Justino Piaguage es el presidente de la Nacionalidad Siekopai, un pueblo indígena de la Amazonía ecuatoriana que lleva ya 30 años batallando judicialmente contra la petrolera estadounidense Chevron-Texaco para que responda por los daños sociales y ambientales que esta corporación ocasionó en su territorio. Fue entre 1964 y 1992 cuando la entonces Texaco, comprada posteriormente por Chevron, extrajo petróleo del subsuelo de la selva amazónica de Ecuador y dejó diseminadas 880 balsas y pozos llenos de restos de hidrocarburos, contaminando ríos, arroyos y acuíferos. Los oleoductos construidos para llevar el crudo hasta la costa del Pacífico sufrieron además constantes derrames.

Un millón y medio de hectáreas de selva quedaron así contaminadas y se puso en riesgo la vida de todos los grupos indígenas de la zona que todavía hoy sufren sus consecuencias. El desastre ambiental provocado fue en términos absolutos mucho más grave que otros desastres ecológicos como el que causó en 2010 la British Petroleum en el Golfo de México o el derrame del buque petrolero Exxon Valdez en 1989 cuando vertió 37.000 toneladas de hidrocarburos en Alaska.

Piaguage apenas tenía 18 años cuando en 1993, junto a otras 87 personas indígenas más, presentaron la primera demanda contra la compañía en un tribunal de Nueva York. Tres décadas después, sigue siendo representante de la Unión de Afectados por Chevron-Texaco, porque el caso todavía está dando vueltas por diversas instancias judiciales internacionales. Y todo a pesar que la Corte Constitucional de Ecuador ya había fallado en firme en 2011 que la petrolera era culpable de contaminación medioambiental y exigía a la empresa una indemnización de 9.500 millones de dólares para reparar el daño causado.

La sentencia nunca pudo aplicarse. Chevron demandó a Ecuador ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en virtud de un tratado bilateral de protección de inversiones firmado con Estados Unidos por Ecuador. Siete años después, el tribunal holandés rechazó la sentencia impuesta por la Corte Suprema ecuatoriana y le dio la razón a la petrolera.

El caso Chevron no ha acabado, pero ilustra muy bien el poder de las grandes corporaciones y la impunidad con la que actúan en los países del sur global ante la falta de una regulación internacional que vele por el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas.

Piaguage se encuentra estos días en Catalunya dando a conocer su lucha en centros escolares, universidades e instituciones públicas catalanas en el marco del proyecto Ciudades Defensoras que pretende concienciar a la ciudadanos sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos y el apoyo internacional a sus causas. Público ha hablado con él.

Es dificil imaginarse estar litigando 30 años contra una gran corporación como Chevron-Texaco. ¿Cómo ha sido este camino?

La primera demanda la pusimos en Estados Unidos y Chevron dijo que el caso debería ser trasladado a Ecuador porque el problema ocurrió en Ecuador y yo creo que eso respondió a una estrategia jurídica en la que pensaron que el sistema judicial ecuatoriano sería más fácil de sobornar. Pero perdieron y resultaron diciendo que nosotros sobornamos al juez. Primero presentamos la demanda en Lago Agrio, donde hay un solo juez, y ganamos en primera instancia. Texaco apeló y pasó a la segunda instancia en la Corte Provincial y luego, finalmente, a la Corte Constitucional, donde se sentenció que Chevron-Texaco debía pagar nueve mil millones de dólares.

La sentencia finalmente jamás se ejecutó porque Chevron apeló y puso un juicio contra el Estado ante el Tribunal de La Haya que les dio la razón. Pero, para nosotros, ese fue un juicio contra el Estado por temas de acuerdos comerciales que nada tiene que ver con nuestro caso, que es entre comunidades indígenas frente a Chevron reclamando por los daños ambientales sociales y culturales que cometieron. Claro que ellos muy astutamente lo vincularon para que anulasen la sentencia y encima se les pague por supuestos daños a la imagen corporativa de Chevron.

Texaco estuvo también casi 30 años en su territorio. ¿Cuál fue la magnitud del desastre ambiental y qué consecuencias tuvo la actividad petrolera para su pueblo y otras comunidades?

Yo nací junto al río Aguarico, que divide la provincia de Sucumbios en norte y sur. Es un río de aguas oscuras en el que me gustaba muchísimo bañarme. Todas las mañanas, además, lo cruzábamos para recoger agua porque aparentemente era el río más limpio, pero veíamos unas manchas negras que nos confundían y eso era petróleo. Crecí viendo esas manchas día tras día.

Destruyeron todos nuestros ríos. Casi toda la parte de la Amazonia que corresponde a la provincia de Sucumbios y de Orellana, que pueden tener una extensión como la que ocupa Barcelona, quedó afectada. Y la Amazonía sigue sangrando con esa contaminación provocada por los más de mil pozos petroleros que dejó enterrados allí. Entonces, no sabemos cuál ha sido, por ejemplo, la razón por la que tantos de nuestros familiares estén últimamente muriendo de cáncer en unos niveles sin precedentes y obviamente nosotros pensamos que es su alta exposición a las aguas contaminadas.

Toda la intervención petrolera fue sin consentimiento de las comunidades y nunca obtuvimos ningún beneficio. Después de 40 años de explotación petrolera, todavía las comunidades no tienen ni siquiera agua entubada y no hay una política realmente de atención a los pueblos indígenas.

Chevron-Texaco siempre aseguró que limpiaron y descontaminaron el territorio.

Nosotros quisiéramos hacer un recorrido y ojalá ustedes como periodistas pudieran ver y constatar con sus propios ojos si Chevron-Texaco ha limpiado o no. Pero Chevron no sé dónde limpió porque ahí están los mil pozos petroleros enterrados en la zona y por eso estamos pidiendo que se ejecute la sentencia.

Ustedes demostraron ante el mundo y la Justicia lo ocurrido, pero la empresa sigue impune. ¿Eso no desmoraliza?

Sí, pero vamos a seguir, no vamos a claudicar en esta lucha porque ya nuestros abuelos y abuelas se nos están yendo sin ver justicia, sin ver la reparación de la Amazonía y eso nos duele muchísimo. No podemos morir sin haber visto justicia.

¿Cómo se sentirían reparados?

El primer paso es reparar y restaurar la Amazonía y eso significa limpiar todo lo que dejó Chevron-Texaco, así no pueda ser posible hacerlo en su totalidad y dejarla en su estado natural, pero sí al menos tener un ambiente mucho más sano. Y, a partir de aquí, cuidar la Amazonía y dejarla tranquila. Hay que respetar la vida de los pueblos originarios porque ese es su su espacio de vida y eso es lo que no se ha entendido desde el sistema capitalista que mira la Amazonía como un recurso que hay que exprimir al máximo. La Amazonía tiene su función y esa función es que dé vida a todo el planeta. Hay que dejar de mirar a la Amazonía con ojos del capitalismo.

Este caso ha revelado la injusticia de los tribunales de arbitraje y la falta de instrumentos jurídicos internacionales que obliguen a las grandes empresas a asumir las consecuencias ambientales y sociales de sus operaciones. ¿Qué se debería hacer?

Debería haber un sistema judicial internacional vinculante porque no puede ser que alguien que vive afuera venga, haga lo que a él mejor le convenga, deje toda la barbaridad y toda la contaminación, salga de ese país y no tenga que responder absolutamente por nada. Entonces, creo que hay que repensar un sistema jurídico para ver cómo se puede buscar justicia frente a este tipo de atropellos. No podemos seguir permitiendo que empresas transnacionales sin ninguna responsabilidad social, ni económica, ni ambiental ni jurídica se salgan con la suya.

Naciones Unidas tiene unos principios rectores sobre empresas y derechos humanos. España está a las puertas de aprobar una ley de debida diligencia empresarial y Catalunya en camino de crear un centro catalán de empresa y derechos humanos. Algunos pasos parece que se están dando para acabar con la impunidad corporativa.

Sí, y así lo manifesté en el Parlamento catalán para que, por favor, profundicen en esa óptica y podamos seguir avanzando y sumar a más personas porque ya no se puede seguir viendo a la Amazonía como un espacio para explotar y menos si se hace sin el consentimiento de los pueblos originarios del territorio. Entonces, sí creo que son aspectos importantes que suman porque ya prácticamente todo el planeta entero está demandando que se pare con todas las actividades extractivas en la Amazonía porque está agonizando y en algún momento se parará y nosotros seremos los responsables de nuestra autodestrucción.

Se habla también mucho ahora de emergencia climática. ¿No cree que el mismo término emergencia requeriría de una acción más rápida y contudente, especialmente por parte de los países del norte?

El mundo sigue sin ser consciente del impacto del cambio climático que se está viviendo. Nosotros lo vivenciamos a diario en pequeños detalles que para nosotros son grandes y ya estamos viendo los primeros cambios. Antes, los abuelos nos decían: Se han callado las cigarras, las cigarras que tenían que estar ahorita cantando se han callado, ya no las escuchamos. Y ese, para nosotros, ya es un indicador.

Otro indicador es la pérdida de especies. Todos los años en noviembre-diciembre venían las tortugas acuáticas a desovar y el año pasado ya no vinieron por exceso de agua. La ardilla también ha desaparecido. Entonces, la selva amazónica se ha puesto muy triste y se está callando, se está silenciando y todo eso es un indicador del cambio climático.

Ecuador tampoco parece estar muy por la labor y tiene más bien una actitud favorable a la extracción de combustibles fósiles

El año pasado, el presidente Guillermo Lasso decretó la expansión de la actividad petrolera con el objetivo de duplicar la producción y quiso también concesionar miles de hectáreas para la actividad minera, pero ya no hay más petróleo en el Ecuador.

Los únicos territorios que todavía estaban sin explotar son territorios indígenas, toda la zona del Yasuní donde hacen presencia esos pueblos originarios, es decir, los pueblos que están en resistencia. Sabiendo que podían extinguirse totalmente, el movimiento indígena se levantó y obligó a paralizar los decretos. Igualmente, con las acciones de protección que hemos planteado conseguimos parar una concesión minera en la cabecera de un río donde estamos asentados varios pueblos indígenas.

Ecuador exigió al expresidente Rafael Correa que responda económicamente por el prejuicio millonario del Caso Chevron. ¿Cómo valoran el papel y posicionamiento de Correa en todo este caso?

Rafael Correa logró estabilizar el país y en lo social tuvo una politica acertada porque desde que él se fue no hemos visto más ninguna inversión social. En el ámbito ya netamente económico vinculado con lo ambiental, él manifestó querer dejar el petróleo de la Amazonía bajo tierra a cambio de recursos internacionales y eso lo vimos absurdo.

Quizá en el tema ambiental pudo tener una mayor conciencia, pero en el fondo siguió con las políticas extractivas. Respecto a nuestro caso, tuvo una cierta conciencia y quiso visibilizarlo, pero, no se si para bien o para mal, mantuvo al mismo tiempo una posición de neutralidad.

Ser defensor o defensora del medio ambiente en América Latina se paga con la muerte en Colombia, Honduras, Guatemala o Brasil. ¿Existen en Ecuador niveles de riesgo semejantes?

Hace unas semanas asesinaron a Eduardo Mendúa, un líder del pueblo cofán y eso nos pone en alerta y con mucha preocupación de lo que se nos podría venir a las personas que estamos en este tipo de acciones de defensa de derechos humanos y de la naturaleza.

Mendúa era un dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y su muerte está relacionada con sus acciones de lucha contra el proyecto de explotación de la petrolera estatal Petroecuador en la Amazonía porque él era un rostro visible de la resistencia antipetrolera de su comunidad frente a este proyecto.

¿Qué futuro cree que les espera a las nuevas generaciones de sus comunidades?

Si no reaccionamos frente a todo esto, podemos terminar siendo extraños en nuestro propio territorio. Debemos fortalecer nuestras formas de pensar y de actuar. Queremos seguir siendo pueblo Siekopai y debemos hacer algo porque incluso están conquistando nuestra forma de pensar.

Frente a eso, estamos fortaleciendo nuestro sistema de gobierno propio, creando una guardia indígena propia y planteando una educación propia sin desconocer también lo provechoso que nos puede ofrecer el otro mundo en lo que sería, por ejemplo, la tecnología que ya estamos aplicando para monitorear todas las especies que tenemos en nuestro territorio.

Como pueblo Siekopai apenas quedan 1.900 habitantes. ¿Están ustedes además en peligro de extinción?

La nuestra es una lucha también por la supervivencia, una lucha por regresar al territorio que nos fue devastado y despojado. Reclamamos el territorio ancestral, es decir, somos un pueblo originario que el Estado ecuatoriano declaró como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y, sin embargo, se apoderó de ese espacio territorial y firmó convenios con otros pueblos que no eran originarios de esa zona.

¿Qué sueños tiene el pueblo siekopai?

Somos un pueblo de la Amazonía ecuatoriana y peruana desplazado que queremos retornar a nuestro territorio y soñamos con la reunificación y el reconocimiento integral de nuestro territorio. Ahora vivimos desplazados prácticamente acorralados por la expansión de la actividad petrolera, del monocultivo de palma y por la presencia de colonos campesinos que invadieron las tierras.