La política del chantaje

El Frente Polisario ha suspendido su relación con el Gobierno de España después de que Pedro Sánchez continúe la deriva hacia la violación del Derecho Internacional apoyando la invasión ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguran sorprendidos haberse enterado de la decisión por los medios. ¿Qué esperaban si ni siquiera a estas alturas nuestras propias Cortes Generales han recibido del Gobierno la carta oficial que éste envió a Mohamed VI, conociéndola únicamente por una filtración a El País? Este es el estilo de política que impone Sánchez, hipócrita, mientras demanda más diálogo.

El cambio de posicionamiento que ha impuesto Pedro Sánchez a España -pese a la oposición de todo el Congreso- en la cuestión del Sáhara Occidental es algo más que un giro en política exterior; es, en su amplitud, un giro en la política que venía practicando el PSOE, apuntando hacia la política del chantaje de un modo bidireccional.

Al mismo tiempo que Sánchez cede al chantaje que venía ejerciendo Mohamed VI, presionando con la migración y el narcotráfico, y deja a un lado el respeto por los Derechos Humanos y la legalidad internacional, el PSOE ejerce esta misma política sucia con la oposición y con su mismo socio de coalición.

El Frente Polisario lo ha entendido y tras casi medio siglo de diálogo de besugos porque el resto de la Comunidad Internacional, con España a la cabeza, hacía oídos sordos, pasa a una posición de mayor confrontación. Indigna más que sorprende que Sánchez asegure estar abierto al diálogo después de imponer de manera autoritaria este cambio de posicionamiento sin haberlo consultado ni con Unidas Podemos, ni con el resto del Congreso y mucho menos con el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui.

Dado que Sánchez y el PSOE abrazan esa política del chantaje, tanto ejerciéndola como cediendo ante ella, el presidente ha de ser consecuente con las posibles repercusiones que se avecinan. Tiene sobrados motivos para preocuparse el Gobierno y el conjunto de la ciudadanía en lo que al precio de la energía se refiere. Situarse del lado de la ilegalidad internacional, que en resumidas cuentas es lo que hace Sánchez al legitimar al invasor marroquí, hace que las reglas del juego cambien.

No puede esperar Sánchez que Argelia cumpla con los compromisos adquiridos cuando su interlocutor se salta el Derecho Internacional. Retrasos en los plazos, subidas de precios que terminen disparando aún más la inflación o, en el peor de los casos, el corte del suministro del gas son posibilidades que Sánchez tendría que haber contemplado cuando decidió ir en contra de nuestra propia Constitución ignorando lo mandatado por el Congreso.

En cuanto a la ruptura de relaciones con el Frente Polisario, también puede traer consecuencias muy negativas para la economía española o, lo que es lo mismo, para el pueblo español. El Tribunal General de la UE (TGUE) sentenció a favor del Polisario, anulando todos los acuerdos de pesca y comerciales suscritos con Marruecos que afectaran al Sáhara Occidental. La sentencia está recurrida por la Unión Europea (UE), mientras Mohamed VI continúa esquilmando los recursos naturales de la región, pero de rechazarse dicho recurso la UE tendrá que negociar dichos acuerdos con quien ahora se ha echado en contra, esto es, el Frente Polisario, que ha vuelto a comprobar en carnes propias cómo ni con España ni con la UE es posible realizar una política honesta, limpia.

La resolución de ese recurso podría llegar el año que viene, en las proximidades de unas nuevas elecciones generales, salvo que Unidas Podemos ponga remedio. UP ya tiene nociones de qué es la política del chantaje disfrazada de diálogo en la que mejor parece desenvolverse su socio y, en ese sentido y por una cuestión de integridad y honestidad, debería poner encima de la mesa la siguiente disyuntiva ante Sánchez: o rectifica el aval al invasor marroquí o se rompe el gobierno. De otro modo, se verá salpicada por este atropello a la legalidad internacional.