"Muérete con tu dinero"

Los últimos y preocupantes datos sobre la pandemia en España son contundentes: la covid se ensaña mucho más con quienes no están vacunados, sea cual sea la variante. La incidencia del virus es el doble en la población no vacunada que en la vacunada, la hospitalización de los no vacunados es hasta catorce veces superior a los vacunados y los fallecimientos son también muchos más entre la gente sin vacunar. Todo ello, además, con una incidencia muy superior en los mayores de 60 años, aunque también se da un número considerable de casos en quienes tienen menos de esa edad. Los datos están en la web del Ministerio de Sanidad y se van actualizando prácticamente cada semana. Los resumía muy escuetamente este domingo en su cuenta de Twitter el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

Cuando en 2006 se aprobó la llamada ley antitabaco en España, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, además de la escandalera organizada por quienes llaman libertad a hacer lo que te dé la gana sin tener en cuenta los derechos de los demás, surgieron interesantes debates en torno a los tratamientos del tabaquismo que dieron a conocer cifras escandalosas del coste que supone para la sanidad pública -para todas nosotras- sus enfermedades. Todavía hoy, la adicción al tabaco es muy preocupante en España, señalan desde el Gobierno, por lo que Sanidad se ha decidido a acometer un segundo plan para tratar de reducirla un 30%. Según el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) el gasto sanitario en España asociado a las enfermedades derivadas del tabaco, que provocan 50.000 muertes al año, asciende a 8.000 millones de euros.

En 2006, más allá de dar a conocer la factura sanitaria que impacta en nuestros impuestos, se abrió el lógico debate sobre si la sanidad pública debía sufragar el tratamiento a quien no quiere dejar de fumar, que no tuvo largo recorrido en España ante el argumento inapelable, en mi opinión, de que el tabaquismo es una adicción como la que provoca el alcohol, otras drogas, medicamentos o la propia comida, por lo que negar el tratamiento a los fumadores desde la sanidad pública por las enfermedades derivadas de su adicción ponía en la picota toda la complejidad de las enfermedades adictivas.

El mismo debate sobre la financiación de los tratamientos covid por parte de la salud pública, es decir, de nuestros impuestos, surge ahora ante la evidencia empírica de que el negacionismo de las vacunas provoca contagios y, en los casos más extremos, vidas, incluida y sobre todo la del negacionista. ¿Existe el derecho a no vacunarse o existe el derecho a la protección de la salud? ¿Se justifica de alguna manera que una persona decida no vacunarse y ponga, en riesgo a las personas que le rodean, además de ralentizar el fin de la pandemia y propiciar mutaciones más resistentes de este coronavirus? ¿Debe la sanidad pública financiar a un/a negacionista un tratamiento que puede llegar en España a más de 100.000 euros en los casos más extremos?

Sin duda, decidir no vacunarse no es una adicción ni nada similar; tampoco es libertad, sino ignorancia y mala leche, por decirlo en términos suaves. Creo que vetar el tratamiento a un negacionista, como tantos/as que van pasando por las UCI y cuyos testimonios de arrepentimiento (si no han muerto) vamos conociendo por los medios de comunicación, está fuera de cuestión en una sociedad que apuesta, al menos de boquilla, por una sanidad pública universal. Es interesante el debate, sin embargo, por cuanto obliga a conocer cuánto nos cuestan la ignorancia y la cerrazón de estos antivacunas, en términos cualitativos y cuantitativos.

España no tiene un problema grave de negacionismo, ni mucho menos, pero es suficiente para plantearse qué hacer con esta gente que nos pone en riesgo a todos los demás, además de cerrarles la puerta de nuestras casas en las narices. Negarles el tratamiento en caso de ser contagiados sería inmoral, aunque pudieran costeárselo en la sanidad privada, y entiendo que, pese al debate lógico, nadie se lo ha planteado nunca más allá del intercambio de pareceres siempre crispado en redes ("Muérete con tu dinero"). El pasaporte covid para entrar en restaurantes, hoteles, bares o gimnasios es, sin duda, una de las formas de evidenciar y rechazar a estos ignorantes pasto de bulos, pero necesitamos más. ¿Quizás anotarles en la frente el coste de su tratamiento si van al hospital, con uno de esos tatuajes que no se borran en un par de semanas y que les estampen al salir junto con una colleja? No sé, algo... Por mentecatos/as.