Patricia Fernández: "Sigue habiendo devoluciones en caliente en la valla"

Emilia García Morales (@porcausaorg)

A veces para poder ver el bosque hace falta apartar un árbol. El confinamiento del país durante la crisis del covid19 y la paralización de la economía oculta otras realidades que emergen desde los márgenes de la sociedad. Tradicionalmente invisibilizadas, aquí habitan las personas que migran en situación irregular. Patricia Fernández, abogada de oficio y de la Coordinadora de Barrios, analiza esta realidad de forma clara y directa. Fernández, también conocida como ‘Patuca’, lleva involucrada en la lucha por los derechos de las personas migrantes más de 20 años. Fue una de las abogadas que formó parte de la acusación popular contra el crimen del Tarajal y está especializada en derechos en la infancia. En esta entrevista, explica cómo el estado de alarma hace aún más visibles y flagrantes las debilidades de un sistema de extranjería ineficiente, injusto y saturado, y aborda varias propuestas para paliar los efectos de las políticas antimigratorias.

La semana pasada se anunció el cierre inmediato de todos los CIES, ¿ha sido así?

No, sigue abierto el de Murcia y el de Algeciras, aunque las cuatro personas que quedan en este último están por sustitución de pena. El caso de Murcia es especialmente preocupante porque hay unas 10 personas encerradas que ni siquiera tendrían que ir a centros de acogida, porque tienen una alternativa residencial. Además, las fronteras con sus países están cerradas, por lo que no se podría ejecutar la devolución. No hay fundamentos legales para mantenerlos encerrados.

¿Cuál es la situación de los CETIS?

Muy preocupante. Sobre todo en el CETI de Melilla, que sufre un hacinamiento histórico. Les han cerrado las actividades y no tienen conexión a internet y los niños escolarizados no pueden continuar con su formación. Las personas permanecen todo el día ociosas y la convivencia a medio plazo va a ser invivible. Al inicio de la cuarentena se realizó un traslado a península desde el CETI de Ceuta pero no desde el de Melilla. No entendemos la falta de transparencia ni cuáles son los criterios.

¿Tenéis alguna sospecha del motivo?

Creemos que se debe a que las personas que residen en el CETI de Melilla vienen de países vecinos, como Túnez y Argelia, y que si permanecen allí será más fácil devolverlas tras el estado de alarma. Sin embargo deberían hacerse traslados a la península para descongestionar el CETI. Así, si se dieran nuevas entradas en Melilla estas personas pudieran ser acogidas. Lo mismo se debería hacer con el centro de menores de La Purísima, donde hay unos 900 niños y una capacidad operativa de 150.

¿Y si se diera un contagio en el CETI?

Puede tener efectos devastadores en toda la población de Melilla. Las infraestructuras sanitarias de la ciudad son insuficientes para su propia población. Además, Melilla no considera a los residentes del CETI vecinos de Melilla, no están empadronados y por lo tanto no programan infraestructuras para ellos. Un caso en el CETI puede colapsar la infraestructura de Melilla. Además nos preocupa que se asuma como inevitable un contagio en el centro y lo aíslen por completo.

¿Le consta que se sigan realizando devoluciones en caliente?

En el salto que se produjo a la valla de Melilla el 6 de abril se dieron devoluciones en caliente, pero no nos consta que se estén produciendo actualmente devoluciones en caliente en el agua.

¿Ha conocido casos de abuso policial?

Estamos viendo un incremento de las identificaciones por perfil racializado. También hay personas en situación irregular que están recibiendo citaciones para que les incoen expedientes de expulsión y devolución en sus propios domicilios. Gente que estaba viviendo en un pueblo, donde trabajaba y desarrollaba su vida. Esto es muy poco común y resulta extraño.

¿Cómo afecta la paralización de la administración a las personas en situación irregular?

No están pudiendo ejercer su derecho a solicitar asilo. Entendemos que no se pueda hacer la entrevista de formalización, pero se podría arbitrar un sistema en el cual se dejara constancia de su manifestación de la voluntad. En el CIE de Barranco Seco había 39 internos solicitantes de asilo que habían manifestado voluntad de protección internacional, de los cuales 35 provenían de zonas de conflicto. Estaban privados de libertad y sin acceso a este procedimiento.

Por otro lado, actualmente no se están dando casos de deportaciones porque las fronteras están cerradas, pero no podemos ignorar el riesgo de que una vez se vuelva a la normalidad y estas personas se encuentren desprotegidas, con un sistema colapsado de difícil acceso. Nos preocupa que se esté sembrando el caldo de cultivo para la vulneración de este derecho tras el estado de alarma.

¿Qué medidas se están tomando para evitar que eso pase?

Ninguna. El gobierno actualmente sólo está tomando medidas coyunturales centradas en el estado de alarma. Nos preguntamos qué pasará cuando a un sistema de asilo y extranjería ya colapsado se le sumen nuevos problemas como expedientes caducados, tarjetas sin validez... Por ejemplo, qué va a pasar con las personas que han solicitado un permiso de residencia por arraigo con un contrato con una empresa que haya tenido que cerrar. No hay ninguna protección legal para ellos. El gobierno tiene que tomar medidas sistémicas para que en el futuro no se produzcan limbos administrativos que pongan en riesgo a estas personas.

¿Cómo afecta este colapso del sistema a la gestión de los espacios de acogida?

Aunque el ministerio de Inclusión ha hecho un esfuerzo por habilitar nuevos espacios de acogida, siguen siendo insuficientes. Lo son en la medida en la que seguimos teniendo a solicitantes de protección internacional que deberían estar en centros de acogida y que están en albergues para personas sin hogar, como IFEMA, porque son los programas de atención humanitaria los que están absorbiendo a la gente recién llegada y a las personas que estaban en los CIES ante el colapso del programa de protección internacional, algo que ya venía pasando desde hacía tiempo.

Entonces, ¿cómo evaluaría la gestión migratoria del gobierno durante el estado de alarma?

En cuanto a las personas recién llegadas, siguen primando las ópticas de gestión de fronteras. En lo que respecta a la inclusión social, las iniciativas son de mucho titular y poco contenido. Además, las medidas que se están implementando siguen siendo puramente economicistas.

No se está respondiendo con una política innovadora con un abordaje de derechos humanos. Seguimos viendo a las personas migrantes exclusivamente como personas productivas, en la sanidad o en el campo. Pero para la recuperación sociosanitaria de esta sociedad traumatizada será imprescindible no solo la fuerza de producción de estas personas, sino sus valores y su concepción de lo comunitario.

Estamos exigiéndole a las personas que residen en el territorio español que se queden en casa y cumplan una serie de normas, pero no les estamos reconocimiento los derechos que van asociados a esa responsabilidad comunitaria. No se puede exigir deberes a quien no se le reconoce derechos. No sería “te regularizo porque puedes cuidar de mis mayores”, si no “te regularizo porque te reconozco como persona que formas parte de esta sociedad”.

¿Qué medidas se podrían tomar en este sentido?

Se debería regularizar la situación de todas las personas que actualmente residen en el territorio español. Esto sería una política de máximos. Una política de mínimos pasaría por liberar a las personas que permanecen en los CIEs y por desburocratizar el sistema de solicitud de permisos de residencia, porque existe una inflación administrativa innecesaria.

Podríamos dar una respuesta similar a la que se dió en el 11M, un acontecimiento también muy traumático tras el cual a todas las víctimas del atentado se les concedieron permisos de residencia e incluso en algunos casos la nacionalidad. Las personas que migran son tan víctimas de la crisis sanitaria como las que vivimos regularmente en el territorio. Casos como el del 11M nos demuestran que este tipo de desventuras no entienden de estatus migratorio y que todos vamos en el mismo barco.