El Gobierno griego anunció este martes que ha incrementado el número de devoluciones de migrantes a Turquía y que en los próximos meses quiere alcanzar las 200 deportaciones a la semana. 

"En enero hubo 85 devoluciones a Turquía, mientras que durante todo 2019 hubo 391. El objetivo es alcanzar las 200 devoluciones a la semana en tres meses", informó hoy el portavoz del Ejecutivo, Stelios Petsas, en la rueda de prensa semanal del Gobierno. 

El portavoz aprovechó la ocasión para abordar lo ocurrido ayer en la isla de Lesbos, donde unos 2.000 migrantes se manifestaron en la capital, Mitilene, ante cargas policiales severas. 

"Los acontecimientos desagradables de ayer confirman la necesidad de acelerar los procedimientos de asilo, el regreso de los solicitantes de asilo y el funcionamiento de centros cerrados y controlados", aseveró Petsas. 

Esto choca frontalmente con el discurso mantenido por las autoridades locales y de la región de Egeo del Norte, que desde un principio han criticado la falta de celeridad en la descongestión de las islas y se han opuesto a la creación de estructuras cerradas donde se interne a los refugiados. Desde el punto de vista del Gobierno, esta exigencia por parte de las autoridades insulares "no es realista".

El Ejecutivo del conservador Kyriakos Mitsotakis ha rechazado además la petición del presidente de la región del Egeo del Norte, Kostas Muntsuris, de declarar el estado de emergencia en las islas. 

Pero la presión de los alcaldes de las islas no es el único frente abierto que tiene el Gobierno, que aprovechó la rueda de prensa de hoy para mandar un mensaje a las ONG desplegadas en los campos de acogida. 

"Muchas ONG han hecho una contribución decisiva al problema, pero otras han trabajado de manera problemática y parasitaria", sentenció Petsas después de anunciar la creación de un registro especial que controle la acción de estas entidades. 

Meses después de que Nueva Democracia, el partido en el Gobierno, cristalizara su victoria electoral con promesas de descongestión de las islas, las condiciones de vida en los campos siguen siendo paupérrimas, con algo más de 42.000 refugiados situados allí. 

En Samos viven 7.324 refugiados en un campamento con capacidad para 648, mientras que en Moria hay unas 20.000 personas, hacinadas en un campo con capacidad para 3.000. 

Al mismo tiempo, el Gobierno ha desandado la hoja de ruta inicial en algunas de sus políticas más disuasorias, desbloqueando el acceso a la sanidad y el derecho a trabajar a los migrantes.