Expertas y responsables políticas reconocen que el propio Estado ayuda a perpetuar la violencia vicaria

La violencia vicaria (es decir, la que ejercen los maltratadores contra sus hijos e hijas para perpetuar la violencia hacia sus parejas) y la violencia de género institucional (la que provocan los órganos del Estado contra las mujeres por el hecho de serlo) son las dos caras de una misma moneda y se necesitan mutuamente para existir. En el fondo de esta simbiosis se encuentran dos causas principales: la persistencia de los estereotipos y prejuicios sexistas y el hecho de que los avances legislativos no se llevan a la práctica con la celeridad y la eficacia necesarias. 

Así lo manifestaron muchas de las expertas reunidas en el I Encuentro Estatal sobre violencia vicaria y violencia de género Institucional, que congregó este fin de semana en Mérida a representantes políticas e institucionales, organizaciones de la sociedad civil y expertas de los ámbitos de la psicología, el derecho y la sanidad. Al acto acudieron también medio centenar de 'madres protectoras' llegadas desde todos los rincones del país. Entre las asistentes figuraban la Delegada del Gobierno contra la violencia de género (Victoria Rosell), la Fiscal de Sala contra la violencia hacia las mujeres (Teresa Peramato Martín), la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop y Dorothy Estrada Sanz, Miembro del Grupo de Trabajo de ONU sobre Discriminación contra Mujeres y Niñas.

En el encuentro participó también Reem Alsalem, Relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, en la que es su primera visita a España desde que desempeña este cargo. Alsalem y otros relatores de Naciones Unidas han enviado varias comunicaciones a España en los últimos meses interesándose por distintos casos como el de Irune Costumero o el de Diana García M. En sus escritos, la relatora pedía explicaciones a España por aplicar el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) y afirmaba que parece existir un "patrón estructural" en la justicia española que desprotege a los niñas y niños y culpabiliza a las madres que se atreven a denunciar abusos contra los menores cometidos por sus progenitores.

"Si bien hemos tenido grandes avances en el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres, no existe una adecuada correspondencia entre las conquistas legales alcanzadas y la realidad cotidiana, persistiendo en muchos operadores el sistema judicial, en los servicios sociales, equipos psicosociales y otros profesionales, marcos de referencia e interpretativos plagados de prejuicios sexistas, generadores de discriminación y, en demasiadas ocasiones, de sufrimiento inmenso y vidas destrozadas de mujeres, sus hijos e hijas", afirma el comunicado final del encuentro de Mérida. Un evento que congregó presencialmente a casi 300 personas y fue seguido en algunos momentos a través de las redes sociales por hasta un millar más.

Una quiebra del Estado de Derecho

Para las organizaciones participantes, esta violencia institucional constituye una quiebra del Estado de Derecho. "Los datos y las experiencias constatadas por profesionales, responsables de instituciones públicas y asociaciones de acompañamiento a las víctimas, avalan que nuestro estado de Derecho, lamentablemente, no está funcionando en innumerables casos de mujeres, niños y niñas víctimas de violencia de género e incesto", afirman en  uno de los  documentos de trabajo elaborados durante el encuentro.

"Existe una relación directa entre la violencia vicaria y la violencia de género institucional. La violencia vicaria existe porque las instituciones lo permiten", afirmó Sonia Vaccaro, psicóloga clínica experta en violencia de género. En su opinión, la violencia vicaria se da cuando el padre ve a los hijos e hijas como objetos a través de los cuales puede seguir haciendo daño a su expareja. Otra forma de seguir manteniendo el maltrato hacia las madres son las denuncias múltiples: "La consigna es denunciar, denunciar y denunciar, lo que termina por agotar a la mujer física, psicológica y económicamente. En América Latina esta figura tiene el nombre de querulantes. El problema de las instituciones es que siguen poniendo la relación paterno-filial por encima del bien superior de las niñas, niños y adolescentes", añadió Vaccaro en su análisis de situación.

El caso de María Salmerón ejemplifica a la perfección esta violencia permitida por la Justicia

El caso de María Salmerón, a quien una jueza dio la semana pasada 15 días para entrar en prisión, ejemplifica a la perfección esta violencia permitida por la Justicia. Esta madre sufre desde hace más de 20 años un calvario judicial de denuncias, algunas de las cuales han acabado en condenas de prisión. Tres de ellas fueron impedidas por sucesivos indultos aprobados por gobiernos del Partido Popular. El último indulto solicitado ha sido denegado el 26 de abril por el Gobierno de coalición de izquierdas, en un Consejo de Ministros en el que la medida de gracia no fue debatida al ser presentada por Justicia dentro de un paquete de medidas que supuestamente no precisaban debate.

La obediencia debida de proteger

Tal como explicaban algunas expertas, existe muy poco conocimiento en el sistema de Justicia de nuestro país sobre el derecho internacional. Por ejemplo, la recomendación número 35 del Comité para la Eliminación de las Discriminaciones contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) establece la diligencia debida de los estados. Es decir, la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquier persona, organización o empresa. Es decir, "los estados partes serán considerados responsables en caso de que no adopten todas las medidas apropiadas para prevenir, investigar, enjuiciar, castigar y ofrecer reparación y poner los medios para garantizar la no repetición de la violencia por razón de género contra la mujer".

Estas exigencias contenidas en los tratados internacionales ratificados por España, pasan de forma inmediata a convertirse en leyes nacionales de obligado cumplimiento. España ya fue condenada por la CEDAW en 2014 por el caso de Ángela González Carreño. Esta madre tuvo que pleitear más de 15 años contra el Estado hasta que el Tribunal Supremos, reconoció que el Estado había fallado en el caso del asesinato de su hija Andrea a manos de su expareja. Ella había solicitado en cerca de 50 denuncias que el padre no tuviera visitas no vigiladas con su hija. Ninguna fue atendida y el padre acabó asesinando a la menor en una de ellas.

"No creer el relato de las mujeres o de los niños y niñas cuando denuncian es violencia institucional y se produce con mucha frecuencia", afirmó la jurista Altamira Gonzalo experta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. "Es un descreimiento fruto del prejuicio de que los niños mienten. Es violencia institucional recortar los recursos contra la violencia de género y obligar a cumplir las visitas con padres sin averiguar por qué los menores se niegan a verlos. Es violencia institucional el arrancamiento violento de niños por parte de las instituciones. También lo son los informes de los puntos de encuentro familiares que valoran al padre y llaman alienadoras a las madres y las acusan de obstaculizar la relación paterno-filial. Es violencia aplicar el SAP en los juzgados de familia", añade Gonzalo.

"El problema no es de instrumentos legales", afirmó la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, quien participó en el encuentro por vía telemática. "El problema es de aplicación, o mejor dicho de inapliacación de la ley". Con los mismos mimbres es muy difícil hacer diferentes cestos", añadió.

La ley de protección a la infancia aprobada en junio de 2021, incorpora una serie e medidas, como la prohibición a que los jueces concedan derecho de visitas a progenitores inmersos en denuncias o un procedimiento por violencia de género o doméstica. Otro de los avances, es el hecho de que la ley expresamente dice que los poderes públicos deben garantizar que no se utilicen  el SAP y otras teorías sin base científica, que suponen por sí mismas una discriminación de sexo.

Teresa Peramato: "El SAP no se ha prohibido legalmente, pero la ley dice que los poderes públicos deben evitar que se use"

La Fiscal de Sala de violencia sobre la mujer, Teresa Paramato, declaró que acudía a la cita para "escuchar a todas las asociaciones, a las víctimas que nos trasladen sus exigencias, sus inquietudes y sus quedas y a dar respuesta dentro de lo se pueda desde la Fiscalía del Estado". Durante su intervención, dentro de una mesa que agrupaba a las representantes institucionales con representantes de mujeres víctimas de violencia institucional, la fiscal afirmó que "el falso SAP no es sólo un maltrato hacia la mujer, sino que también es un maltrato hacia los hijos y las hijas. Es una carrera de obstáculos continua", explicó. Y añadió que "el SAP no se ha prohibido legalmente, pero si que dice la ley que los poderes públicos deben evitar que se use".  

Por su parte, Reem Alsalem, Relatora especial de la ONU sobre violencia hacia la mujer, afirmó que venía a escuchar en primera persona y tratar de entender lo que sucede con las madres en el contexto de la justicia española. "Los prejuicios influyen en los casos relativos a la violencia vicaria o violencia contra la madres. No solo mi departamento, sino también la CEDAW han recomendado encarecidamente a España y otros países que sea de obligado cumplimiento la educación con perspectiva de género de todos los operadores judiciales y psicólogos", afirmó.

El encuentro tenía por finalidad poner en común las consecuencias de la violencia vicaria e institucional de género, evaluar cómo está la situación en este ámbito, escuchar a las distintas representantes y marcar una hoja de ruta para acabar con este tipo de violencias. 

No hay estadísticas

No existen estadísticas concretas sobre este tipo de violencia institucional. Ana María González Lupión, presidenta de la asociación Mujeres libres, mujeres en paz, una de las que ha promovido el encuentro, afirmó que sólo en Extremadura tienen conocimiento fehaciente de unos 30 casos, pero que "seguramente los reales serán muchos más". Hace unos meses, la Plataforma Madres Protectoras afirmó haber contabilizado unos 400 casos a lo largo y ancho del Estado, pero alertó de que el miedo de las mujeres a hablar hace pensar que esto sólo es la punta del iceberg. Por este motivo y para poder hacer una mejor labor de protección, las organizaciones exigen que se ponga en marcha algún tipo de registro. 

Aunque todas las expertas apuntan a que la Justicia es uno de los ámbitos por donde se cuelan las discriminaciones, la violencia institucional contra la mujer comienza mucho antes, por parte de los equipos psicosociales, muchos de los cuales en lugar de constituir espacios seguros y de buscar la reparación de las víctimas, actúan como peritos que valoran la credibilidad del relato de estas mujeres y sus hijos e hijas. Aquí es donde, en muchas ocasiones, comienzan a torcerse las historias de muchas mujeres y niños cuando denuncian la violencia de género o los abusos sexuales de los padres hacia los hijos.

La abogada Carmen Simón, defensora de Sara B. B. y de otras mujeres que llevan años siendo culpabilizadas en el sistema de Justicia, explicó detalladamente cómo se produce la desprotección de las víctimas. Simón afirma que cuando una mujer decide poner una denuncia por estas causas o la pone de oficio el colegio o el centro sanitario, el juez la deriva a los equipos psicosociales adscritos a los juzgados, "que son pocos, sin especialización en infancia ni en  violencia de género".  En su opinión, "muchos de estos informes son un copia y pega y al final suelen incluir: "no se descarta ganancia secundaria por la madre". Pero, ¿qué ganan una mujer y sus hijos que sufren violencia? "A lo que se refieren es a que la mujer en un proceso de divorcio se quiere quedar con la casa, el coche y los hijos. A eso es a lo que hacen referencia con ese informe", explica Simón.

"El 90% de las denuncias de las madres se archivan por jueces que no tienen conocimiento de infancia ni de violencia de género, por el simple hecho de tener un informe de profesionales de su juzgado que afirman que no hay abusos. Luego el agresor denuncia a la madre por desobediencia, sustracción, detención ilegal, incumplir órdenes de visitas...". Esta abogada resalta que es importante entender dónde está el fallo, dónde se ha torcido la historia. "Lo que no tienen sentido es cuando las mujeres o sus hijos sufren maltrato se las acuse de estar instrumentalizando a los hijos, porque las denuncias coinciden con el momento de las separaciones y esto provoca que no se las crea", afirma Simón. 

Medidas concretas: crear una comisión independiente

Organizaciones y participantes exigieron medidas concretas para avanzar en la erradicación de la violencia vicaria e institucional hacia las mujeres. Entre ellas, la creación de una comisión de investigación independiente formada por personas expertas en violencia de género, maltrato sexual e intrafamiliar hacia los menores y Síndrome de Alienación Parental. Además se propuso incluir en las estadísticas de los juzgados toda la información sobre violencia sexual intrafamiliar y maltrato y custodias de niños y niñas, así como crear un registro unificado sobre casos de violencia sexual intrafamiliar.

En materia de formación y sensibilización, se propone poner en marcha un plan de formación obligatoria en violencia de género , violencia sexual y maltrato  infantil para todos los profesionales que vayan a trabajar con víctimas de este tipo de violencia. Una larga lista de acciones que, según las personas congregadas en este encuentro, debe poner en marcha la sociedad civil con apoyo de las instituciones públicas para poder erradicar de una vez por todas las violencias vicaria y de género.