El presidente de Orange dejará su puesto tras su condena por complicidad en la malversación de fondos públicos

El consejo de administración del operador francés de telecomunicaciones Orange anunció este miércoles que el presidente y consejero delegado del grupo, Stéphane Richard, condenado en el llamado caso Tapie, ha decidido dejar su puesto y abandonará el cargo el año que viene.

El consejo de la mayor empresa de telecomunicaciones de Francia, controlada por el Estado, aceptó su salida y señaló en un comunicado que esta tendrá lugar cuando se ponga en marcha una nueva gobernanza, "como muy tarde el 31 de enero de 2022".

Richard fue condenado a una pena de un año de cárcel exento de cumplimiento y a una multa de 50.000 euros por haber maniobrado para que el empresario Bernard Tapie, fallecido en octubre pasado, obtuviera de las arcas públicas una indemnización superior a lo que le correspondía por la venta de Adidas, parte del emporio que le había sido confiscado.

El consejero delegado de Orange era en aquella época jefe de gabinete de la entonces ministra de Economía, Christine Lagarde, actual presidenta del Banco Central Europeo (BCE) y ex directora gerente del FMI, que también fue en su día condenada por este caso.

El tribunal de apelaciones encargado del caso ha anulado una sentencia de un tribunal inferior que había absuelto al empresario. La sentencia de un año de prisión se ha dictado en suspenso, por lo que el directivo no pisará la cárcel.

El caso se remonta a 1993, cuando el empresario Bernard Tapie vendió Adidas al banco semipúblico Crédit Lyonnais para así incorporarse como ministro al Ejecutivo liderado entonces por François Mitterrand.

Tras años de litigios, el Ministerio de Economía dirigido por Lagarde aceptó solucionarlo con un arbitraje privado, que acabó fijando la indemnización de 403 millones para Tapie.

El pago de 403 millones de euros a Tapie por la venta del fabricante de material deportivo Adidas fue fijado en 2008 por un arbitraje privado en el que había personas muy cercanas al empresario, lo que motivó que siete años más tarde fuera anulado por la justicia.

El Tribunal de Apelación consideró que se burló la ley en la atribución de esa importante indemnización a Tapie, otorgada por la venta del fabricante de material deportivo Adidas, que le había sido confiscado por la justicia y vendido, según el empresario, muy por debajo de su valor real.

Richard, de 60 años y cuyo mandato expiraba a mediados de 2022, había anunciado por la mañana que recurrirá la sentencia al Supremo y que ponía su cargo a disposición del consejo de administración del gigante de las telecomunicaciones, que se reunió expresamente para determinar su futuro.

El consejo subrayó en su nota la voluntad del directivo "de preservar la buena gobernanza del grupo" y le agradeció su compromiso al frente de Orange en los últimos 11 años, en los que estimó que ha marcado su historia "en periodos a veces tumultuosos y preservando siempre el interés de la compañía".  

El Estado francés es el principal accionista de la teleco, con una participación del 22,95% entre las acciones en manos de la Agencia de Participaciones del Estado (equivalente a la española SEPI) y BpiFrance (equivalente al ICO), que acumulan un 13,39% y un 9,56%, respectivamente.

Otros condenados

Además de al presidente de Orange, el tribunal condenó a tres años de cárcel y 300.000 euros de multa a Pierre Estoup, miembro del grupo de arbitraje que fijó la indemnización y considerado por la sentencia como el hombre que maniobró para que fuera tan elevada.

Estoup, que en la actualidad tiene 95 años, formó parte de ese arbitraje gracias a la intervención de Maurice Lantourne, abogado personal de Tapie, quien fue condenado a tres años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, y 300.000 euros de multa.

Las duras penas contrastan con la absolución general que había sido pronunciada en 2019 en primera instancia.

La actual presidenta del BCE fue condenada por ello en 2016, cuando estaba al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI) por "negligencia" en este caso por un tribunal especial, pero no se le impuso ninguna pena.