Repsol y el Nunca Máis del Océano Pacífico

El 19 de noviembre de 2002 el casco del buque petrolero Prestige, cargado con 77.000 toneladas de crudo, se partió por la mitad y se hundió frente al litoral gallego, tiñendo de negro más de 2.000 kilómetros de costa y sellando la mayor catástrofe medioambiental de la historia del país. Veinte años y 9000 kilómetros más allá, en Perú, una operación de descarga en la Refinería La Pampilla S.A.A. (Relapasaa), subsidiaria de la petroquímica española Repsol, originaba un vertido de más de 11.000 barriles de petróleo en el distrito de Ventanilla, provincia de El Callao, uno de los núcleos poblacionales más desiguales del país. La mancha oleosa se desparramó a través de 80 kilómetros de costa y alcanzó otros cuatro distritos, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay.

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Ni la distancia temporal ni la localización geográfica hacen desaparecer los puntos en común de ambas tragedias medioambientales. Ayer y hoy, un patrimonio natural herido de muerte. Un medio de vida destrozado. Miles de familias ligadas al sector marítimo-pesquero a la intemperie. Ayer y hoy, dejadez e ineptitud de las administraciones en la gestión de la catástrofe. La inestimable acción de los voluntarios. Ayer y hoy, también, la lucha de un pueblo que se sobrepone al shock inicial y decide que no va a tolerar la mentira. Y ayer y hoy, mucho que perder.

"Lo que está en riesgo es nuestra cultura, lo que mi padre me transmitió a mí y lo que yo le transmitiré a mis hijos. Eso tiene que prevalecer". Habla Luis Antonio Díaz Barroso, de 24 años, tercera generación de marineros de su familia y presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito de Aucallama.

Díaz Barroso evoca la catástrofe desde el mercado de Santo Agustín de A Coruña, una de las paradas de la gira que, bajo el lema RepsolHazteCargo, recorrió distintas ciudades del Estado y promovió una manifestación frente a sede de la petrolera en Madrid al amparo de la asociación Entrepueblos/Entrepobles, para visibilizar el desastre ambiental y social que amenaza con la desaparición de la pesca artesanal en el Perú, demandar a Repsol que asuma responsabilidades y, sobre todo, coger aliento a través del intercambio de experiencias con actores de otras latitudes que han pasado por trances similares, y que pueden acreditar que existe un final. Y en Galicia, claro, pudieron encontrarlos.

Un cuarto de siglo en la actividad pesquera

Junto a Luis Antonio Díaz escucha Zenón Gallegos, que llegó al cuarto de siglo en la actividad de la pesca artesanal con el sabor amargo en la boca y olor a fuel en sus capturas. Gallegos preside la Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales del puerto de Chancay, un distrito de 62.000 habitantes y que hasta no hace mucho fue una villa pesquera de muelles de madera y cebicherías, y que hoy se prepara para dar cobijo a un megapuerto colosal que está llamado a cambiar las inercias del comercio en América Latina. Pero por el momento, en Chancay se vive de pescar. «Como pescadores, ejercemos nuestra actividad en la pesca extractiva y la captura de especies marítimas. El mar del Perú es un mar rico, con gran biodiversidad de recursos. De eso vivimos», comenta Gallegos.

Las consecuencias de los derrames fueron medioambientales, con un impacto de 11.600 hectáreas, un área que comprende 48 playas y dos áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y la Zona reservada de Ancón. Los vertidos fueron responsables de la muerte de más de un millar de ejemplares de especies animales, algunas de ellas en peligro de extinción; pero, como suele suceder, los ecos del petróleo, más allá de la afectación al medio, redundaron en la ya endeble economía del sector pesquero de los distritos afectados.

Las consecuencias del derrame se desparramaron, en paralelo al avance del petróleo, por toda la cadena de empleos y puestos de trabajo generados la raíz de la actividad pesquera. De los intermediarios minoristas y mayoristas, a las asociaciones de mujeres que tratan y limpian el pescado, los transportistas, empleados de logística de los muelles, comerciantes, trabajadores del sector turístico. Un efecto dominó que hizo que nadie saliera indemne de la catástrofe.

"Todas esas actividades quedaron paralizadas por este ecocidio. Es una economía quebrada. Nos quedamos sin trabajo, pero no solo eso: algunas familias quebraron por la situación de estrés al no poder dar de comer a los hijos", comenta Zenón Gallegos.

Los pescadores del litoral peruano se sienten abandonados por el Estado y engañados por Repsol. Al primero le achacan incompetencia al no ser capaz de hacer frente a la urgencia social desatada por la catástrofe. En un principio, el estado acordó entregar una cesta de productos alimentarios básicos a las familias afectadas y bonos mensuales de 1.000 soles. En una segunda fase, se dispuso que se haría entrega las víctimas de 2.000 soles mensuales con cargo a la indemnización que se tramitaría más adelante con la empresa, un proceso atascado por la crisis política acontecida en el país durante el período posterior, que derivó en la indefensión de las víctimas.

Las cuantías pactadas, sin embargo, están lejos de cubrir las necesidades de las familias y el volumen de ingresos de las que éstas disponían antes de la catástrofe. La cadena de empleos indirectos que brota de la actividad de la pesca artesanal recibió compensaciones dispares al no considerar la empresa que la catástrofe había impactado en sus economías de manera pareja, y muchos se quedaron fuera por no ser capaces de acreditar el volumen real de sus ingresos.

A Repsol le reprochan un comportamiento negligente y una cadena de engaños y malas artes para dividir al asociacionismo del sector que, unido por una pretensión común, se organizó para hacer una todas las voces. La trasnacional, lejos de afrontar las consecuencias ambientales y económicas de los derrames producto de su actividad, quiso desvincularse, desde el inicio, de su responsabilidad.

La empresa acusó a la Marina de Guerra de no advertir de los oleajes anómalos, y culpó al buque que transportaba el crudo. Repsol acometió la limpieza de algunas zonas públicas afectadas, como playas accesibles, y en abril, tres meses después del derrame, declaró la finalización satisfactoria de las principales labores de limpieza. Para los pescadores, sin embargo, se escenificaba una paradoja que en Galicia a muchos se antojó familiar: mientras que la empresa afirmaba una limpieza satisfactoria, los acantilados y las playas seguían recibiendo mareas negras.

"Fue una limpieza mal efectuada. En playas como la de la Aucallama, el hidrocarburo quedó enterrado en el sedimento. Los oleajes no son suficientes para limpiarlo, pero sí para que aparezca en la superficie lo que está enterrado en el sedimento", lamenta Zenón Gallegos.

El resultado, una realidad maquillada: la empresa certificó 96 enclaves declarados libres de hidrocarburos, pero la verdad se esconde en las profundidades. "Cuando vuelven a sacar muestras, sale contaminación. Este radio de 100 kilómetros se mantiene contaminado permanentemente. Chancay se está llevando la peor parte", lamenta el Luis Antonio Díaz Barroso. De los 11.900 barriles arrojados al mar, Repsol solo pudo recuperar 2.500, pero sobre el papel, la realidad es otra. "Repsol difunde material vendiéndose como una empresa verde, pero es todo marketing. Las acciones que dicen haber promovido no se vieron reflejadas. El estado poco hizo", asevera.

Divide y vencerás

La situación de emergencia generada por la catástrofe y la lenta acción de la empresa y Gobierno para poner coto a las consecuencias del vertido no fue capaz, sin embargo, de replegar los ánimos de los trabajadores del sector marítimo-pesquero, que hicieron frente común para reclamar reparaciones económicas y medioambientales, pero también para afrontar la urgencia social de manera cooperativa. Ante la adversidad, comunidad.

Primero, con una respuesta similar a la que recibió Galicia en aquel 2002 aciago: la de los miles de voluntarios que se acercaron a las costas heridas para colaborar en las labores de limpieza y salvaguardar las especies afectadas. "Fue un gran esfuerzo, porque su labor tuvo muchas dificultades. Los voluntarios iban equipados con traje EPI para COVID, que no protegían frente al petróleo", cuenta Alejandro Chirinos, sociólogo y cooperante.

Chirinos conforma, al lado de Gallegos y Díaz Barroso, la tercera pata de la gira RepsolHazteCargo. Su papel, como director de la ONG CooperAcción y experto en dinámica marítimo-costera, es denunciar y visibilizar los estragos de la crisis humanitaria generada por la negligente actuación de la empresa.

El sociólogo puede testimoniar de primera mano la acción conjunta de las comunidades afectadas, no solo en la limpieza, también en el sostenimiento de las necesidades básicas de los hogares más abatidos por la coyuntura a través de mecanismos de solidaridad como la olla común. "En los primeros meses, las mujeres se organizaron para hacer frente a la crisis alimentaria a través de la olla común. El 80% de las capturas se destinan al comercio en la zona, el 15% al consumo familiar y el 5% a la solidaridad comunitaria en zonas como Ventanilla, donde pega el hambre. Los pescadores juntan los pescados del día para que la gente con menos recursos pueda alimentarse", relata Chirinos.

A pesar de que la presión de las asociaciones de pescadores y trabajadores del mar afectados consiguió arrancar algún compromiso de asunción de responsabilidades a Repsol, la intención de la petrolera fue, denuncian los afectados, la de fragmentar al asociacionismo y apelar cada acción sancionadora impuesta desde las administraciones.

La trasnacional adoptó en su proceder el mantra "divide y vencerás", acudiendo a zonas afectadas por el vertido para cerrar acuerdos de transacción extrajudiciales individuales con las víctimas, con el fin de restar fuerzas a la pretensión colectiva. Muchos, presos de la desesperación por la carestía en la mesa y por el hambre de sus hijos, optaron por firmar la propuesta de la empresa, que tasa las compensaciones económicas muy por debajo de las pérdidas reales.

Más de la mitad de las víctimas, cerca de 7.000, alcanzaron con la petrolera acuerdos individuales. "Rompió el bloque de los pescadores afectados, porque muchos pensaron que sí no firmaban, perdían todo, porque hay crisis y el Estado no tiene capacidad para hacerle frente. El acta era muy lesiva para los intereses de los pescadores. Muchos otros decidieron resistir y están luchando frente a la empresa", señala Chirinos. Denuncian que los representantes de la compañía se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de los firmantes, con actas que no respetaban las garantías del proceso.

"Hacían entrar a las víctimas al salón, les dejaban leer el acuerdo durante dos minutos y firmaban. No tienen siquiera una copia del acta", lamenta Chirinos. Ese compromiso lleva impresa, en la letra pequeña, un caramelo envenenado: al firmar, los afectados exoneran a Repsol de responsabilidades sobre el medio ambiente y reconocen la eficacia de las labores de limpieza.

Luis Antonio Díaz Barroso y Zenón Gallegos se encuentran entre esos últimos irreductibles que no quieren firmar. No les importan el dinero, defienden: quieren, por encima de todo, preservar su modo de vida, que consideran inherente a su identidad y a su cultura, hoy en riesgo de desaparición si no se acometen de manera seria, eficaz y competente las tareas de limpieza correspondientes.

Luis Antonio Díaz Barroso y Zenón Gallegos, cada vez más hartos, cada vez más cansados, encuentran, sin embargo, una chispa de esperanza en el mercado de San Agustín, en A Coruña, desde donde hilan el relato de lo acontecido, por enésima vez en esa gira interminable con la que buscan que la historia del mar del Perú no muera abajo de la capa negra de crudo. Lo encuentran en las palabras de un grupo de patrones, marineros y percebeiros coruñeses, que se acercan a escuchar, pero sobre todo a relatar que la historia tiene un final que no siempre es la derrota.

Hablan del Prestige, de Nunca Máis, de Burla Negra, de la mentira, de la manipulación y del relato. Hablan de solidaridad internacional, de miles de voluntarios vestidos de blanco sobre fondo negro, de la gente del mar haciendo comunidad para quitar chapapote con las manos, de la cooperación, de los vínculos y de la unión. Y en Perú, con el día, parece aparecer un nuevo sol.