1 de mayo: defender la democracia y las condiciones de vida de la mayoría social

La semana previa al Primero de Mayo conocemos datos inquietantes pero que conviene analizar relacionándolos entre sí. La inflación adelantada nos dice que los precios subieron un 8,4% desde el mes de abril de 2021 al de este año. Nos dice también que la inflación subyacente (que excluye en su cálculo los precios energéticos y los alimentos sin elaborar) ha escalado hasta el 4,4%.

Hace poco CCOO demandaba una prestación social para las más de 9,5 millones de personas cuyos ingresos reales son salarios de 1000 euros o menos, personas desempleadas o perceptoras de pensiones no contributivas y con complementos a mínimos. Este nivel de precios tiene como consecuencia que esa cantidad de ciudadanos/as no puedan asumir el coste de la cesta básica de la compra.

El pasado viernes la vicepresidenta Calviño corregía las previsiones económicas para España. La economía ha crecido un escaso 0,3% en el primer trimestre. Uno de los principales factores de la intensa ralentización económica era la caída del consumo de los hogares, que ha disminuido un 3,7%.

Los datos macroeconómicos tienden a ofrecer magnitudes en abstracto. Sin sujeto, verbo y predicado. Lo que indican los datos de inflación es que los precios suben. Es decir, que las empresas están repercutiendo el incremento de costes a los precios al consumo de bienes y servicios que pagamos la ciudadanía y la clase trabajadora.

Si los precios que paga la gente por los bienes y servicios se incrementan y las rentas de la mayoría social se congelan, disminuye el consumo de los hogares, se ralentiza la economía y la creación de empleo, agravándose un círculo vicioso.

Ante esta realidad, hemos planteado nuestras ideas fuerza para este Primero de Mayo: queremos incrementar los salarios, queremos contener los precios, queremos impulsar políticas de igualdad.

En España contamos con un marco de negociación que llamamos AENC. Es el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, donde las organizaciones sindicales y empresariales pactamos las orientaciones que nos comprometemos a llevar a las mesas de negociación de los convenios colectivos. Si estos acuerdos se trasladan a tales mesas, estamos hablando de la regulación de las condiciones de trabajo de muchos millones de personas.

Ante la dificultad de negociar con estos precios disparados, CCOO y UGT hemos planteado la conveniencia de recuperar en los convenios las cláusulas de revisión y garantía salarial. Lo hacemos porque la crisis de precios, agravada por la invasión de Ucrania, y el encarecimiento de la energía y otros productos básicos, no pueden recaer exclusivamente sobre los salarios.

La CEOE se ha negado a pactar estas cláusulas. En este contexto, los sindicatos vamos a compartir una estrategia para la negociación de los convenios, tensionando dichas negociaciones. No podemos asumir con resignación un escenario en el que en la segunda parte del año se contengan los precios energéticos y se modere la inflación, lo que supondrá una reducción de los costes intermedios para las empresas que, sin embargo, no lleve aparejada una reducción proporcional de precios al consumo, mientras los salarios aparecen congelados por el bloqueo patronal.

Instaremos a las comisiones negociadoras del sindicato a mantener una actitud exigente, que obviamente estará ligada a la correlación de fuerzas en cada convenio, en cada empresa y en cada sector. Hay un riesgo evidente de que se incrementen las desigualdades salariales en España y vamos a tratar de evitarlo. La negociación colectiva será clave.

Junto a los salarios, la contención de precios es fundamental. El "acuerdo ibérico" para topar el precio del gas en su entrada al mix energético puede ser una medida que dé resultados al modificar el disparatado método de conformación de precios, que otorga beneficios caídos del cielo a las empresas eléctricas mientras encarece buena parte de las facturas de la luz en nuestro país.

Este mensaje sobre la deriva que puede emprender la negociación colectiva no transforma la idea que lleva expresando el sindicato desde hace tiempo. La complejidad de la crisis, las transformaciones y reformas pendientes bien merecerían acuerdos sociales e incluso políticos e interinstitucionales amplios. Que en este momento no parezcan cercanos no obvia para que reiteremos su demanda.

Pero además queremos incidir en las políticas de igualdad. De forma singular en la igualdad laboral y social entre mujeres y hombres, pero con una perspectiva más amplia de impulsar políticas que cohesionen y "cosan" la sociedad.

Hay una creciente perplejidad ante la irrupción de opciones políticas reaccionarias que cuentan con el favor de una parte de las personas objetivamente más perjudicadas por las propuestas de estos reaccionarios. España es el ejemplo más claro de una ultraderecha que pide el voto a los trabajadores mientras vota en contra de la subida del SMI, de la revalorización de las pensiones, de la reforma laboral que estabilizará los contratos de centenares de miles o millones de personas, que busca dejar de pagar impuestos para arruinar los servicios de atención sanitaria primaria y las escuelas públicas como paso previo a su privatización y expolio…

Sin duda, esta es una dinámica compleja. No en vano afecta a países y continentes distintos, con lo cual no sirven caracterizaciones simples. Pero desde el plano socioeconómico y laboral se debe plantear alguna reflexión. Nuestra sociedad está siendo atravesada por múltiples situaciones de exclusión y precariedad laboral, pérdida de expectativas vitales en amplias capas de población, inseguridades e incertidumbres ante las profundas transformaciones económicas y sociales que se suceden de manera acumulativa y a gran velocidad. Existen territorios –o zonas en casi todos los territorios– que se perciben como agraviados y alejados de los circuitos de modernización.

En este contexto, hay una internacional reaccionaria que trata de ofrecer a la sociedad puertos seguros en mares crispados ante los que hay la sensación de no contar con mapas fiables. Da igual que para ofertar esos puertos utilicen viejas certezas, dotándolas de una caracterización reaccionaria, atrasista y opresora. Determinada forma limitada de entender la patria, los arcaicos roles de género, cuando millones de hombres se encuentran desarbolados ante el proceso de empoderamiento femenino y feminista, la homogeneidad racial y sexual y la política de señalamiento del diferente o del "amenazante" o la seguridad autoritaria en personas lanceadas a diario por una supuesta inseguridad ciudadana (con "okupaciones" por doquier, pese a vivir en uno de los países más seguros del mundo y en el momento de mayor seguridad de la historia), nos conducirían a una sociedad odiosa, pero no quiere decir que esa distopía no sea posible. El neofascismo se ha normalizado en España y en otros países.

Ante esta realidad, no cabe remitirse solo al discurso del miedo a los ultras. Hay que generar alternativas ilusionantes de vida mejor, de certidumbres, de pedagogía y de batalla por las ideas. Y hay que hacerlo desde sociedades vertebradas. El nacional-populismo de extrema derecha del siglo XXI no desfila militarmente tomando Roma, sino que se ancla mucho más en la fragmentación e individualismo que impulsaron las décadas neoliberales; en la privacidad del comportamiento y la información, donde el bulo, la mentira, la calumnia, hacen fortuna en individuos sin construcciones políticas fuertes.

La extrema derecha odia al sindicalismo de clase porque es la única estructura real que combina capacidad de generar normas y códigos (producto de nuestro anclaje constitucional y del sistema de relaciones laborales que emana de nuestra legislación) con la capacidad de hacerlo mediante la organización real de la gente. La organización colectiva de las personas trabajadoras como sujetos empoderados en la mejora de los derechos laborales –eso es el sindicato–, las condiciones de vida dignas, la protección social, los servicios públicos (que crean conciencia pública, en palabras de Luis García Montero) son bases materiales y de conciencia, necesarias para defender la democracia y la dignidad de la vida de las mayorías sociales.

Hoy CCOO es la organización de mayor dimensión de nuestro país. Con casi un millón de personas afiliadas que sostienen su sindicato, más de 90.000 representantes de sus compañeras/os elegidos democráticamente en los centros de trabajo, y un nivel de autofinanciación por encima del 85% de los presupuestos que tenemos anualmente.