La Unión Europea (UE) ha logrado cerrar un acuerdo sobre el pacto de migración y asilo. Han hecho falta dos días y noches de intensas negociaciones para terminar de cerrar los últimos escollos del complejo paquete legislativo que la Comisión Europea propuso en 2020. El acuerdo da luz verde a unas nuevas reglas muy criticadas en materia de derechos humanos.

El pacto reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la UE. Asimismo, ofrecerá a los gobiernos una solidaridad a la carta que permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados con alternativas como el pago de una compensación por traslado rechazado.

"¡Éxito! Después de años de estancamiento político, hemos llegado a un acuerdo", ha anunciado uno de los eurodiputados del equipo de negociación, el democristiano neerlandés Jeroen Lenaers, según informa Europa Press. "El 20 de diciembre de 2023 pasará a la historia", ha declarado por su parte la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. "Todas las piezas han encajado en su lugar. Es un punto de inflexión en los cinco pilares clave del pacto. Ha sido un largo camino pero lo logramos", ha celebrado el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de migración, Margaritis Schinas.

El pacto incluye nueve expedientes, incluido el refuerzo del control fronterizo y la identificación de los migrantes hasta que se resuelve cada expediente con la concesión del asilo o la decisión de expulsión. 
El acuerdo logrado entre los representantes de la presidencia del Consejo de la UE (que ostenta España hasta fin de año), el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, deberá aún ser formalizado y adoptado en el primer semestre de 2024, antes de las elecciones europeas que se celebrarán en los 27 países del club comunitario entre el 6 y el 9 del próximo junio.

Las nuevas reglas ponen fin a años de duras negociaciones entre los propios Estados miembro. Uno de los mayores obstáculos era consensuar un equilibrio entre la "solidaridad" con los países en primera línea, como España e Italia, y la "responsabilidad" que les reclaman a estos otros socios con miedo a los movimientos secundarios. Finalmente, la solución es un mecanismo de "solidaridad flexible" que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas, bien pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace.

El objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente. El modelo de solidaridad a la carta  también se aplicará al mecanismo de crisis o fuerza mayor para el que el Parlamento Europeo --y países como España e Italia en un primer momento-- defendieron sin éxito que debía contar con un sistema obligatorio de cuotas de acogida que se activara únicamente en situaciones extremas, informa Europa Press.

La idea de reformar la política migratoria europea comenzó a gestarse en 2016, durante la llamada crisis de refugiados, cuando cerca de dos millones de personas llegaron a la UE huyendo de la guerra en Siria. La reforma que propuso el Ejecutivo comunitario presidido por el luxemburgués Jean-Claude Juncker no obtuvo el apoyo necesario de los Estados miembros por las discrepancias sobre cómo aplicar el principio de solidaridad y compartir las responsabilidades en el ámbito del asilo, informa Efe.

En septiembre de 2020, la Comisión Europea dirigida por Ursula von der Leyen intentó reactivar la reforma presentando un nuevo pacto que ofrecía un enfoque integral para reforzar e integrar políticas en materia de migración, asilo y gestión de fronteras. Las cuotas obligatorias de refugiados fueron entonces descartadas tras el fracaso de la anterior Comisión y se optó por la solidaridad a la carta finalmente aprobada.