SEVILLA.- El PSOE andaluz no exigirá responsabilidades políticas a ningún miembro del Gobierno andaluz, ni de este gabinete ni de anteriores, por el supuesto fraude de ayudas para cursos de formación a parados. La conclusión que los socialistas presentarán a la comisión parlamentaria que investiga este asunto admite que “pudo haber irregularidades administrativas” en la concesión de ayudas a empresas y sindicatos, “pero no un delito de menoscabo de fondos”, y en cualquier caso “la Administración detectó los fallos a tiempo y trató de corregirlos”.

No hay ningún responsable político en las conclusiones del PSOE, ni de mayor ni de menor rango, como tampoco lo hubo en su informe final sobre la comisión parlamentaria que investigó el fraude de los ERE en la legislatura pasada. Los socialistas eximieron entonces de culpa a toda la cúpula del Gobierno andaluz, que ahora está imputada y procesada por delitos de malversación y prevaricación, con una petición de cárcel por parte del fiscal para el expresidente José Antonio Griñán, y otra de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves.

Las conclusiones de los grupos en la comisión de investigación del fraude de la formación han abierto un cisma en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Ciudadanos. El partido de Albert Rivera es quien forzó la creación de esta comisión y, al contrario que los socialistas, sí considera que “existió una responsabilidad política brutal” en la concesión de ayudas a empresas y sindicatos para organizar cursos de formación a parados.  

El portavoz de C’s en Andalucía, Juan Marín, ha avanzado que su partido considera que Chaves y Griñán “no hicieron algo bien” y “alguna responsabilidad tuvieron”, puesto que bajo su mandato se gestó un sistema laberíntico para otorgar subvenciones a la formación de parados que pone en tela de juicio más de 700 millones de euros.

La grieta entre los socios andaluces se abre en un momento político crítico, a una semana de las elecciones vascas y gallegas, con el PSOE federal enrocado en no facilitar el gobierno a Mariano Rajoy, Ciudadanos presionando a Pedro Sanchez para que desbloquee la situación, y la presidenta andaluza, Susana Díaz, encabezando a los barones críticos que defienden una abstención táctica que permita gobernar a Rajoy en minoría, mientras el PSOE pasa a la oposición y trata de recomponerse.

La comisión del Parlamento andaluz que trató de depurar responsabilidades políticas en el caso ERE se creó en 2012 a petición de IU, una condición que los comunistas pusieron al PSOE para permitirles seguir gobernando. Los socialistas acababan de perder las elecciones autonómicas contra el PP, y necesitaban el apoyo de la coalición de izquierdas para mantenerse en el poder.

La comisión de los ERE, la primera que se celebraba en el Parlamento andaluz desde hacía 17 años, se cerró en falso, sin un dictamen definitivo, porque los tres grupos (PSOE, PP e IU) no lograron ponerse de acuerdo ni en el relato de lo sucedido ni en quiénes fueron los responsables políticos del fraude. La coalición de izquierdas presidió aquella comisión (igual que ahora Ciudadanos preside la de los cursos de formación) y presentó a los grupos un dictamen final en el que señalaba como máximos responsables políticos del fraude de los ERE a los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, para los que la Fiscalía pide ahora ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.

El PP votó en contra, porque apuntaba más alto (culpaba directamente a Chaves y a Griñán), y el PSOE también lo rechazó, porque su tesis era que el máximo responsable de la Administración fue el exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, la persona que repartía el dinero público “de forma discrecional”, y epicentro de la trama de los ERE.

Esta decisión abrió un tenso debate dentro de las filas del PSOE. Muchos pensaron entonces que había que defender ciegamente la inocencia de los dos expresidentes, pero no implicarse tanto en la defensa de los exconsejeros Viera y Fernández. Al final el partido negó toda responsabilidad política en una supuesta trama de corrupción que a estas alturas tiene a casi una treintena de políticos procesados, entre los 270 imputados que acumula el caso.

La historia parece repetirse ahora, aunque desde la dirección regional del PSOE insisten en subrayar que el caso ERE “nada tiene que ver” con el supuesto fraude de los cursos de formación. Ciudadanos, el partido que ahora sustenta al Gobierno socialista de Susana Díaz, sí ha elaborado unas conclusiones que señalan a responsables políticos concretos, igual que hizo IU en su día en la comisión de los ERE. Ésta también está presidida por el socio del Ejecutivo, aunque a tenor del duro cruce de acusaciones que se han lanzado los grupos dentro de la comisión, parece que esta vez tampoco habrá un dictamen definitivo consensuado que sea votado en el pleno del Parlamento.

El PP aspira a culpabilizar a toda la cúpula de la Junta de Andalucía, la anterior y la actual, señalando como responsables políticos a la propia Susana Díaz, a sus antecesores Chaves y Griñán, además de consejeros y exconsejeros, viceconsejeros y así hasta 35 políticos. En esa lista llama la atención el nombre de la actual consejera de Hacienda, María Jesús Montero, la más veterana del gabinete.

Montero lleva en el Gobierno andaluz 16 años, estuvo con Chaves y con Griñán, es la política más valorada del Ejecutivo y suena desde hace tiempo en las quinielas para suceder a Susana Díaz, en caso de que la sevillana dé el salto a la política nacional. Esta, y no otra, es la razón por la que el PP la señala como responsable política, según el PSOE (Montero ni siquiera fue llamada a declarar ante la comisión de la formación).

Este lunes expiraba el plazo para que los grupos presentaran sus conclusiones ante la comisión de investigación, sin embargo, Podemos e IU han solicitado una prórroga de una semana más, y el resto de formaciones no ha puesto impedimento. El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha escuchado esta mañana al líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, aseverar en televisión que en el caso de la formación hubo “una responsabilidad política brutal”, y no ha descartado hablar con sus socios antes de que estos presenten formalmente sus conclusiones.

Un caso investigado por 18 juzgados

El llamado ‘caso de la formación’ es, después del caso de los ERE fraudulentos, el segundo mayor litigio judicial y político que acecha al Gobierno andaluz. Fue iniciado en 2012 por la jueza Mercedes Alaya, que por entonces también instruía el asunto de los ERE, tras detectar irregularidades en la concesión de ayudas destinadas a empresas y sindicatos con objeto de realizar cursos de formación de parados.

Se investiga si hubo menoscabo de fondos públicos, si hubo un fraude de la Administración, de las empresas adjudicatarias con la connivencia de la Junta de Andalucía, o si hubo un fraude contra la propia Junta. Alaya puso bajo sospecha una partida de 3.015 millones de euros en ayudas (la mayoría proveniente de fondos europeos) que el Gobierno andaluz repartió entre 2002 y 2012.

En este momento el asunto está siendo investigado por 18 juzgados andaluces en las ocho provincias: ha habido más de 300 arrestos, docenas de empresas de formación están bajo sospecha y han sido imputados altos cargos y ex cargos de la Junta de Andalucía, incluido dos exconsejeros, Ángel Ojeda y Antonio Fernández (este último también lo está por el caso ERE).

El tema se ha convertido en uno de los principales motivos de confrontación política entre la oposición y el Gobierno de Susana Díaz. De hecho, una de las condiciones de Ciudadanos para apoyar la investidura de Díaz fue la creación de una comisión de investigación en el Parlamento que determinase la responsabilidad política en el supuesto fraude de la formación.

La comisión se creó el pasado 20 de octubre y desde entonces han acudido a declarar a la Cámara más de 60 personas: empresarios, exalumnos, técnicos de la Junta, interventores, miembros y exmiembros del Gobierno andaluz, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y la propia Susana Díaz. Todos los responsables políticos han admitido que pudo haber irregularidades administrativas en la concesión de ayudas, pero han negado categóricamente que hubiera un delito de malversación o prevaricación, como se investiga en el caso ERE.

De hecho, el Ejecutivo andaluz prevé que el juzgado principal que ha centralizado todas las investigaciones sobre el caso de los cursos de formación dé carpetazo a la pieza política en los próximos días. En los últimos tres meses, los juzgados de Jaén, Almería y Granada han archivado estos asuntos. De confirmarse esta previsión de la Junta, terminaría así el recorrido penal del caso de la formación, que sería derivado a un juzgado contencioso administrativo.