Una puerta a la esperanza para acabar con el 'apartheid' palestino

"Segregación de un grupo humano por razones étnicas, culturales o sociales", con esta definición de apartheid, entendido como un crimen de lesa humanidad en el derecho internacional, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han impulsado un incipiente cambio para acabar con la discriminación de la población de Palestina

Teniendo claros estos conceptos, lo esperado es que fuera investigado, juzgado y castigado por la Corte Penal Internacional, según establece el Estatuto de Roma de 1988, pero en el caso de Palestina eso está por ver. Aún así, tras más de 50 años de conflicto, se abre una puerta a la esperanza para acabar con el apartheid israelí en Palestina. Los informes presentados por Amnistía Internacional y Human Rights Watch que denuncian y documentan detalladamente la segregación y opresión que sufre la población palestina de los territorios ocupados (sur de Jerusalén, Gaza y Cisjordania) podrían ser la llave del cambio. Así lo ha explicado a Público Bruno Stagno, vicepresidente de Human Rights Watch, durante la presentación de este documento el pasado 17 de marzo en Madrid.

Los primeros pasos

Las conclusiones del informe Apartheid israelí son demoledoras: hay una estrategia clara de dominación y opresión sobre los palestinos que requiere de una respuesta internacional. Y ya ha habido una primera reacción, según asegura Stagno: "Empezamos a ver indicios de un cambio de paradigma. Un mes después de presentar el informe, el consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó por primera vez una comisión de investigación permanente e independiente enfocada en las violaciones de derechos humanos en Palestina y en Israel en general. Esto es muy importante, porque es permanente. En junio esta comisión rendirá su primer informe y creemos que podría contribuir a este incipiente cambio".

¿Qué puede implicar? El vicepresidente de Human Rights Watch lo explica con claridad: "Incentivar a la Corte Penal Internacional para determinar si esos crímenes de lesa humanidad se están llevando a cabo contra la población palestina y quiénes son los funcionarios responsables. Esto podría permitir llevar a cabo sanciones individualizadas por parte de los Estados y la suspensión de la venta de armas, asistencia militar y policial en la medida que esto contribuye a esos crímenes".

Además, como el propio Stagno destaca, existe una iniciativa europea destinada a recaudar un millón de firmas en la UE hasta febrero del año que viene para obligar a la Comisión Europea a adoptar un marco legal que regule el tipo de relación que las empresas debe tener con Israel, y, concretamente, con los asentamientos. De prosperar, se vigilarán "las inversiones de las empresas en estos asentamientos ilegales, ya sea por suministro o importación, para que sean conformes a derecho internacional humanitario". El vicepresidente de HRW invita a los Estados, incluido España, "a mejorar sus competencias en materia de jurisdicción universal" para denunciar y juzgar crímenes contra la humanidad, como es el apartheid. Asimismo, destaca algunas declaraciones públicas, como las del exsecretario de Naciones Unidas Ban Ki-moon, "que ya habla de apartheid".

La cruda realidad de la población palestina

Mientras la comunidad internacional se limita hasta ahora a emitir declaraciones de condena, sin tomar otras medidas legales, diplomáticas o económicas, la población palestina de los territorios ocupados ve cómo sus derechos se ven dramáticamente mermados en relación con los que disfrutan los colonos que habitan los asentamientos. Las consecuencias fácticas que tiene esta represión en el día a día de los palestinos las explican los responsables de RESCOP (Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina): "Viven sometidos a un régimen de discriminación institucionalizada, de racismo sistémico que impregna todos y cada uno de los aspectos de su vida cotidiana, desde con quién pueden casarse, hasta dónde pueden residir o estudiar. Limita sus derechos más fundamentales a nivel individual, como el derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión o el acceso a la salud o la educación y también a nivel colectivo".

Es cierto que existe la autoridad palestina en Cisjordania, que controla el 40% del territorio mientras que el 60 está en manos de Israel, que es la potencia ocupante y controla las fronteras, el espacio aéreo, el registro de propiedad, de población... En Gaza se retiraron los asentamientos, pero tienen un bloqueo y el Estado israelí sigue controlando las fronteras y otros elementos importantes. En cuanto a la población palestina con ciudadanía israelí (parte de la población que no fue expulsada tras la creación del Estado de Israel en 1948), puede votar en las elecciones israelíes. "En cambio, sus organizaciones son escrutadas y sus representantes son discriminados. No se les permite estar en comisiones sensibles, ya que pueden perder su inmunidad por criticar al sionismo".

La represión también afecta a la población que está fuera de Israel. "Actualmente, hay más de cinco millones de personas palestinas que viven en el exilio sin poder volver a sus hogares, sin haber recibido ningún tipo de reparación por las vulneraciones sufridas y sin que se les reconozcan sus derechos como personas refugiadas conforme a lo que estipula el derecho internacional", explica RESCOP.

El cambio que parece haber impulsado el nuevo informe sobre el apartheid israelí aporta un pequeño haz de luz en el futuro de Palestina: "La libertad es el futuro, y está cada vez más cerca. Sumando nuestro apoyo a movimientos como el BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) podemos hacer que pilares sobre los que se apoya el régimen de apartheid se tambaleen y caigan. Al movimiento anti apartheid de Sudáfrica se sumó la comunidad internacional y la sociedad civil, que, aislando a aquel sistema racista, logró ponerle fin. BDS se inspira en esta misma lucha como movimiento no violento para alcanzar tres objetivos: el fin de la ocupación y el colonialismo israelí, el derecho al retorno de la población refugiada palestina expulsada en 1948 y el reconocimiento de los derechos fundamentales de la población palestina con ciudadanía israelí y su total igualdad ante la ley".