La agenda neofranquista de PP-Vox legaliza la dictadura

La Historia es una ciencia social con unos conceptos teóricos y una metodología científica de investigación para el conocimiento y análisis del pasado. También, como afirmaba Josep Fontana, es crítica del presente y propuesta de futuro. Pero siempre ha sido un territorio para el saqueo, un espacio de disputa para la construcción de interpretaciones que legitimen a los grupos de poder. Ello explica que, a pesar de las evidencias históricas sobre la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura franquista, siga habiendo un negacionismo histórico que intenta justificar la sublevación contra el orden constitucional, la brutal represión y la dictadura de Franco. Despreciando a los historiadores, los vencedores intentan adueñarse de un relato aunque no se corresponda con la verdad y que legitime salidas antidemocráticas pasadas o futuras.

Los gobiernos autonómicos del PP y Vox están aplicando una reaccionaria hoja de ruta que pasa entre otras cosas (privatización de la educación, ataque a los derechos LGTBI, desmantelamiento de los servicios públicos...) por cuestionar la memoria histórica. Su guerra "cultural" tiene varios frentes: leyes que llaman de "concordia", como las de Castilla y León y el País Valencià, retirada de ayudas para la búsqueda de desaparecidos, mantenimiento de calles y simbologías de la dictadura, y adoctrinamiento en centros educativos. Otros sectores de la ultraderecha juegan a burlar la Ley de Memoria Democrática de 2022 con provocaciones públicas para seguir manteniendo espacios de impunidad en su apología del fascismo.

En este proceso no hay diferencias entre el PP y Vox, herederos ambos del franquismo, sea en primer o segundo grado. Al PP siempre le costó condenar la sublevación de 1936 y la dictadura. No es casualidad que hasta seis ministros de Franco estuvieran entre los fundadores de su primera marca (Alianza Popular). En cuanto a Vox, han sido siempre explícitos y su líder afirma que la dictadura franquista era mejor gobierno que el Gobierno democrático de coalición.

Es demasiado peligroso dejar la Historia en manos de políticos desaprensivos y puede tener consecuencias. Porque blanquear el franquismo en un contexto de oposición política rayana en el golpismo, es invertir en legitimar vías autoritarias para recuperar el poder. Los hechos incontestables por numerosísimos historiadores son los siguientes: levantamiento militar contra el Gobierno legítimo de la Segunda República, dictadura de cuarenta años y existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzosas. Es lo que el historiador Paul Preston ha calificado como el "Holocausto español".

Pues bien, todo esto se cuestiona. Negarlo es legitimar el franquismo, que no es otra cosa que el fascismo patrio que tuvimos en España durante cuarenta años. Imagínense este revisionismo en Alemania y en Italia y que se permitiera la defensa del nazismo y de Hitler, del fascismo y de Mussolini en base a la "libertad de memoria"; que se pusiera al mismo nivel al colaboracionismo y al Gobierno de Vichy en Francia que a la Resistencia. Impensable por disparatado.

Pero no son ignorantes, pretenden descaradamente ocultar la verdad e imponer los mitos franquistas. Y para ello, los proyectos de ley del PP y Vox caen en algo ridículo y mal intencionado como evitar referirse como "Golpe de Estado" a la sublevación militar del 18 de julio de 1936 o que no aparezca la palabra "dictadura". Crean el concepto de "libertad de memoria" para permitir el ensalzamiento del franquismo, se oponen a que la represión franquista se estudie en los centros educativos y quieren impedir que se difunda ninguna información sobre los crímenes de la dictadura (art. 4.4).  Aplican una equidistancia que pretende igualar la República con el franquismo, la democracia con la dictadura, a víctimas con verdugos, y niega el concepto de memoria de los vencidos. Hablar en estos proyectos de ley autonómicas de "concordia" para enmascarar la apología del franquismo, negar sus crímenes y humillar a las víctimas, es una burla tan cruel como cuando Franco hablaba de "paz" y seguía fusilando y encarcelando por tener ideas políticas democráticas.

Las derechas se han aprovechado de una Transición que, como decía Rafael Chirbes, "no fue un pacto sino la aplicación de una nueva estrategia en esa guerra de dominio de los menos sobre los más". Y han estado muy mal acostumbradas por la cobardía de Felipe González que en sus 14 años de gobierno y con mayorías absolutas fue incapaz de abordar el tema de la memoria histórica. Algo escandaloso en un país que es el segundo del mundo en fosas comunes después de Camboya, donde muchas familias tenemos algún desaparecido en campos y cunetas, que se estiman en 114.266 personas en el sumario de la Audiencia Nacional de 2008.

En 2013, antes de que se fundase Vox, escribí que "la existencia de dos almas en el PP, una de derecha convencional (la mayoritaria) y otra parafascista, es lo que explica que España sea uno de los países donde la ultraderecha no tiene representación electoral directa en el Parlamento. También explica la tolerancia con el fascismo en España, el no rechazar en el Congreso de los Diputados que sea delito la apología del franquismo, con lo que la derecha española se retrata con su imagen más terrible". Después del nacimiento de Vox, el PP le sigue su estrategia y está anclado en el franquismo sociológico y político.

El principal responsable de impulsar este negacionismo histórico es el Partido Popular de Feijóo, porque no vale todo para poder gobernar en determinadas autonomías. Hay que resaltar la incoherencia del PP de denunciar el holocausto judío y negar el holocausto español, una posición difícil de mantener sin que a un demócrata se le caiga la cara de vergüenza. El PP debería desmarcarse de todos los fascismos para poder ser simplemente un partido de derechas en un país democrático. Era uno de los retos de Feijóo. Pero uncir al PP a la estrategia de la ultraderecha para legitimar la dictadura es posicionarse como neofranquista.

Lo dijo crudamente Walter Benjamin: "ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo si este vence" y añadía: "Y este enemigo no ha dejado de vencer". Urge una educación cívica sobre el principio de que para ser demócrata hay que ser antifascista. El Gobierno de la nación no debe titubear con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y debe plantearse revisarla en todo aquello que se queda a medio camino y que fue criticado por las asociaciones memorialistas. También debe exigir la retirada de estas leyes autonómicas por buscar impedir la aplicación de la ley 20/2022. Ante las provocaciones neofranquistas hay que ser muy firmes, porque la memoria es una forma de justicia para evitar el olvido y la manipulación histórica que legaliza el crimen. Y, sobre todo, porque la memoria democrática debe ser una vacuna para impedir la repetición de la barbarie.