Opinión
La memoria es un arma cargada de futuro. Reseña de 'La asignatura pendiente: la memoria democrática en los libros de texto escolares', de Enrique J. Díez Gutiérrez
Grupo de Pensamiento Laico
“La historia es implacable en sus olvidos”, dice Gregorio Morán en su magnífico libro El cura y los mandarines. Pero el olvido del genocidio franquista y del aplastamiento de la Segunda República no ha sido labor de algo tan etéreo como la historia; si fuese así, no habría responsables. Tanto la amnesia de este país como la tergiversación de la historia y el blanqueamiento de una de las dictaduras más sanguinarias del siglo XX son producto de unas políticas de olvido de la República y su inmensa labor a favor de las clases populares, del exilio y la enorme pérdida que supuso para España, de la lucha antifranquista y el desprecio de sus héroes; y con todo ello, la tolerancia hacia los discursos que intentan hacer presentable un régimen tan criminal como fue el franquista. Frente al llamado “deber de memoria” de los estados, España optó en la Transición por la amnesia. Fue el precio que se pagó entonces; si fue necesario pagarlo o no está en cuestión, pero a pesar de los que defienden que sí fue necesario, la factura está más que pagada y cuatro décadas después no se puede seguir cediendo al chantaje de “no abrir heridas” y falacias semejantes.
Comentamos en esta ocasión un nuevo libro de unos de los autores más prolíficos en materia educativa, Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León y coordinador del área de educación de Izquierda Unida. Autor de una amplia bibliografía de denuncia sobre los efectos devastadores del tsunami neoliberal en la educación, en esta ocasión incursiona en un ámbito con el que también está familiarizado al ser Vicepresidente del Foro por la Memoria de León. Se trata de una auténtica denuncia de la colaboración del sistema educativo en unas políticas de desmemoria histórica democrática que urdió el franquismo y que la democracia todavía dista mucho de reparar. Incluso se ha ido institucionalmente más allá en estas décadas de democracia imperfecta, colaborando con el blanqueamiento de los crímenes del franquismo y el olvido de los mismos, alimentando la “teoría de los dos demonios” (dos bandos con iguales responsabilidades en el golpe de estado de 1936, en la guerra civil y en la brutal represión del régimen franquista) y la ignorancia de la población sobre el principal antecedente democrático previo a la sanguinaria dictadura, de manera que parezca que en 1977 empezó la democracia en este país. El resultado es que ni los niños ni los jóvenes ni gran parte de los adultos tienen remota idea de lo que fue la experiencia democrática de la Segunda República, de la dureza de uno de los regímenes más crueles que ha dado la historia europea, de la resistencia antifranquista o del exilio de cientos de miles de personas para huir de las cárceles, la tortura y la muerte; un exilio que supuso, por otro lado, la fuga de cientos o miles de intelectuales, artistas y profesionales brillantes y el consecuente empobrecimiento y atraso del país, atraso del que todavía no se ha recuperado totalmente.
La desmemoria que se ha tejido ha facilitado que en los últimos tiempos vayan saliendo voces que “sin complejo”, que diría Aznar, se van atreviendo a reivindicar la figura de Franco y sus cómplices, hasta tal punto que el presidente del Europarlamento ha tenido que señalar en estos días que no cabe en Europa la glorificación de dictaduras.
El relato histórico que reciben niños y jóvenes en el sistema educativo es fundamental para construir una memoria compartida en cualquier país, memoria que puede tener sus matices, pero que debe tener ciertos puntos de consenso. Uno de ellos en nuestro país es que en julio de 1936 un sector del ejército se rebeló contra la República con el apoyo de sectores conservadores que no querían perder privilegios y que arrasaron con todo con tal de mantenerlos. Una democracia madura debería haber conseguido este consenso en la inmensa mayoría de la población, pero cuestionar el relato franquista es ser acusado de adoctrinamiento y de impartir ideología. Es el resultado de no haber desautorizado con suficiente energía este relato. En una entrevista reciente, el hispanista holandés Sebastiaan Faber decía: “reprocho a la transición haber roto más con la República que con el franquismo”; quizás el reproche podría extenderse a los últimos cuarenta años, cuando vemos textos escolares que se refieren al asesinato de Lorca con un escueto “murió en la guerra de España”, sin más explicación, o a la muerte de Machado en el exilio con un “se fue a vivir a Francia”.
En octubre de 2019 el programa Informe Semanal emitió el reportaje Asignatura pendiente -que quizás dio lugar al título de este libro-, en el cual se entrevistó tanto a Enrique Díez como a Fernando Hernández Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma, quien afirmaba que desde el año 2000 han pasado por las aulas de educación secundaria entre 9 y 10 millones de alumnos que han salido de ellas sin conocer prácticamente nada de la guerra civil y del franquismo. No han oído hablar de “topos”, de “maquis”, de exiliados, de fosas comunes en cunetas, de trabajo esclavo o de niños robados. Precisamente comentando esto comienza el libro La asignatura pendiente: la memoria histórica democrática en los libros de texto escolares. El profesor Díez Gutiérrez nos cuenta que fue a ver el documental El silencio de otros con sus estudiantes de primero de universidad y que se quedó perplejo ante el comentario generalizado de los alumnos al final de la proyección: “Nadie nos había explicado nada de esto”. Al parecer, es lo mismo que escucha la directora del documental, Almudena Carracedo, en sus proyecciones.
El derecho a la verdad reconocido internacionalmente por la única comunidad internacional legítima, las Naciones Unidas (frente a los que llaman “comunidad internacional” a cualquier coalición bélica formada por 10 o 15 socios siguiendo al emperador y persiguiendo sus intereses), es un derecho individual y colectivo por el que se considera ilegítimo robar a un pueblo su memoria. Es lo que en este país llevamos viendo desde la muerte del dictador, tolerando institucional y socialmente que a los niños y jóvenes se les ampute y tergiverse una parte fundamental de la historia del siglo XX. Afortunadamente, el movimiento memorialista ha ido consiguiendo poner en el debate político estas cuestiones, e incluso llevar al foro de las Naciones Unidas la denuncia del incumplimiento de la legislación internacional en materia de verdad, justicia y reparación por parte del Estado español.
El libro del profesor Díez Gutiérrez aborda estos asuntos en el marco del sistema educativo y, tras constatar que nuestros escolares y jóvenes saben más del nazismo que del franquismo y hacer un examen del relato de los textos escolares y de las vivencias del profesorado en relación con la memoria democrática, propone estrategias de afrontamiento para solucionar esta amnesia, deconstruir la narrativa hegemónica del pasado y combatir el discurso de odio y división de la extrema derecha. Como no podía ser de otra forma, llama a concebir la memoria histórica como un derecho de ciudadanía, recordando que es un deber del Estado recuperar la memoria de las víctimas de la represión franquista y que esta recuperación tiene que ver con la calidad de la democracia y además es una inversión de futuro, ya que nuestra identidad colectiva se construye en gran medida con el material de la memoria, una idea que recoge de Molinero (2004) y Vinyes (2009).
Se trata de un libro que sin duda contribuirá a la reflexión del profesorado, especialmente de secundaria, sobre la aportación de la memoria histórica democrática a la formación de futuros ciudadanos críticos, una formación que evite que sigamos avanzando en un modelo político que persigue una democracia sin ciudadanos y en un modelo económico cada vez más descaradamente antidemocrático. Porque, parafraseando a Gabriel Celaya, la memoria es un arma cargada de futuro.
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