Los ministros de Exteriores de la Unión Europea dieron luz verde este lunes a la tercera ronda de sanciones contra responsables del golpe militar en Myanmar del pasado 1 de febrero y de la posterior represión contra manifestantes pacíficos.

En concreto, el Consejo de la UE impuso sanciones a otras ocho personas, tres entidades económicas y a la Organización de Veteranos de Guerra, según indicó en un comunicado, en el que recordó que las medidas restrictivas del bloque comunitario contra Myanmar están así ampliamente alineadas con las de sus socios internacionales.

Las personas añadidas a la lista negra incluyen a ministros y viceministros, así como al fiscal general, considerados responsables de socavar la democracia y el Estado de derecho y de graves violaciones de los derechos humanos en el país.

Por lo que se refiere a las cuatro entidades sancionadas, están en manos del Estado o controladas por las Fuerzas Armadas de Myanmar (Tatmadaw) y "contribuyen directa o indirectamente a los ingresos o actividades del ejército".

Se trata de empresas en los negocios del jade y las piedras preciosas o de la madera, de manera que al imponerles restricciones la UE espera que la junta militar que ha tomado el poder no pueda explotar los recursos naturales del país, a la vez que confía en que la población no se vea afectada.

Endurecimiento de las sanciones

Con esta tercera ronda de medidas restrictivas europeas, el total de sancionados por la crisis birmana asciende a 43 personas y seis entidades, a los que se les han congelado los activos que puedan tener en territorio comunitario y vetado la entrada en la UE.

Ya estaban en vigor, y se mantienen, medidas como un embargo de armas y de equipamiento que pueda utilizarse para la represión interna, así como un veto a las exportaciones desde la UE de bienes de doble uso, civil y militar, o de equipos de telecomunicaciones.

También se ha prohibido dar formación militar o cooperar con las Fuerzas Armadas birmanas.

Esas medidas restrictivas se añaden a la suspensión de la asistencia financiera que la UE otorgaba directamente al Gobierno.

La UE recalcó que mantiene su apoyo a una transición democrática en el país y aseguró que sigue proporcionando ayuda humanitaria de acuerdo con los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.

Las medidas acordadas hoy han sido publicadas en el "Diario Oficial" de la Unión para que puedan entrar en vigor.