La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado a juzgar este martes a tres jóvenes, entre ellos dos guardias civiles, acusados de un delito continuado de agresión sexual a una chica de 18 años cometido el 13 de marzo de 2015 en una vivienda de la localidad madrileña de Collado Villalba.

La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales 15 años de prisión para cada uno de los tres acusados, Miguel Ángel C.O., Ricardo A.M. y Martín A. quienes, según la acusación pública, concertaron un encuentro con la joven a través de un compañero de clase que finalmente no acudió.

Explica el escrito del Ministerio Público que sobre la una y veinte de la madrugada llevaron a la chica a una vivienda de Collado Villalba y una vez allí uno de los acusados, R.A.M., con quien había mantenido relaciones sexuales esporádicas hasta enero de 2013, la llevó al dormitorio, donde comenzó a besarla y a quitarle la camiseta.

La Fiscalía relata que a continuación entraron en el dormitorio los otros dos acusados, M.A.C.O. y M.A.F., uno de los cuales manifestó que "compartiera un poco", a lo que se negó la joven. Aunque la joven reiteró su negativa a mantener relaciones con los tres acusados M.A.F. comenzó a acariciarla mientras que M.A.C.O. se desnudaba.

Además de la pena de prisión la Fiscalía reclama que los acusados indemnicen con 30.000 euros a la víctima, que como consecuencia de estos hechos sufre ansiedad y estrés postraumátrico. Asimismo, solicita que se imponga a cada acusado la prohibición de aproximarse a la joven a menos de quinientos metros, así como de comunicarse con ella durante quince años. La Fiscalía pide también que se les aplique la medida de libertad vigilada durante seis años cuando cumplan la pena de prisión.

Ante el tribunal, los acusados han tratado de achacar la responsabilidad de los hechos a la víctima. "Fue ella quien llevó la iniciativa", ha declarado Ricardo A.M. Las suyas han sido las únicas declaraciones que este martes ha escuchado el tribunal, ante el que el miércoles declararán la víctima y los testigos.

En las cuestiones previas al juicio, las defensas han reclamado que se anule la prueba relativa a las conversaciones extraídas de los teléfonos de dos procesados en fechas anteriores a los hechos, ya que consideran que los datos han sido manipulados por la Guardia Civil.

En contra de la posición de la fiscal, han esgrimido que la extracción de estas conversaciones no tuvieron la cobertura legal requerida y carecían de "base normativa", subrayando que su obtención provocó una indefensión sobre sus patrocinados. También han alegado vulneración por quebranto de las garantías procesales de sus clientes, ya que no hubo principio de contradicción con la victima. Así, han señalado que ninguna defensa pudo interrogar a la denunciante, lo que les impidió contrastar sus afirmaciones en contra de sus clientes.