"Este comité tiene utilidad cuando nos tomamos en serio las medidas", advirtió la secretaria de Estado de Igualdad este lunes, poniendo el foco en la necesidad de una respuesta por parte de todas las instituciones del Estado en la lucha contra la violencia machista y la puesta en marcha de las distintas medidas identificadas para conseguirlo.

Ángela Rodríguez hizo estas declaraciones en la rueda de prensa tras el comité de crisis que se reunió este lunes para analizar uno a uno los siete asesinatos por violencia de género del pasado mes de agosto. Se trata de la segunda reunión de este comité en el verano después de que en julio se registraran ocho feminicidios. Entre julio y agosto un total de 15 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, convirtiendo este verano en uno de los más letales desde que 2003, cuando se comenzaron a recopilar datos. 

Unos minutos antes, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, confirmaba que las dos mujeres asesinadas en Sevilla y en Jaén este domingo, habían sido reconocidas como víctimas de la violencia machista, por lo que la cifra desde principios de julio asciende a un total de 17.

A lo largo de las casi cuatro horas que duró el comité de crisis (el quinto que se convoca desde diciembre del año pasado), representantes del Ministerio de Igualdad, de Justicia, de Interior, la Fiscalía de sala sobre la violencia de género y representantes de diversas comunidades autónomas, revisaron caso por caso los siete asesinatos ocurridos a lo largo del mes de agosto para encontrar fallos y posibles mejoras para prevenir los feminicidios. 

Acompañamiento a las víctimas para recoger sus enseres

Del encuentro salieron alguna nuevas propuestas y se volvieron a poner sobre la mesa otras que ya habían sido debatidas en reuniones anteriores. Entre las nuevas iniciativas, Igualdad identificó la necesidad de crear protocolos de acompañamiento para las víctimas cuando éstas acudan a recoger sus enseres personales al domicilio. Dos de las víctimas de este pasado agosto fueron asesinadas en estas circunstancias. Para Igualdad, existe una "evidencia" de que es "un momento de riesgo" y que la protección y acompañamiento institucional en dichas circunstancias debería convertirse en una práctica habitual.

Otra de las medidas propuestas fue la de establecer un mayor control en los requisitos a la hora de obtener y renovar las licencias de armas, una medida que ya se resaltó en el tercer comité de crisis que tuvo lugar en junio pasado. El hecho de que una de las víctimas mortales en el mes de agosto lo fuera por arma de fuego, ha vuelto enfatizar la necesidad de esta medida y a que se realice "con perspectiva de género" tal como resaltó Rosell. 

Según datos de Igualdad, al menos seis mujeres de las 42 asesinadas a lo largo de 2023 lo fueron por armas de fuego. 

Consultadas en rueda de prensa sobre cuántas de las medidas anunciadas en los últimos cuatro comités de crisis se habían puesto efectivamente en marcha, Rodríguez respondió que una vez acordadas y aprobadas por Comisión Sectorial en la que están representadas diversas instituciones del Estado y las comunidades autónomas, corresponde a éstas y a los distintos poderes públicos asegurar su aplicación.

"Desde Igualdad hemos ido avanzando en las medidas propias de este ministerio y cambiando protocolos", afirmó Rodríguez, y añadió que que una vez aprobados los informes emanados de los comités de crisis, la responsabilidad de avanzar depende de las diversas instituciones que forman el Estado, desde las comunidades autónomas, pasando por los ministerios de Justicia o Interior. 

Advertir de los antecedentes de sus parejas 

Una de las medidas estrellas anunciadas por el ministro Grande-Marlaska en enero pasado, la de que las víctimas tuvieran acceso a saber si su pareja tiene antecedentes penales por violencia de género o si está incluido en el sistema policial de riesgo (Viogén), está en manos del Ministerio del Interior, aunque hasta el momento no han confirmado avances en dicha iniciativa ni cómo se puede poner en marcha.

"Necesitamos que cada institución sea una puerta de entrada para las víctimas", ha subrayado Rodríguez, que ha destacado que todos los empleados públicos, desde profesores, médicos, enfermeras, etc, deben tener formación en violencia de género y mecanismos para poder advertir del peligro que puedan estar sufriendo las víctimas, más allá del análisis policial del riesgo. ​

Rodríguez desveló que otras de las medidas debatidas en el comité de crisis tiene que ver con la situación de las mujeres migrantes víctimas de violencia machista, para las que ha pedido ampliar la mediación intercultural. También ha anunciado que se ha puesto el foco sobre las mujeres víctimas de adicciones, las mujeres mayores, aquellas con problemas de salud mental y en situación de pobreza.