WikileaksAbogados exigen al Gobierno de Reino Unido la puesta en libertad de Julian Assange

Un grupo de 152 abogados y académicos del derecho junto con 15 asociaciones de abogados, emitieron ayer una carta abierta al gobierno británico ante las violaciones de los derechos fundamentales de Julian Assange, actualmente bajo custodia de Reino Unido.

Los juristas han realizado un análisis de los abusos contra el fundador de WikiLeaks, que publicó en 2010 información sobre las guerras en Irak y Afganistán, los cables diplomáticos de EEUU y la Bahía de Guantánamo, que revelaron evidencia de crímenes de guerra, corrupción y malversación gubernamental. 

En la carta piden al primer ministro británico Boris Johnson, el secretario de Justicia Robert Buckland, el secretario de Relaciones Exteriores Dominic Raab y la secretaria del Interior Priti Patel, que actúen en conformidad al derecho nacional e internacional, con los derechos humanos y con el estado de derecho.

Exigen además que otorguen a Assange su derecho a estar libre de tortura, de detención arbitraria y persecución política, ante la posible extradición a los Estados Unidos. 

Ilegalidad de la solicitud de extradición a EEUU

En 2019 el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitaba formalmente a Reino Unido la extradición del fundador de Wikileaks, a quién acusan de 18 delitos políticos en virtud de la Ley de Espionaje. 

Los juristas presentan tres razones por las que la deportación a Estados Unidos sería ilegal. Entre ellas el riesgo a ser sometido a un juicio injusto, que según el Tratado Modelo de Extradición de las Naciones Unidas, se prohíbe la extradición cuando la persona no ha recibido o no recibe las garantías mínimas en los procesos penales.

Además el Consejo de los Colegios de Abogados de la Unión Europea, que representa a más de un millón de abogados en Europa, expresó su seria preocupación de que las grabaciones ilegales en la embajada de Ecuador puedan ser utilizadas, abierta o secretamente, en casos penales contra Assange en caso de extradición a los Estados Unidos. 

También sería ilegal porque los presuntos delitos son de naturaleza política que como está recogido en el Tratado de Extradición entre el Reino Unido y los Estados Unidos, se prohíbe específicamente la extradición por delitos políticos.

La extradición es ilegal cuando los delitos son puramentes políticos 

Hay además un amplio consenso internacional de que no es legal la extradición política, por los principios reconocidos en el Convenio Europeo de Extradición de 1957, en el Tratado Modelo de Extradición de la ONU, la Constitución Interpol, y en todos los tratados bilaterales ratificados por Estados Unidos hace más de un siglo.

Y la tercera razón por la que es ilegal la solicitud de extradición es por el recelo justificado de tortura u otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante que podría sufrir en los Estados Unidos. El principio de no devolución prohíbe la extradición de una persona a un país donde hay razones sustanciales para creer que sería objeto de persecución o tortura.

Assange, fue aceptado como asilado político por el gobierno ecuatoriano por haber comprobado sus recelos legítimos de persecución política y tortura en los Estados Unidos. 

Violación de la libertad de prensa

Los cargos contra Assange bajo la Ley de Espionaje violan los derechos a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a saber. En el cargo de "instigación a la intrusión informática", la acusación inicial criminalizó el supuesto intento de Assange de ayudar a su fuente a mantener su anonimato, lo que caracteriza una práctica periodística estándar y el deber de proteger la fuente. 

Por lo que la extradición basada en la acusación pondría en grave peligro la libertad de prensa como elemento fundamental de las democracias europeas.

Tortura psicológica 

Los juristas además han denunciado las violaciones del derecho a ser libre de tortura, del derecho a la salud y a la vida, basándose en la investigación llevada a cabo por un equipo médico especializado que examino a Julian Assange, detenido en la pisión de Belmarsh en Londres.

El Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y su equipo médico, explicaron que Assange mostraba "todos los síntomas típicos de la exposición prolongada a la tortura psicológica, incluido el estrés extremo, la ansiedad crónica y el trauma psicológico intenso."

El Relator "caracterizó el fracaso del gobierno del Reino Unido y los gobiernos involucrados en tomar medidas para proteger los derechos humanos del Sr. Assange y su dignidad", explican los juristas.

Violaciones del derecho a un proceso equitativo

La magistrada a cargo del proceso de extradición, ha demostrado lazos financieros con instituciones e individuos expuestos por WikiLeaks

Los firmantes han condenado la negación a Assange del derecho a un juicio justo ante los tribunales del Reino Unido, que fue rechazado por conflictos de intereses, ya que la magistrada principal, Emma Arbuthnot, a cargo de supervisar los procedimientos en el proceso de extradición, ha demostrado lazos financieros con instituciones e individuos cuyas irregularidades han sido expuestas por WikiLeaks.

También se viola el derecho de un proceso equitativo por la desigualdad de armas, ya que no se le dio el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, violando el principio de "amplia defensa e igualdad de armas", inherente a la presunción de inocencia y al Estado Democrático de Derecho.

Sus abogados han denunciado varias veces la denegación de la participación efectiva del acusado en el juicio y en la formación de la decisión judicial, debido a que se le impidió sentarse con ellos. 

Y finalmente por la negativa a resolver problemas de abuso contra el encausado, sus abogados informaron al tribunal de que en un solo día las autoridades carcelarias lo esposaron 11 veces, lo colocaron en cinco celdas diferentes, lo desnudaron y lo registraron dos veces y confiscaron todos sus documentos legales y confidenciales.

Pero la magistrada, Vanessa Baraitser, se negó explícitamente a intervenir ante las autoridades de la prisión, alegando no tener jurisdicción sobre las condiciones de custodia. Este tratamiento anómalo fue condenado por el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados.

Tras el análisis de las violaciones a los derechos fundamentales y humanos de el fundador de Wikileaks, los firmantes han hecho un llamamiento al gobierno del Reino Unido "para que tome inmediatamente las medidas apropiadas para poner fin a la tortura infligida al Sr. Assange" y para poner fin a su detención arbitraria e ilegal.

Solicitando que el gobierno del Reino Unido proceda con la liberación inmediata de Julian Assange y la archivación de los procedimientos de extradición iniciados contra él.