El PP, Vox y el derecho al aborto. Teoría y práctica

El escenario de la actual polémica sobre el aborto

El 14 de febrero de 2023 fue un día de inflación informativa debido a las palabras del líder del PP: “la ley de plazos en el aborto es correcta”. Se abrieron las cajas de los truenos en el interior del primer partido de la oposición, azuzado por jerarcas de la Iglesia católica. La portavoz del Congreso de los Diputados balbuceaba ante la pregunta del periodista de si era un derecho el aborto: “el aborto no… es una tragedia para las mujeres”. El mismo Feijóo ante esta pregunta respondió: “permítame que no le responda ahora. Lo haré mañana tras una reunión a la que tengo que asistir”.

Uno de los históricos del PP, Mayor Oreja, respondía: “el aborto nunca formará parte de los derechos fundamentales de Europa”. Y una legión de un tercio de los militantes del PP callaron, pero según las encuestas consideran que el aborto no es un derecho. Finalmente Feijóo ha dicho: “el aborto es un derecho, pero no un derecho fundamental recogido en el Convenio de los Derechos Humanos”, y después matizando: “el aborto es un derecho que tiene la mujer de acuerdo con la ley de su país y fuera de esa ley no puede producirse”. Relativiza, pues, este derecho: es para las mujeres y únicamente en los países que lo establezcan. Los titubeos de Feijóo se explican porque teme que un sector de los militantes-votantes del PP voten a Vox en las próximas elecciones, ya que este partido muestra una postura inflexible contra el aborto.

Por su parte, como tiburones ante el reclamo de la sangre, los de Vox aprovecharon para infligir al PP una mordida en sus votantes, registrando el 14 de febrero en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con una triple finalidad: la derogación de la ley del aborto. El empleo de políticas públicas de apoyo a las mujeres embarazadas y el traslado a todo el territorio español del protocolo de presión contra las embarazadas intentado sin éxito en la Comunidad autónoma de Castilla-León: audición del latido del feto, ecografías y asistencia psicológica. La ironía sobre la actitud del PP del portavoz parlamentario de Vox lo dice todo: “Recurren, lo pierden y se alegran. Insólito”.

La teoría de las relaciones derecho-moral en el Estado democrático

Es conveniente en este complejo campo y en sede definitoria señalar previamente la definición de los conceptos empleados para evitar confusión al lector/a. Se usan indistintamente ambas denominaciones: ética social y ética pública; prefiero utilizar la expresión ética pública, cuando trato las relaciones del derecho y la ética. También se emplean indistintamente ética y moral. Con propiedad la ética es el estudio o ciencia social de la moral, objeto de la ética. Ética pública es el conjunto de valores morales predominantes en una sociedad concreta. Ética individual es el elenco de valores morales de una persona derivados de su propia conciencia, que pueden formar parte de la ética pública o mantenerse al margen de la misma o incluso ir contra ella.

Estamos sumergidos en numerosas normas de conducta, tantas que ni siquiera nos damos cuenta: norma teológica (para los creyentes), norma jurídica, usos sociales, norma moral, simples hábitos… En esta pluralidad de normas de conducta destacan los problemas ocasionados por las relaciones entre el derecho y la ética individual, que pueden ser complementarios o antagónicos, en las que voy a centrarme como marco teórico de la polémica suscitada dentro del PP y Vox, cuyos hechos he referido. Por descontado que los contrastes se dan también entre otras normas de comportamiento, como la norma teológica y la norma jurídica. Se ha reiterado el ejemplo del testigo de Jehová, que atiende a su religión y se niega a la transfusión de sangre necesaria para la vida de su hijo.

El derecho en un Estado democrático como el nuestro presenta ante la colisión derecho-ética individual dos posiciones en el campo de las materias fronterizas entre el derecho y la moral, donde no se sabe bien hasta qué punto deben ser reguladas por la norma del Estado o la propia norma de la conciencia individual, como es el caso del aborto: a) establecer vías de escape sustitutorias en los casos de colisión de la norma jurídica con la norma ética individual, derivada de la propia conciencia, y b) integrar en la materia regulada por la norma jurídica la ética pública.

Respecto al primer punto, la norma jurídica debe respetar lo máximo posible la ética individual, estableciendo cauces legales para evitar el conflicto entre norma jurídica y conciencia moral, como es el derecho de la objeción de conciencia, que supone la sustitución de la obligación legal por otra alternativa permitida por la conciencia del objetor (caso de la objeción de conciencia al servicio militar, cuando era éste obligatorio, o de la fórmula del juramento en las instituciones públicas) o el reemplazo de una persona objetante por otra para llevar a cabo una acción (caso de la objeción del médico a la práctica del aborto o de la eutanasia). Ahora bien, las personas tienen que ser conscientes de que no todas las normas jurídicas pueden ser objetadas por razón de su imposibilidad fáctica, y que la objeción debe ser mantenida cuando les afecte a ellas directamente y no a terceros.

En relación con el segundo punto, la norma jurídica debe ser expresión de la ética pública o valores morales asumidos por la mayoría social. Es claro que no es posible la unanimidad en la profesión de valores morales por una determinada sociedad. El sentido y alcance de las normas jurídicas del Estado deben confluir con el sentido y alcance de la aceptación o reprobación social de las conductas. La sanción punitiva del Estado debe ser consonante con la reprobación de la sociedad. Evidentemente esta sintonía tiene que producirse en las normas jurídicas socialmente más sensibles, como son las normas del derecho penal. En este campo del derecho difícilmente la correspondencia puede alcanzar el cien por cien y suele estar en porcentajes mínimos en los regímenes políticos dictatoriales. No tenemos que ir lejos para entresacar un ejemplo. En la cercana Dictadura franquista se castigaba al homosexual y se facilitaban los delitos económicos. Lo contrario a las exigencias de la ética pública de la sociedad española.

Tras la teoría y la práctica, las actitudes de las personas en relación con el derecho al aborto ofrecen este cuadro: a) concepción negacionista activa: en contra radical e inflexiblemente, utilizando acciones y medios contra el aborto, b) concepción negacionista: en contra, con independencia de lo que exprese el derecho o la ética pública, c) concepción jurídica: a favor porque la ley lo establece como derecho, d) concepción socio-jurídica: a favor porque la ley lo regula, si además coincide con la ética pública, e) concepción iusnaturalista: a favor siempre, aunque la ley no lo establezca. El iusnaturalismo defiende la existencia de una serie de valores, principios y normas fundados en la evidencia racional, que deben ser incorporados al ordenamiento jurídico de cualquier Estado.

La primera posición representa la negación incondicional del derecho al aborto acompañada del uso activo de acciones y medios. La segunda la negación incondicional del derecho al aborto. La tercera y cuarta la aceptación condicionada del derecho al aborto. La quinta la aceptación incondicional del derecho al aborto.

Las posiciones dentro del PP y de Vox sobre el derecho al aborto

Claramente el tema del aborto ha puesto de manifiesto la presencia de dos sectores en el PP: el sector conservador y el sector moderado. No podemos hablar de un tercer sector progresista, porque no existe.

El sector conservador del PP muestra un porcentaje significativo contrario al derecho al aborto: según las encuestas recientes un tercio, un 33%, de los militantes del PP, están en contra del derecho al aborto. Por consiguiente, se sitúan estos militantes en el punto b) indicado, el de los contrarios al derecho al aborto, sin acompañar su negativa de actitudes militantes contra él. No respetan el derecho y tampoco la ética pública. Únicamente su propia ética en una posición abiertamente antidemocrática. Un 33% de militantes del principal partido de la oposición contrario al derecho al aborto es una cifra muy relevante de antidemócratas, que no aceptan el derecho democrático de nuestros representantes de un Estado social y democrático de Derecho (art. 1. 1 de la Constitución) a la hora de establecer el derecho al aborto.

El sector moderado del PP, representado por Feijóo, manifiesta un porcentaje mayor de aceptación del derecho al aborto, dos tercios de los militantes, aunque lo admiten en una dimensión parcial: solo en los Estados que lo establezcan como ley. Reitero las palabras del líder de la oposición más completas sobre el asunto tras sus sucesivas intervenciones aclaratorias al albur de las exigencias de los prebostes conservadores de su partido: “el aborto es un derecho que tiene la mujer de acuerdo con la ley de su país y fuera de esa ley no puede producirse”. La posición de esta ala moderada del PP está bien lejos de defender el derecho al aborto como un derecho universal.

Repare el lector/a que me refiero al derecho al aborto y no al aborto en sí mismo, porque es posible que algunos militantes de este sector moderado no admitan en su conciencia el aborto, y muestren incluso públicamente su opinión contraria a él, pero al mismo tiempo acepten que es un derecho, porque está establecido por las normas del Estado. Seguro que en el PP hay un número relevante de antiabortistas de conciencia, pero respetuoso de la ley de plazos de la norma legal española. Un ejemplo de respeto al derecho y a la democracia.

E igualmente es posible que otros militantes de este mismo sector acepten el derecho al aborto, si está legalmente establecido y además responde a la ética mayoritaria de la ciudadanía. Es la posición de Feijóo, públicamente manifiesta por él: “El sistema de plazos forma parte del consenso de la sociedad española”.

Por lo tanto, en el sector moderado del PP en relación con el derecho al aborto nos encontramos con dos grupos: 1º. Aceptación exclusiva del derecho al aborto, porque es admitido en la ley del Estado, y 2º. Aceptación del derecho al aborto, porque es un derecho legal y además conforme con la ética pública de la sociedad española.

Como resultado, el grupo 1º del sector moderado del PP correspondería al punto c) indicado de las actitudes de las personas respecto al derecho al aborto y el grupo 2º al punto d) de dichas actitudes.

Por otra parte, Vox muestra una posición extrema contra el derecho al aborto por dos razones. Primera, se opone al derecho al aborto sin fisuras e incondicionadamente, una posición más radical que la del sector de los conservadores del PP, antes explicada. Segunda: no son simplemente negacionistas, sino negacionistas activos y combativos, ya que pretenden emplear protocolos y herramientas contra la interrupción del embarazo, que incluso forman parte de la proposición parlamentaria presentada por Vox en el Congreso.

Decíamos antes que un 33% de los militantes del PP se oponen al derecho al aborto. Cifra que aumenta ostensiblemente añadiéndole la de los militantes-votantes de Vox. Por lo tanto, tenemos en España una cifra altísima de votantes que se sitúan fuera del derecho democrático español y no asumen la ley sobre el aborto aprobada por nuestros representantes elegidos por la ciudadanía. Aviso para navegantes en el proceloso mar de la democracia.

Epílogo

De vez en cuando salta a los medios la cuestión de si nuestro sistema político es una democracia plena. Muchos/as se enfadan por la pregunta, ya que dan por hecho que nuestra democracia ocupa un alto puesto en el ranking de la calidad democrática de los países del mundo. Yo les pregunto cómo puede ser plena una democracia en un país, si el principal partido de la oposición reitera que, al llegar al Gobierno, inmediatamente derogará las leyes progresistas del actual Gobierno de coalición, y el segundo partido de la oposición, sin necesidad de gobernar, ya está arrojando fuego y metralla sobre estas mismas leyes.

Alberto Ruiz-Gallardón quiso romper en 2014 la ley de plazos del aborto de 2010, que le costó la dimisión del cargo de ministro de Justicia. Ahora en 2023 Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, pretende estrenar instrumentos coactivos contra la interrupción del embarazo por las mujeres… ¿Qué Gallardín, gallo peleón contra el aborto, nos deparará el futuro?