Tipificar la violencia de género como 'eurodelito' y una ley comunitaria, propuestas de la UE para frenar el retroceso en igualdad

Un tercio de las mujeres de la UE han sido víctimas de violencia física o sexual. Una media de 50 es asesinada cada semana a manos de sus parejas. Y el 75% reconoce haber sufrido algún tipo de acoso en el ámbito laboral. Con este telón de fondo, el Parlamento Europeo vota este jueves una resolución legislativa para que la violencia de género sea tipificada como eurodelito, categoría en la que en estos momentos se incluyen el terrorismo, la corrupción, la explotación sexual o el tráfico de drogas.

"Estamos ante un voto que puede ser histórico" ante "las violaciones de derechos humanos más graves y persistentes que han existido en la historia de la humanidad", ha señalado en el debate previo Diana Riba, eurodiputada de Los Verdes, y ponente del informe. El texto a escrutinio exige que Bruselas eleve este delito a la lista de crímenes recogidos en los Tratados de la UE. El resultado sería una armonización en todo el bloque comunitario y una batería de medidas para prevenir y proteger a las millones de mujeres que sufren esa lacra. Así como medidas punitivas conjuntas.

En un estudio realizado hace varios meses, el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) señala que se cumplen las tres condiciones recogidas por el Artículo 83 (1) del Tratado de Funcionamiento de la UE para ello: la violencia machista es un delito de especial gravedad; tiene dimensión transfronteriza; y debe ser combatida con criterios comunes. "Es incomprensible que los crímenes contra las mujeres se consideren menos graves que delitos como la corrupción o la delincuencia informática, que sí se persiguen en la UE de forma más homogénea, coordinada y con más recursos", ha afirmado María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Podemos.

Se trata de una iniciativa legislativa y, por lo tanto, para salir adelante precisa del voto a favor de una mayoría absoluta de la cámara. Será ajustado. Y podría ser aprobada si sectores del Partido Popular Europeo se desmarcan y votan a favor, como ocurrió con el informe Matic sobre el aborto o con el de protección LGTBi. Toda resolución que va al Pleno pasa antes el filtro de la comisión correspondiente. En este caso, la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) aprobó la medida por 53 votos a favor; 18 en contra y 24 abstenciones. A priori, la iniciativa contará con el apoyo de Socialdemócratas, Izquierda Unitaria, Los Verdes y Renovar Europa; con la abstención del Partido Popular Europeo; y con la negativa de la extrema derecha de Identidad y Democracia y de los Conservadores y Reformistas (familia donde se incluye Vox). Los populares alegan que algunas partes del informe pueden exceder las competencias europeas; y los ultraconservadores se escudan en que es "discriminatoria contra los hombres".

El texto pide además aumentar las campañas de concienciación y sensibilización, especialmente entre los más jóvenes e insta a los Estados miembros a dar proyección, apoyo, pero también reparación a las víctimas. Recuerda que la violencia de género es "una violación grave de los derechos humanos y de la dignidad que puede adoptar la forma de violencia psicológica, física, sexual y económica, e incluye, entre otras cosas, el feminicidio, la violencia en el marco de la pareja o expareja, el acoso sexual, la ciberviolencia, el hostigamiento, la violación, el matrimonio precoz y forzado, la mutilación genital femenina, el aborto forzado o los llamados crímenes de honor".

Hacia la primera ley europea contra esta violencia

La UE no cuenta con una Directiva contra la lacra de la violencia de género. Pero ello podría tener los días contados. La presentación este año de una ley para perseguir la violencia contra todas las mujeres europeas en materia de prevención, protección y persecución ha sido una de las promesas estrellas de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en su discurso sobre el estado de la Unión. "La libertad es también no tener miedo, pero durante la pandemia muchas mujeres se vieron privadas de esta libertad", ha apuntado la alemana en el Pleno de Estrasburgo. "Fue un momento particularmente terrible para las que no tenían donde esconderse ni podían huir de sus maltratadores. Tenemos que lograr que la oscuridad dé paso a la luz y ofrecer vías para dejar atrás el dolor. Sus maltratadores deben ser llevados ante la Justicia, y las mujeres deben poder volver a vivir de manera libre y autónoma", ha agregado.

La ONU lo llama la "pandemia en la sombra". Las medidas de confinamiento y de limitaciones sociales han dejado a las mujeres maltratadas atrapadas y a merced de sus agresores. Sus casas se convirtieron en sus prisiones. Algunos países como Italia desarrollaron una estrategia en clave para pedir socorro: el motivo de la llamada al teléfono contra el maltrato era pedir una pizza margaritta.

"Desde el brote de la Covid, líneas de asistencia telefónica y albergues para mujeres de toda Europa han informado de un alarmante aumento de las llamadas de mujeres expuestas a sufrir violencia en el ámbito familiar", denuncia Amnistía Internacional (AI). El número de llamadas por violencia doméstica en Francia incrementó un 32% durante la primera semana de encierro domiciliario; aumentó un 18% en España y se multiplicó por cinco en Irlanda, según las cifras que maneja la Comisión Europea.

Aunque el sufrimiento humano que esta lacra ejerce no tiene precio, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género estima que esta violencia física, psicológica y sexual tiene un coste anual de 366.000 millones de euros en la UE.

Pasos atrás: negacionismo y revés al Convenio de Estambul

El Convenio de Estambul, el primer tratado internacional jurídicamente vinculante para luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres, cumple este año su primera década. Pero su ratificación y puesta en marcha evidencia una asimetría clara en suelo europeo. Seis Estados miembros (Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Hungría) todavía no lo han ratificado.

Algunos países como España se sitúan a la vanguardia en la esta lucha para la igualdad. El país adoptó en 2004 su primera ley específica contra la violencia de género y cuenta con cifras oficiales. La mayoría de Estados miembros carecen de ambas. En 2017, el Congreso de los Diputados aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Otros como Polonia no solo no avanzan, sino que dan paso atrás. El país que lidera el ultraconservador PiS –aliado de Vox en la Eurocámara- amenaza con marcharse del Convenio alegando que es "perjudicial" por sus "connotaciones políticas". Las fuerzas más conservadoras rechazan el concepto "de género" porque niegan la existencia de una violencia estructural que trunca la vida de miles de mujeres y niñas en la UE. En países como Polonia, la falta de protección gubernamental, la desconfianza hacia un sistema judicial sesgado políticamente por el Ejecutivo o el miedo a no ser creídas ha provocado que se reduzca el número de denuncias. En base a sus creencias católicas y ultraconservadoras, el Gobierno polaco ha introducido una ley que prohíbe casi de facto abortar a sus ciudadanas.

En lugares como Bélgica o Alemania, los feminicidios suelen ser un tema tabú que a menudo aparece proyectado con romanticismo en los medios de comunicación como "crimen pasional" o "tragedia familiar". En estos países, y en la mayoría de la UE, se cataloga los crímenes machistas como delitos de "violencia doméstica" y no como "violencia de género".