Cheques escolares para ricos, segregación y desigualdad

Lo llaman “becas”, pero en realidad son cheques regalo para los ricos. Desde el 19 de mayo al 14 de junio, la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid ha publicado cuatro Órdenes que regulan los criterios de concesión de los cheques escolares destinados solo para colegios privados. La cantidad global es una barbaridad, así como los umbrales de renta para beneficiarse de ellos.

Estos son los datos: 50,6 millones para primer ciclo de educación infantil a centros privados; 43,4 millones para bachillerato en centros privados (el curso pasado eran 9 millones); 2, 4 millones para formación profesional de grado medio; 30,5 millones para formación profesional de grado superior. Esta lluvia de millones solo para el curso 2022-2023 totaliza 126.9 millones. Si se añaden los 46,2 millones que se entregan en un año a 17 colegios (fundamentalmente del Opus Dei) que segregan por sexo, suman 173 millones de euros. A ello hay que añadir jugosas desgravaciones en el IRPF.

Es un robo descarado a la educación pública para transferir exactamente 62.238. alumnos a la enseñanza privada. El cuadro global del saqueo se completa con los 1.164 millones que se pagan por los conciertos a empresas privadas que consideran la educación un negocio.

Además, es muy escandalosa la elevación de la renta per cápita que pasa de 10.000 en bachillerato a 35.913 euros. Esto supone que una familia con dos progenitores y un solo hijo puede acceder a estos cheques, aunque tengan unos ingresos al año de 107.739 euros, muchísimo más, por ejemplo, de lo que cobra el presidente del Gobierno (84.845 euros). Los cheques son, por tanto, universales y van dirigidos a los más pudientes. Estamos ante un auténtico atraco a la educación pública y un golpe a la equidad. Es una pésima gestión del dinero público dárselo a los ricos para que paguen colegios de ricos que seleccionan el alumnado y no admiten a alumnos de familias con bajo nivel de renta. En un evidente ejercicio de cinismo, el consejero de Educación ha intentado justificar esta tropelía diciendo que sirve para “quitar barreras de acceso”. Está claro lo que quiere decir: quitar barreras para las rentas muy altas.

En conclusión, la medida es una declaración de intenciones de beneficiar a los más ricos de la Comunidad y, por tanto, apostar por un aumento de la desigualdad y de la segregación educativa en la Comunidad con peores índices de inclusión de Europa.

• El objetivo de esta estrategia es propiciar una privatización salvaje y un desmantelamiento de la educación pública. Los cheques van unidos a la apuesta por la extensión de la nueva concertada: colegios de grupos radicales católicos, de lobbys vinculados al PP y fondos de inversión que especulan con la educación. Hemos conocido estos días el caso del colegio J. H. Newman, con concierto y suelo público, que se dedica a explotar una cadena de gimnasios. El resultado de todo ello es que, en Madrid, el alumnado escolarizado en centros públicos es un 15% menor que la media de España y un 40% menos que en Europa. Lo venimos denunciando desde hace tiempo.

• La consecuencia es la reproducción de un modelo clasista, segregador y mediocre. La segregación rompe el principio de heterogeneidad del alumnado e influye negativamente en los resultados académicos globales. Si a ello se le une una misérrima inversión educativa del 2%, y el peso de la red privada-concertada, nos encontramos que, en los resultados de PISA y la Evau, Madrid no cesa de retroceder posiciones. Y no lo hace más gracias al esfuerzo y calidad de la educación pública y al esfuerzo de su profesorado y AMPAs. Un estudio reciente viene a confirmar que son los alumnos provenientes de los institutos públicos los que obtienen mejores notas en primer curso de las carreras universitarias.

La experiencia internacional también confirma que los procesos de privatización y de cheques escolares detrioran considerablemente la calidad de la educación. Merece la pena leer este artículo sobre lo sucedido en Suecia desde que se implementaron las mismas medidas por el gobierno conservador hace treinta años.

Ante ello, el grupo parlamentario de Unidas Podemos seguirá denunciando en la Asamblea de Madrid estas agresiones y va a estudiar medidas legales frente a las irregularidades observadas. Pero nada cambiará sin la movilización de la ciudadanía en defensa de la educación pública. Quizá empezando por aquellos alumnos que vean rechazada sus solicitudes de Formación Profesional pública, sus familias y la comunidad educativa. Para defender la educación pública, es necesario que se reúnan sindicatos, AMPAS, marea verde y todos los grupos progresistas para impulsar una legislación por la equidad educativa que suprima una segregación escolar que aumenta las desigualdades sociales en la comunidad de Madrid. Nos estamos jugando algo tan importante como la igualdad de oportunidades y la cohesión social.