Vientres de alquiler: sí, pero no aquí

MADRID.- Para el centro-derecha político es un modelo "basado en la libre determinación del ser". Para la izquierda, una "vulneración de los derechos de las mujeres". Y para muchos de los que viven al margen del debate parlamentario, una posibilidad de lograr lo que más desean. La gestación subrogada —más conocida como los vientres de alquiler— es una técnica de reproducción asistida en la que una mujer lleva el embarazo del hijo de otra persona y, como la mayoría de debates sobre salud reproductiva, no logra poner de acuerdo al arco parlamentario.

Esta división se escenificó recientemente en la Comunidad de Madrid, cuando la Asamblea rechazó la Proposición No de Ley (PNL) de Ciudadanos que pedía regular esta técnica —hoy prohibida en España pero contemplada en la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida— para que cualquier tipo de familia pueda acceder a estos tratamientos en nuestro país y se garantice la seguridad jurídica y los derechos de todos los implicados. El texto incluía una enmienda del PP para "prohibir el lucro" del proceso, pero fue rechazada por el PSOE y Podemos. La división incluso se hizo patente en el seno de los partidos: en el PP, un diputado votó en contra y dos se ausentaron. Igual que una parlamentaria del PSOE, que tampoco pulsó el botón. 

Ángela (nombre falso), votante del PSOE que ahora simpatiza con Podemos, no daba crédito: "Tanto años luchando porque nos dejen decidir lo que hacemos con nuestro cuerpo en el caso del aborto, pero si una mujer decide ayudar a otra con el suyo, ahí no nos dejan decidir", critica a Público. Ángela y su pareja, ambos entorno a la cuarentena, se adentraron en el universo de las alternativas a la maternidad biológica en 2012. Descartada esa vía, la primera opción a la que recurrieron fue la adopción nacional que gestionan las comunidades autónomas. En Madrid, el periodo de solicitudes se abrió por última vez en 2008. "En ese tiempo, de las 2.000 familias apuntadas en 2008, habían adoptado 300 y el cupo estaba cerrado". Fue entonces cuando se plantearon la maternidad subrogada, hoy en día sólo permitida en algunos estados de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, México, Rusia, Tailandia, Ucrania, Georgia y Kazajistán.

"En la universidad de San Francisco nos pedían 150.000 euros —para sufragar los viajes, la estancia, la hospitalización y el parto—, aunque el precio final está sujeto al número de intentos dado que el método no es seguro al 100%", recuerda Ángela. En ese caso, el dinero se entregaba íntegramente a la madre, una condición que, por ejemplo, en Gran Bretaña ya es obligatoria. En Estados Unidos, las mujeres gestantes tienen que ser madres y acreditar unos ingresos elevados para garantizar que ninguna mujer inicia este proceso por necesidad económica.   

Ángela: "En Estados Unidos nos pedían 150.000 euros por el vientre de alquiler, era como pedir otra hipoteca"

"Esa cantidad, 150.000 euros, era como pedir una hipoteca y no todo vale", argumenta Ángela. En India —donde desde el año pasado los vientres de alquiler están limitados a matrimonios indios infértiles— les pedían 50.000 euros y en Ucrania, aún menos. Recurrir a países en los que la pobreza empuja a muchas mujeres a someterse a este tipo de tratamientos no les convencía y finalmente desecharon la idea. También les influyó el hecho de que, una vez en España, constaría como padre del crío uno de los progenitores españoles y el otro debería adoptar al bebé. Eso se debe a que en 2010, una instrucción de la Dirección General de los Registros y el Notariado estableció que los niños nacidos mediante gestación subrogada podían ser inscritos como españoles en el Registro Civil si habían nacido en un país en el que la técnica estuviera regulada, si uno de los padres era español y si una sentencia judicial garantizaba la legalidad del proceso, algo que sólo sucede en Estados Unidos.

Sin embargo, en 2014, una sentencia del Tribunal Supremo lo cambió todo. El fallo estableció que este tipo de registros burlaban la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006 — que establece que "el contrato por el que se acuerda la gestación" (...) es "nulo a pleno derecho"— y se empezaron a paralizar y denegar inscripciones. Durante ese periodo sólo podía constar como progenitor uno de los dos miembros de la pareja y el otro deba adoptar al bebé, pero otra sentencia modificó de nuevo el escenario. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a Francia por no reconocer la paternidad de parejas que habían tenido hijos mediante un vientre de alquiler en Estados Unidos y fue entonces cuando el Ministerio de Justicia dio la orden de volver a permitir las inscripciones como se habían tramitado hasta entonces. Según la Asociación Son Nuestros Hijos, los consulados españoles registran alrededor de 1.000 niños y niñas nacidos en el extranjero por gestación subrogada.

"Mientras no sea un negocio [el Parlamento Europeo censura que el cuerpo humano sea objeto de lucro] y si simplemente se pagan los gastos derivados del embarazo y el parto, no entiendo que se prohíba", afirma Ángela, que considera que, tras la votación en la Asamblea de Madrid, se ha perdido la oportunidad de regular este tipo de maternidad. "Podrían haber debatido cómo hacerlo para garantizar que no haya beneficio económico, incluso se podría organizar a través de la Seguridad Social", propone.

Francia, Italia y Japón también prohíben los vientres de alquiler, mientras que países como Austria, Luxembugo o Finlandia la permiten pero no la regulan, como sucede en España con la prostitución. "Prohibiendo el lucro, yo entiendo que la gestación subrogada es un gesto de altruismo, como lo es la donación de órganos en vida y me rechina que se prohíba que una mujer ayude a otra". Colectivos feministas consideran este método "éticamente injustificable" porque las mujeres son tratadas como "máquinas reproductoras". 

Desechada la opción del vientre de alquiler, Ángela y su pareja probaron con la adopción internacional. Empezaron los trámites con Polonia, pero esperando a cumplir los tres años de casados que la legislación del país pone de condición para adoptar, se abrió de nuevo el cupo de adopciones en la Comunidad de Madrid y puede que en cuestión de meses tengan en casa a un bebé de hasta un año de edad.