El drama de las ayudas a víctimas de delitos violentos y sexuales: se deniegan tres de cada cuatro solicitudes

Susana (nombre ficticio) fue víctima de abusos sexuales continuados por parte de un hombre de su entorno cuando tenía 14 años. A raíz de una agresión sexual se quedó embarazada de él. Lo denunció y los magistrados de la Audiencia Provincial de Murcia, ante la gravedad de los hechos, condenaron al responsable a siete años de cárcel y a indemnizarla con 90.000 euros. Sin embargo, el agresor se declaró insolvente y Susana no recibió ni un céntimo.

Por aquella agresión estuvo en tratamiento psicológico en una asociación de protección a la infancia durante, al menos, ocho meses. Al ser menor de edad y estar profundamente afectada por lo sucedido no podía ni estudiar ni trabajar.

En ese momento, su abogada, Laura Tafalla, decide investigar las ayudas disponibles para víctimas de violencia sexual y da con unas de las principales. Las indemnizaciones que ofrece el Gobierno en aplicación de la ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Sin embargo, el Estado le denegó la ayuda.

El caso de Susana no es una excepción. El Gobierno deniega tres de cada cuatro solicitudes a este tipo de ayudas, según muestran los datos de peticiones y concesiones en los últimos 15 años. Estos datos han sido obtenidos por Público tras varias solicitudes de información ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es el encargado de gestionar estas prestaciones en la actualidad.

La media histórica desde 2009 es la denegación del 72,80% de ayudas solicitadas, aunque en los últimos años la cifra se acerca aún más al 75%. En 2023 se resolvieron en un sentido u otro 343 solicitudes. Se denegaron 254: el 74,05%. Por contra, se concedieron 89, la cifra más baja en este tiempo.

Desde 2009 se han denegado el 72,80% de ayudas, que se pueden solicitar por varios motivos, como incapacidad o gastos terapéuticos

Estas ayudas económicas se destinan a víctimas de delitos violentos, abusos y agresiones sexuales por varios motivos. Por un lado, las víctimas directas del delito pueden optar a ayudas por incapacidad, invalidez o gastos terapéuticos —este último solo en caso de las víctimas de delitos sexuales—. Para pedir estas prestaciones se tiene que acreditar haber sufrido daños a la salud física y/o mental, ya que están destinadas a "restablecer" la situación de la víctima anterior al delito.

Por otro lado, las víctimas indirectas —como hijos o padres— pueden optar a prestaciones en caso de fallecimiento. Además, en el caso de víctimas menores o incapacitadas, también se pueden subvencionar los gastos funerarios.

Hay que tener en cuenta que, en el momento en el que Susana se plantea pedir estas ayudas, no se podían solicitar si se había recibido una indemnización completa por parte del agresor —esto se modificó luego con la ley del solo sí es sí—. Por ello, en cuanto la abogada conoce la falta de solvencia de los condenados, decide pedir la ayuda para la víctima.

En su caso, solicitan la de incapacidad, que sirve como medida compensatoria para las víctimas que durante un tiempo posterior al delito no pueden trabajar ni hacer vida normal. La abogada de Susana pidió para la víctima 7.916,50 euros siguiendo los criterios establecidos para la ayuda. Una cantidad mucho menor a los 90.000 euros de indemnización que determinaba la sentencia judicial.

Una comisión para asistir a las víctimas que les deniega las ayudas

Susana solicitó la ayuda en 2018. Al año siguiente el Ministerio de Hacienda, de quien dependían entonces estas ayudas —es en 2020 cuando pasan a Inclusión, Seguridad Social y Migraciones—, se la rechazó. La víctima y su abogada decidieron recurrir.

Según la normativa, el primer paso cuando a una víctima se le niegan este tipo de ayudas, es interponer un recurso ante la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. Tafalla se dirigió a este organismo, pero la comisión denegó la reclamación que habían interpuesto.

La comisión consideró que el informe que acreditaba la incapacidad de la víctima no era el adecuado. El reglamento pide para ese tipo concreto de ayuda que se demuestre el daño sufrido mediante el informe que haya realizado el médico forense durante el proceso judicial por el que se declara culpable al agresor. La abogada adjuntó uno distinto: el de la organización que prestó asistencia psicosocial a la víctima. Por ello, la comisión entendió que la documentación no certificaba "una situación de incapacidad".

La Comisión Nacional de Ayuda a las Víctimas de Delitos Violentos ha denegado 70 reclamaciones y solo ha estimado dos

De nuevo, el caso de Susana no es una excepción. A pesar del nombre de la comisión, este organismo no acostumbra a conceder ayudas a las víctimas. De hecho, desde octubre de 2020, cuando la comisión pasa a depender de Inclusión, solo ha concedido dos. Ha denegado otras 70 reclamaciones e inadmitido una. A cierre de 2023, les quedaban otras tres en estado de tramitación, según los datos obtenidos por Público al amparo de la ley de transparencia.

"La respuesta de la comisión era un automatismo", explica la abogada de la víctima

Tafalla explica a Público que tras ese fin de la vía administrativa, no les quedó otra que recurrir a la Justicia. Ahora, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), les da la razón y obliga al Estado a conceder la ayuda. "La respuesta de la comisión era un automatismo. ¿Cómo valoran ellos que mi representada no pudo hacer sus actividades diarias durante menos de seis meses?", denuncia la abogada.

El TSJMU falló que la comisión resolvió el caso de Susana con "un excesivo formalismo". La Justicia aseguró que el Estado se limitó "a denegar la ayuda por la naturaleza de la documentación presentada", sin tener en cuenta que ese informe —que el TSJMU califica de "exhaustivo"— fue el que se utilizó precisamente en el caso de Susana para declarar culpable a su agresor.

Tafalla reclama, en declaraciones a Público, la necesidad de que el Estado "refuerce" las ayudas a víctimas de violencia machista o sexual cuando estas no perciben una indemnización del condenado.

"Tenemos una menor de edad que ha sido abusada sexualmente, que, además, quedó embarazada teniendo que hacerse cargo ella sola del bebé, a la que le han reconocido 90.000 euros de indemnización. Pero no ha podido cobrar por la insolvencia del penado y, encima, ha tenido que gastar dinero en presentar una demanda contra el Estado para poder recuperar ni tan siquiera un 10% de la indemnización", explica la letrada.

Desde 2018, el 62,47% de los solicitantes de estas ayudas han sido mujeres

Tafalla hace alusión a las víctimas de violencia machista, pero no son las únicas que tienen derecho a este tipo de prestaciones. Las ayudas están dirigidas a las víctimas de delitos violentos o contra la libertad sexual. Tanto hombres como mujeres. Sin embargo, desde 2018, el 62,47% de las solicitantes han sido mujeres.

Esa mayoría femenina no es extraña. Entre los delitos violentos se consideran, por ejemplo, los asesinatos o agresiones que resulten en lesiones o daños graves para la salud. Esto es algo que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Pero también se incluye en estas ayudas a las víctimas de abuso o agresión sexual. Las mujeres son las principales víctimas de este tipo de delitos. Aunque entre los solicitantes también puede haber víctimas indirectas, como cónyuges, hijos o padres de personas que hayan sido asesinadas.

Cada vez menos solicitudes: desconocimiento y miedo al juicio social

De todos modos, las solicitudes de estas ayudas han caído tanto por parte de mujeres como de hombres. En concreto, en 2023 se presentaron 472 solicitudes. En 2009 hubo 769. El descenso ha sido de un 38,62%. El número de peticiones es aún más bajo si se compara con los datos de delitos anuales. En 2022, según las últimas estadísticas de criminalidad del Ministerio de Interior, hubo 19.013 delitos sexuales. A los que, además, aún faltaría sumar el resto de delitos violentos.

Entre las causas de las pocas solicitudes, que llevan más de una década en constante descenso, podría estar el desconocimiento de este tipo de ayudas, pero también el miedo que acarrean las víctimas a ser juzgadas por pedir una indemnización. Susana es una de esas víctimas que desconocía la existencia de estas ayudas. En su caso, un buen asesoramiento jurídico se volvió clave para poder solicitarla.

"Hablamos de una víctima de abusos sexuales que era menor, extranjera y desconocía la ley. La falta de información y la vulnerabilidad inherente a su situación la habían dejado desprovista de acceso a estos recursos", explica Laura Tafalla.

También opera el miedo a no ser creídas. "Se dice que si denuncian, es para conseguir dinero; y que la agresión sexual es mentira. O que lo hacen para acceder a recursos laborales o sociales con prioridad", explica Marta Simón, trabajadora social forense en casos de violencia machista.

"A nadie se le ocurre pensar que una víctima de accidente de tráfico quiere denunciar para sacar más dinero", critica Marta Simón

Este es el caso de la víctima del exfutbolista Dani Alves que, en un primer momento, renunció a la indemnización para no ser cuestionada a la hora de la denuncia. "Esto no ocurre con ningún otro delito. A nadie se le ocurre pensar que una víctima de accidente de tráfico quiere denunciar para sacar más dinero", recalca Simón.

Cada vez menos concesiones y cuantías "muy bajas"

Entre el descenso en las solicitudes y la gran tasa de denegación de las mismas, cada vez se conceden menos ayudas. Tanto en 2023 como en 2021 se han otorgado menos de un centenar. Estos dos años también han sido los primeros en los que el Estado ha invertido menos de dos millones de euros en estas prestaciones.

Hace una década, en 2013, se llegaron a conceder 244 ayudas, casi el triple de las que se dan ahora. El descenso es claro y acusado desde hace ya años, especialmente a partir de 2018. El récord de dinero desembolsado para estas prestaciones se dio en 2015, cuando se concedieron 5,23 millones de euros.

Un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) sobre la reparación a las víctimas de abuso sexual infantil publicado en 2022 por los investigadores Laura Arantegui y Josep Maria Tamarit analizaba las ayudas para cubrir "gastos terapeúticos" desde 1998 a 2018. Es uno de los cinco tipos de prestación: el que se concede únicamente a víctimas de delitos sexuales.

"La situación de las ayudas previstas en la ley es pésima y la mayoría se deniegan"

El informe mostraba que en esos años se habían denegado el 80% de solicitudes a ese tipo concreto de ayudas y que la cantidad media que se otorgaba a quienes sí se les concedía era de solo 1.375 euros. "La situación de las ayudas a las víctimas previstas en esta ley es pésima. El número de solicitudes es muy bajo, la mayoría se deniegan y las cantidades en los pocos casos en los que se otorgan son muy bajas", explica a Tamarit, autor del informe y catedrático de Derecho Penal de la UOC.

"Una sentencia de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que una compensación de 4.800 euros acordada en Italia a favor de una mujer víctima de agresión sexual no satisfacía las exigencias de una compensación justa y proporcionada. La cantidad media otorgada en España es muy inferior", detalla en declaraciones a Público.

Una conclusión que también comparte la abogada de Susana. Laura Tafalla recuerda respecto al caso de su defendida: "Esos casi 8.000 euros no son ni el 10% de lo que debía percibir". Según la letrada, en el caso de Susana falló "la efectividad" de esta ayuda, puesto que a día de hoy y después de casi seis años de iniciar el proceso, todavía no ha recibido el dinero de la misma. La abogada explica que están solicitando al Estado que ejecute cuanto antes la sentencia.

En los últimos cinco años la dotación media recibida por quienes sí han conseguido cobrar estas ayudas ha sido de 22.708 euros, según los datos del ministerio obtenidos por Público vía ley de transparencia.

El promedio otorgado por gastos terapéuticos es de 820 euros; el de incapacidad, de 5.754

Pero no son lo mismo unas prestaciones que otras. De media, por invalidez se han dado 29.542 euros y por fallecimiento —a las víctimas indirectas—, 25.928. En cambio, el promedio de las ayudas por incapacidad ha sido de solo 5.754 euros; el de gastos funerarios, de 1.951; y el de gastos terapéuticos, de 820.

De hecho, recientemente el Defensor del Pueblo criticaba en el informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica las pocas ayudas otorgadas para gastos terapéuticos y el bajo importe de las mismas. "Los datos muestran una situación absolutamente insatisfactoria, que puede ser debida, en buena parte, a la falta de información de las personas afectadas e indica una deficiencia general respecto a los procedimientos para asegurar que las víctimas reciban información sobre sus derechos", concluía.

Las ayudas para gastos terapéuticos están entre las que menos se otorgan. Desde 2009 el Estado ha concedido un 12,45% de las solicitudes que ha recibido para esta prestación concreta. El dato es aún más bajo para las de incapacidad —8,92%— y las de gastos funerarios —6,37%—. En cambio, se otorgan mucho más las prestaciones por fallecimiento —45,71%— y por invalidez —31,96%—.

"Las reformas legales de los últimos años no han abordado en serio el tema de la compensación a las víctimas"

De cualquier modo, las expertas coinciden en que las cuantías son bajas para hacer frente a la reparación del daño. "Ninguna de las reformas legales habidas en los últimos años han abordado en serio el tema de la compensación a las víctimas. El legislador ha preferido orientarse sobre todo hacia lo simbólico y lo de mayor impacto político-mediático", apunta Tamarit.

El experto cree que se debería trabajar en varios puntos para solucionar la eficacia de estas ayudas. Destaca dos en los que considera que se debería actuar con especial urgencia: mejorar la información dada a las víctimas sobre la existencia de las prestaciones y crear un órgano independiente que evalúe su concesión.

"Se necesita una modificación legal que cree un órgano autónomo que resuelva las solicitudes, amplíe el plazo para pedir las ayudas y aumente las cantidades mediante un baremo que prevea compensaciones proporcionadas. Además, el organismo tiene que poder gestionar la ejecución tanto de las compensaciones dictadas en vía judicial como de las resueltas en vía administrativa", resume el investigador.