Mar Menor: fin del invierno

María Giménez Casalduero y Andrés Pedreño Cánovas

La excepcional biodiversidad que anida en la laguna costera del Mar Menor, junto con sus peculiaridades paisajísticas, geomorfológicas y culturales, han hecho merecedor a este singular espacio del litoral murciano de una numerosa serie de figuras de protección a escala internacional, europea, estatal y autonómica. Sin embargo, y a pesar de ello, su deterioro ecológico ha sido imparable. La peor crisis ecológica del mediterráneo, en un ecosistema de estas características, estalló en el verano de 2016. Un bloom o explosión de fitoplancton lo convirtió en una “sopa verde”, al tiempo que se descubría que el 80% de la pradera submarina de sus fondos estaba literalmente muerta. En definitiva, todo ello indicios de un proceso de eutrofización de sus aguas que había llegado a su culmen. En este momento saltaron todas las alarmas políticas, sociales y económicas. La joya de la corona, la reserva de la biosfera, el foco regional de atracción turística por excelencia, se moría.

Solamente entendiendo lo que ha sido el Partido del Popular en los 22 últimos años que lleva gobernando la Región de Murcia, se puede resolver la paradoja de semejante destrucción ambiental. El Partido Popular garantizó a todos los agentes económicos que operaban alrededor del Mar Menor que ninguna figura de protección medioambiental entorpecería sus actividades ni ambiciones. Figuras de protección pensadas precisamente para evitar los excesos destructivos de la compleja actividad económica que se desarrolla en sus aguas e inmediaciones (puertos deportivos, concentraciones turísticas, urbanismo, agricultura intensiva, etc.). Así, la novedosa Ley 2/1987 de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor que promovió el gobierno socialista fue derogada años más tarde por el PP. Los planes de gestión y otras iniciativas reguladoras fueron sistemáticamente bloqueadas. El PP garantizó a todo tipo de especuladores, constructores y grandes empresarios agrícolas que su forma de gobernar el Mar Menor era meter en los cajones cualquier iniciativa que oliera a planificación de usos o a protección ambiental. Abrir y cerrar esos cajones, y mantenerlos bien cerrados, ha sido la forma de desgobierno del Mar Menor por parte del PP durante décadas.

Tradicionalmente, promotores urbanísticos y constructores fueron los grandes beneficiados de este desgobierno. El resultado fue la saturación urbanísitica de importantes tramos del espacio marmenorense y una concentración inusitada de puertos deportivos y embarcaciones a motor. Sin embargo, a finales de los 90 e inicios del 2000 ya era evidente que la formidable expansión de los cultivos de agricultura intensiva para exportación del Campo de Cartagena estaba provocando preocupantes impactos en el Mar Menor por los vertidos de nitratos y fosfatos utilizados en los campos. La obligatoriedad del cumplimiento de la directiva comunitaria hizo que el Campo de Cartagena se designara en 2001 como Zona Vulnerable por Contaminación de Nitratos, y en 2003 se aprobó el código de buenas prácticas agrarias y los programas de actuación para reducir la contaminación por nitratos (en 2003, 2009, 2011 y 2016). Ante esto, el PP puso en marcha sus conocidos mecanismos de abrir-cerrar cajones y nada se hizo. Durante más de quince años miles de toneladas de nitratos y fosfatos siguieron fluyendo hacia el Mar Menor por ramblas y acuíferos. Además, el PP también garantizó permisividad absoluta a la expansión continua de regadíos ilegales sobre el fondo de reserva de tierra de viejos secanos que rápidamente se transformaban y preparaban para los cultivos intensivos. En los últimos cinco años, todos los campos de secano del Sur del Mar Menor fueron transformados en campos de lechuga y brócoli. Incluso se transformaron al regadío terrenos con pronunciadas pendientes orientadas hacia la laguna, lo cual hacía que las aguas de escorrentía inundaran periódicamente de barros y lodos las poblaciones de la orilla de Mar Menor, convirtiéndose en otro foco importante de vertido de nitratos y fosfatos.

Con este escenario resulta difícil hablar de futuro, pero digámoslo claro: si en estos momentos hay indicadores de esperanza para el Mar Menor es gracias a la enorme movilización social, tanto de los vecinos como del activo Pacto por el Mar Menor que consiguió articular actores de diversas procedencias (pescadores, vecinos, ecologistas, científicos, etc.) que llevaban largo tiempo denunciando esta catástrofe. A ello se añade la importante denuncia interpuesta por la fiscalía a un buen número de empresarios agrícolas y responsables políticos por la catástrofe ecológica del Mar Menor.

La Confederación Hidrográfica del Segura, tal vez inducida por el temor a la denuncia de la fiscalía, desmanteló de inmediato un buen número de las centenares de desalobradoras ilegales abiertas por los agricultores para mitigar su falta de agua. También la CHS se dio mucha prisa en desmantelar el salmuereducto que debía recoger la salmuera de dichas desalobradoras y que nunca entró en funcionamiento. Y como bien pone de manifiesto la denuncia del fiscal, esta infraestructura para lo único que sirvió fue para encubrir la permisividad institucional, aparentando que estas plantas recogían el vertido de salmuera cuando la realidad era que se vertía directamente en las ramblas.

El gobierno del PP, ante la evidencia de que el Mar Menor podía devenir en un mar muerto aparentó poner en marcha diferentes iniciativas para tratar de reducir la contaminación agrícola. Pero el PP da para lo que da. Bloqueo e inmovilismo. Se ha visto muy bien esta pulsión con el Decreto de Medidas Urgentes para reducir la contaminación agraria del Mar Menor. Cuando los grupos de la oposición en el parlamento murciano (esto es la mayoría parlamentaria compuesta por Psoe, Podemos y Cs) consiguieron consensuar un conjunto de enmiendas al decreto, avaladas por las organizaciones sociales y la comunidad de científicos, que introducían medidas realmente eficaces para reducir los nitratos y limitar la expansión ilegal del regadío, fue entonces cuando saltaron todas las alarmas en los lobbys agrarios. Había saltado en pedazos la función histórica de bloqueo e inmovilismo que había venido garantizando el PP en estos dos últimos 22 años.

Pero más allá de los lobbys, están los agricultores y su inteligencia productiva. Estamos convencidos que ya hay suficiente capacidad de innovación en el campo murciano como para emprender la transición medioambiental de la agricultura que requiere la supervivencia del Mar Menor. Igual que estos agricultores hace más de treinta años fueron pioneros en la introducción de coleópteros para combatir las plagas, consiguiendo así eliminar pesticidas químicos, ahora serán capaces de introducir las medidas necesarias para eliminar los nitratos contaminantes, sustituyéndolos por nitratos menos solubles y promoviendo la plantación de setos naturales. No miremos a PROEXPORT ni a ningún otro lobby. Miremos a esos agricultores que hoy están dispuestos a afrontar el desafío de la transición ecológica, porque bien saben que los consumidores europeos de sus productos y los supermercados donde los comercializan más pronto que tarde empezarán a exigir protocolos de calidad en las producciones agrícolas que garanticen que esas hortalizas no han crecido a costa de la riqueza ecológica del Mar Menor.

Ciertamente, y a última hora, la escandalosa campaña de presión e inclusive de coacción emprendida por los lobbys agrarios ha hecho que entren dudas sobre la aprobación de las enmiendas en el próximo Pleno del Parlamento murciano este jueves 1 de febrero. Podemos ya ha expresado que ni un paso atrás. Si PSOE y Cs no traicionan sus compromisos con el Mar Menor, las enmiendas serán aprobadas. Y en ese momento podremos afirmar el final del largo invierno al que el PP condenó al Mar Menor.

*María Giménez Casalduero y Andrés Pedreño Cánovas

Diputados de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia