El Gobierno peruano intenta acabar por la fuerza con las protestas de los indígenas de la Amazonia contra las licencias de explotación concedidas para extraer gas y petróleo en sus tierras ancestrales. Agentes antidisturbios cargaron contra los 5.000 indígenas que bloqueaban una carretera estratégica en la madrugada del viernes y más de 40 personas murieron durante los violentos enfrentamientos.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana acusa a la Policía de usar fuego real y gases lacrimógenos durante el desalojo de la Curva del Diablo, en la provincia amazónica de Bagua. También denuncia que la carga policial causó la muerte de más de 25 indigenas e hirió de bala a decenas más.

La Policía, en cambio, acusa a los indígenas de usar armas de fuego contra ellos y habla de 20 de agentes muertos en las últimas 48 horas. Nueve de ellos murieron ayer durante la operación de rescate de los 38 rehenes secuestrados el viernes por los nativos sublevados. Además, la Policía asegura que siete agentes siguen desaparecidos desde su secuestro.

Varias organizaciones internacionales han condenado al Gobierno de Alan García por negociar el uso de las tierras indígenas sin consultarles previamente y usar la fuerza para acallar las protestas. 'Quiero expresar mi indignación y profundo pesar por las atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas en la región amazónica, que ha derivado en la pérdida de vidas, desapariciones y lesiones graves', denunció Victoria Tauli, presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU.

Previamente, Tauli condenó el estado de excepción ordenado por García hace un mes: 'El estado de sitio está dando lugar a la suspensión de libertades personales y políticas de los pueblos indígenas en la región amazónica, la criminalización de sus líderes y de los defensores de los derechos humanos y la creciente militarización de los territorios indígenas'.

La Federación Internacional de Derechos Humanos exige a las autoridades peruanas en un comunicado que recurran a la vía diplomática, 'en vez de optar por soluciones represivas', para poner fin al conflicto con los indígenas.

La protesta amazónica empezó a principios de abril, para impedir que entren en vigor la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la Ley de Recursos Hídricos y otros tres decretos legislativos que regulan el uso de las tierras indígenas y abren las puertas a la inversión de multinacionales extranjeras.

'[Las normas] están bien hechas y están destinadas a asegurar el desarrollo de todo el país, un desarrollo sostenible e inclusivo', defiende el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde. Sus palabras no convencen a los indígenas, que alegan que el Gobierno de García ha violado la legislación internacional al no consultarles.

El líder de los manifestantes, Alberto Pizango, exigió de nuevo la derogación de unas leyes 'que permiten la privatización de los bosques y del agua', y advirtió de que las movilizaciones para frenar el expolio de la Amazonia peruana continuarán.

La Coordinadora Andina de las Organizaciones Indígenas fue más lejos y pidió un juicio internacional contra el presidente peruano.

Exploración multiplicada

Entre 2002 y 2008, el Gobierno de Alan García ha quintuplicado las concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos en la cuenca amazónica peruana. Hace tres años, sólo el 15% de la selva estaba afectada por explotaciones petroleras, en 2009, la superficie en la que se permite realizar prospecciones es del 72%.

tratado de libre comercio

Tras cinco años de negociaciones, el 1 de febrero entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y EEUU pese a la fuerte oposición de los campesinos y los indígenas.

nueva legislación

Para aplicar el TLC, el Parlamento discute una ley forestal y otra de recursos hídricos con las que el Gobierno quiere 'atraer inversión extranjera' y 'ordenar' el uso de los recursos. Para los indígenas, significa la privatización de sus tierras ancestrales.