Que le den a los jueces

Que le den a los jueces. El Poder Judicial, uno de los tres poderes que sustentan, según la teoría clásica, la democracia liberal, anda en horas bajas en España. Mejor dicho, en años bajos. Y es que el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lleva ya cerca de los tres años y medio caducado y sin visos de que pueda ser renovado en el corto plazo.

La falta de acuerdo entre PSOE y PP mantiene esta situación, y es que la norma que regula la renovación del CGPJ hace que los dos grandes actores del viejo bipartidismo tengan que pactar la composición del órgano: hacen falta dos tercios del Congreso para elegir a los nuevos jueces que entren a formar parte del CGPJ. Sin PSOE o PP no salen las cuentas.

El PP boicoteaba la renovación con Pablo Casado sentado en el despacho noble de Génova y lo sigue haciendo con Alberto Núñez Feijóo. Lo del PP con el control del CGPJ es una obsesión que dura ya dos décadas. El gallego se estrenaba como líder del PP el pasado 2 de abril en el Congreso Nacional de Sevilla. Tuvieron que pasar tres semanas para que este nombrara un interlocutor del partido con el Gobierno para negociar cuestiones cada vez más urgente tras la parálisis de las relaciones entre Casado y Pedro Sánchez. El elegido fue un clásico del PP: Esteban González Pons. Apenas 24 horas más tarde, Juan Manuel Moreno Bonilla disolvía el Parlamento Andaluz y convocaba elecciones para el 19 de julio. Feijóo paralizó cualquier negociación con el PSOE hasta después de las comicios andaluces, hasta hoy. Pura lógica partidista y electoralista.

El PP no tiene ninguna intención de facilitar el desbloqueo del gobierno judicial por el momento, a pesar de que el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, volvía a hacer un llamamiento la semana pasada al acuerdo y calificaba la situación de “insostenible”. Al fin y al cabo la derecha sabe que cuenta con una mayoría conservadora en dicho órgano, para qué va a ceder una influencia que tiene asegurada. “Que le den a los jueces, mejor que nos quedemos como estamos”, deben de pensar en la calle Génova. Es fácilmente perceptible el poso conservador que tienen muchas sentencias de las altas instancias judiciales de este país.

Cada vez es más urgente esta renovación del CGPJ, pues, desde hace dos semanas, el plazo para renovar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional también ha caducado. Dos de ellos los tendría que renovar el CGPJ, que al estar en funciones se abstiene de hacerlo. Los otros dos, le corresponden al Gobierno. Es un limbo jurídico saber si el Ejecutivo puede renovar dos nombres sin que el CGPJ haga lo propio.

Si los recursos planteados por las derechas de PP y Vox al Constitucional a leyes progresistas llegan antes de que este se renueve, hay muchas posibilidades de que normas como la ley de eutanasia, la ley educativa más conocida como Ley Celáa o la del aborto decaigan. La actual mayoría de magistrados en este tribunal es conservadora. A las izquierdas les va la vida en renovar los magistrados del TC cuanto antes.

Si se llevara a cabo esta renovación en el tribunal de la calle Domenico Scarlatti de Madrid, la mayoría cambiaría de signo y pasaría a ser progresista. Por ello, el PSOE registraba este viernes una proposición de ley en el Congreso que permitiría, de salir aprobada, nombrar magistrados del Constitucional aunque el CGPJ siga en funciones.

A Unidas Podemos no le ha hecho gracia la propuesta socialista. En primer lugar, porque sus socios no han contado con ellos antes de presentarla; en segundo, porque abogan por un cambio más de fondo y modificar la ley para que se pueda renovar el CGPJ con mayoría simple y no cualificada de dos tercios, lo que permitiría hacerlo sin el PP. Esta iniciativa ya fue desechada por Sánchez.

Los de Feijóo tampoco ven con buenos ojos la propuesta del PSOE para facilitar una actualización en el TC y acusan a los de Ferraz de “romper puentes de la negociación” para renovar el CGPJ. Una negociación que, tal y como hemos visto, no existe y no ha tenido lugar desde que el gallego asumió el liderazgo del PP (al menos que haya trascendido) el pasado mes de abril.

Casado mantuvo una estrategia de confrontación total por tierra, mar y aire contra el Gobierno de coalición (desde los aparatos mediáticos de la derecha, librando batallas judiciales contra la izquierda, agitando las calles, mimetizándose con la ultraderecha, generando inestabilidad desde los propios cuerpos policiales). La estrategia de Feijóo es mucho más sutil y sofisticada. Fuera estridencias y gritos, con el viento de cola a favor tras los geniales resultados de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía y la demoscopia llevándole en volandas, el gallego, poco a poco, le hace el abrazo del oso a Sánchez.

Disimula que se ofrece a pactar, pero no hace nada. Y va virando al propio Gobierno, que esta semana accedía a bajar el IVA de la factura de la luz del 10% al 5%, una medida reclamada previamente por el PP, que ya se ha puesto la medalla. Feijóo solo quiere hablar de economía y de bajar los impuestos como forma de solucionar los problemas derivados de esta y el PSOE ha entrado al trapo.

El PP no gana nada, hemos dicho, con una renovación del gobierno de los jueces. Para Feijóo, la renovación del CGPJ pasa por un acuerdo más amplio y pactos sobre la economía. En Génova saben que la renovación de este órgano no es un problema para los españoles, que ven con pavor cómo suben los precios y se complica llegar a fin de mes. No es una prioridad ciudadana, aunque debería ser una urgencia democrática.

El CGPJ sigue caducado y el PP es el principal responsable de ello, pero cuando el PSOE hace un movimiento para renovar el Constitucional, Feijóo les acusa de romper una inexistente negociación. Queda él como el señor de Estado mientras los socialistas, como los radicales que no cuentan con el jefe de la oposición. El mundo al revés. Feijóo y el abrazo del oso; y Sánchez parece no tener claro cómo escapar de él. Mientras, que le den a los jueces, que el CGPJ siga caducado y el Tribunal Constitucional, también. A por los cuatro años desde que se tendría que haber actualizado el gobierno de la Judicatura.