Opinión
Ayuso y la mala educación
Por Agustín Moreno
Activista de Ecologistas en Acción
Es una evidencia que Isabel Díaz Ayuso no es precisamente una persona educada, sino más bien lo contrario. Falta, ofende y desprecia. Además, ni mira ni escucha. Pero no vamos a hablar de ello. Estas notas van de una realidad que se debe conocer, porque nos jugamos mucho si no tomamos conciencia de lo que está pasando en un lugar y con un bien común fundamental.
Madrid es la comunidad autónoma que, siendo la más rica del país, es la que menos invierte en educación. Y ese menos es mucho: solo la mitad de la media de España (2,17% del PIB sobre 4,3%). Lo mismo da que se mida en términos de PIB, que de inversión por alumno o por habitante. Es, también, la comunidad donde las familias gastan más en la educación de sus hijos e hijas: 2.400 euros al año según un estudio de la OCU.
La segregación educativa es muy grande, según diferentes estudios, especialmente la socioeconómica, hasta el punto de ser una región que estaba a la cabeza de Europa en segregación y a la cola en equidad. Un hecho que debería escandalizar, pero que no preocupa en absoluto a un Gobierno empeñado en fomentar el clasismo educativo y las desigualdades sociales.
Las razones de la falta de igualdad de oportunidades se encuentran en un modelo educativo que apuesta descaradamente por la educación privada sostenida con fondos públicos. A ella se dedican 1.170 millones de euros al año. Completan el efecto las becas para ricos (NOTA 1) y el suelo público para colegios privados. La consecuencia principal es que Madrid es la comunidad que tiene los porcentajes de alumnado escolarizado en la educación pública más bajos del país (54% frente a un 68% en España y un 90% en Europa). El colmo de la privatización es la capital, donde no llegan al 40% el alumnado en la educación pública. En educación, el Madrid de Ayuso no es Europa.
Las razones de esta estrategia privatizadora son el negocio económico, el adoctrinamiento y la utilización de la educación para mantener los valores conservadores y el status quo. Se intentan enmascarar con banderas de libertad de elección de las familias, una gran mentira. Porque cuando las familias de los barrios y pueblos reclaman centros educativos públicos, no se construyen o se retrasan al máximo para que se instalen primero los centros privados-concertados y capten el alumnado. En ocasiones, se ha acompañado de casos de corrupción de los políticos del partido gobernante que cobraban por los centros concertados hasta un millón de euros, como en el Caso Púnica. Ahora, quieren insistir en el saqueo con el pelotazo educativo de las tres “V” (Valdebernardo, Villa de Vallecas y Vicálvaro), regalando tres grandes parcelas de suelo público y conciertos a cuarenta años (ampliables de 75 años) y que se darán a los sospechosos habituales (NOTA 2).
Además, el Gobierno de Madrid permite que se salten la ley el 82% de los centros privados concertados que cobran cuotas ilegales a las familias de forma obligatoria y coercitiva (NOTA 3). Para colmo, se están dando 51 millones de euros por curso a decena y media de colegios privados ultrarreligiosos que segregan al alumnado por sexo, incumpliendo la ley educativa estatal (LOMLOE).
Para que funcione la estrategia privatizadora, deterioran la educación pública y maltratan al profesorado. Se mantienen unas ratios de alumnos por grupo muy altas, se contratan menos profesores de los necesarios y muchos de forma precaria, no se recuperan jornadas docentes como las 18 horas en secundaria, no se fortalecen los departamentos de Orientación y la atención a la diversidad. Solo la resistencia del profesorado de la educación pública y de las familias hace que se sigan manteniendo altos niveles de calidad, aunque con un gran sobreesfuerzo.
Parte de la estrategia anterior exige que la oferta de plazas públicas sea insuficiente y se mantenga, por ejemplo, en educación infantil, un déficit potencial de plazas públicas de más del 50%. O en Formación Profesional, donde el hecho incontestable es que se quedan los inicios de curso 30.000 jóvenes sin la plaza pública que solicitaron.
El resultado de esta disparatada política contra el derecho fundamental a la educación y su calidad es un modelo educativo de baja calidad en términos globales. Así lo atestiguan las pruebas objetivas que permiten comparaciones con otras Comunidades Autónomas o con otros países, bien sea la Evau (Madrid está en la posición quince de las CCAA) o el último Informe Pisa (con retrocesos en Matemáticas, Ciencia y Lengua y Comprensión lectora).
Esta es la anatomía del deficiente sistema educativo del Madrid gobernado por el Partido Popular, de la mala educación de Ayuso. Un modelo educativo mediocre, segregador, contrario a la inclusión y a la igualdad de oportunidades, que el PP se esfuerza en empeorar cada día desmantelando la educación pública en favor de los conciertos privados. Veamos lo último.
En el pleno de febrero de la Asamblea de Madrid compareció el consejero de Educación a petición del grupo de Unidas Podemos para que explicase sus planes al no haber presupuestos en la Comunidad. Mientras esto sucedía, la presidenta de la Comunidad de Madrid abandonó la Asamblea y se fue a reunir con los directores de las escuelas católicas donde anunció que iba a incrementar un 15% los conciertos este año. Un regalo de 175 millones de euros a los colegios concertados (NOTA 4). El consejero no dijo nada de la medida anunciada por Díaz Ayuso ¿Porque no quiso o porque no la conocía? Si fue por lo primero, sería una burla a la institución parlamentaria que se hurte información trascendente en el debate. Si no la conocía, indicaría que las propuestas que hace Díaz Ayuso son simples estrategias de comunicación política y que nunca se equivocan con los beneficiarios.
Ayuso se llena la boca de la palabra “libertad” y regala 4.111 millones al año a los más ricos en rebajas fiscales. Mientras, desmantela los servicios públicos que son los que garantizan los derechos de ciudadanía y cierta redistribución de la riqueza. Aumenta la factura a los colegios concertados, que son el mayor factor de segregación educativa y social, mientras recorta y maltrata los centros públicos. Se niega a negociar con los profesionales de la Atención Primaria que llevan tres meses en huelga defendiendo la Sanidad Pública y da 1.390 millones a las empresas privadas que gestionan hospitales, defenestrando antes a la Interventora General (NOTA 5). Pretende continuar con una privatización que va contra el derecho a la salud y a la educación que, si no son públicas, acabarán siendo para ricos. Los franceses lo resumen muy bien: cuando todo sea privado, estaremos privados de todo. Para parar esta estrategia y defender el bien común, las urnas deberían rechazar esta política el próximo 28 de mayo.
Agustín Moreno, es diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid
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