Condenan a un año y medio de prisión a siete activistas por participar en la huelga feminista de 2018

Siete activistas del colectivo 8 Mil Motius han sido condenadas a un año y medio de prisión por realizar una protesta pacífica en la que ocuparon las vías del tren en la intersección entre Barcelona, Terrassa y Sabadell, durante la huelga general feminista del 8 de marzo de 2018. Además de la pena de cárcel, deberán pagar más de 26.000 euros de indemnización, una suma reclamada por la compañía ferroviaria afectada.

Durante la protesta, las activistas interrumpieron la circulación ferroviaria por cerca de dos horas. Siete de ellas fueron identificadas por las fuerzas de seguridad y posteriormente enfrentaron un juicio en el que se les ha impuesto lo que su grupo de apoyo califica como "la condena más grave de los últimos años contra el movimiento feminista".

La sentencia emitida por el Juzgado Penal número 3 de Terrassa llega cuatro meses después del juicio, que tuvo lugar en mayo. La abogada defensora Laia Serra ha criticado las decisiones del juez de instrucción, del Juzgado de Instrucción número 5 de Rubí, calificándolas de "absolutamente desproporcionadas", y argumenta que otro magistrado habría archivado el caso. La Fiscalía solicitó inicialmente tres años de prisión para las activistas, acusándolas de desórdenes públicos y sabotaje en infraestructuras ferroviarias.

La sentencia también impone a los activistas el pago de las costas judiciales y las inhabilitaciones durante un año y medio para ejercer el derecho de sufragio pasivo, lo que les impide presentarse como candidatas en procesos electorales. Desde el grupo de apoyo a las condenadas, denuncian que esta decisión representa "un ataque al derecho de huelga de las trabajadoras y al derecho a la protesta", y la enmarcan dentro de "la oleada represiva" actual.

El Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Irídia ha manifestado su preocupación a través de sus redes sociales, señalando que la condena es un reflejo de "prácticas abusivas" dirigidas contra los movimientos sociales. Irídia advierte que estas acciones "limitan el espacio de la sociedad civil para ejercer el derecho a la protesta", y subraya el impacto negativo que este tipo de sentencias tiene sobre la participación cívica y las libertades democráticas.