde marzo de 2020, quizá sea el momento de preguntarse cuánto de verdad hay en las declaraciones de algunos y cuánto contribuyen esos algunos al fortalecimiento de las instituciones y al vigor y a la salud de nuestro Estado de Derecho.

Si algo nos han subrayado siempre a los que hemos crecido y vivido con nuestra actual Constitución es su diferente punto de partida con respecto a experiencias constitucionales anteriores que habían estado condenadas al fracaso porque habían sido textos de parte. En 1978, por el contrario, se llegó al acuerdo trascendental de que no respondiera al ideario de ninguno de los partidos constituyentes, sino que naciera como base abierta y amplia que permitiera el juego de diferentes opciones ideológicas. Para alcanzar ese resultado final se utilizó un método poco frecuente, por desgracia, en nuestra historia. Se utilizó el diálogo, el acuerdo, la transacción. Nadie venció para que todos ganáramos.

A los que hemos venido después se nos exige su actualización y también su cuidado y respeto para que la fortaleza institucional y la confianza ciudadana en las bases de la convivencia sigan intactas y plenas.

La confianza en las instituciones públicas es la infraestructura sobre la que se asientan todos los proyectos y logros en colectividad. Uno vende una casa sin ver un billete porque confía en la eficacia de los asientos registrales, en las anotaciones bancarias en cuenta corriente, en el respeto a los contratos firmados. Y uno es libre y defiende sus derechos cuando sabe que su vigencia y respeto serán impuestos sin fisura por aquellos a los que les hemos confiado la resolución de los conflictos, porque siempre hay que tener presente que es una atribución pactada en base a la confianza en la rectitud de su desempeño.

Pero la confianza es un elemento frágil, de difícil combinación con las maniobras, la especulación y la estrategia de jugador de ventaja. El intento del Partido Popular de secuestrar instituciones e impedir los mandatos constitucionales de renovación recogidos en el artículo 122, son actitudes que debilitan la democracia y la confianza de la ciudadanía en organismos que deben ser sólidos y prestar su servicio al margen de las estrategias de partido.

Se utilizan, además, argumentos que están fuera de la lógica democrática al exigir cambiar las reglas del juego, estando vigente su obligación de renovación; cuestión esta que ya fue sancionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No hace falta recordar el precio que pagamos todos los españoles cuando, tras ganar las elecciones en 2011, el Partido Popular llegó al poder y cambió la denominación y organización de los órganos reguladores, con el único propósito expresado en la sentencia de no respetar los nombramientos y la composición de dichos órganos y forzar la conformación de otros a su gusto y exigencias. Este cambiar las reglas cuando creemos que no nos convienen ya sabemos que es ilegal y antidemocrático.

Pero, además de estos argumentos de rectitud y de respeto a los mandatos constitucionales, tenemos que advertir desde una perspectiva más funcional y práctica, sobre las consecuencias graves que esta sinrazón puede acarrear al servicio público de justicia. Un servicio que ha sufrido retrasos como consecuencia de la pandemia y que puede verse agravado con la paralización de nombramientos y de cobertura de vacantes que conlleva la paralización y la no renovación de su órgano de gobierno. Si la situación actual se dilata, podría generarse un colapso en el Tribunal Superior al no poder cubrir unas 12 vacantes, lo que viene a implicar unas 1000 sentencias menos. A 31 de diciembre, para todo el conjunto de los órganos constitucionales se estima que el total de plazas sin nombrar ascendería a 57.

En un momento de crecimiento económico, de transformación y cambio, es más necesario que nunca contar con las instituciones que nos ofrecen certezas y seguridad jurídica. El retraso en su renovación por un capricho obstruccionista es un lujo que los españoles no nos podemos permitir.

Por todos estos argumentos y por la propia convicción en la vigencia y en la capacidad transformadora de la Constitución, es necesario llamar a todos al respeto de su texto y también de su espíritu. Pidamos a los responsables del Partido Popular que además de palabras, añadan hechos y actitudes y que acompañen a sus vivas a la Constitución del respeto a sus mandatos, sentándose a acordar lo que fortalece a nuestro país. Tal y como nos decía nuestro querido Francisco Tomás y Valiente, tratemos todos de conseguir que en nuestro sistema impere “la confianza, la constante voluntad de entendimiento y la global lealtad constitucional que es lealtad a una Constitución que es de todos y todas”.