La criminalización del aborto en América Latina se ceba con las mujeres de escasos recursos económicos, menores de 24 años, que viven en áreas rurales o apartadas de los centros urbanos y que provienen de etnias indígenas o son afrodescendientes. Así lo desvelan diversas investigaciones realizadas en distintos países de la región recientemente. Incluso en aquellos países en los que se han realizado importantes avances en el derecho al aborto, despenalizándolo en algunos supuestos, la criminalización de las mujeres no sólo no ha disminuido, sino que por el contrario, se ha incrementado. 

Uno de los casos más llamativos es el de Colombia, cuya Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres amplios supuestos en 2006 (por riesgo para la vida o salud de la mujer, por violencia sexual o por incompatibilidad del feto con la vida extrauterina) y que tiene aún una de las legislaciones más avanzadas de la región. Según un reciente estudio titulado La criminalización del aborto en Colombia, realizado por el colectivo colombiano La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Universidad de Los Andes, desde la sentencia de la Corte Constitucional hace 15 años, se han disparado los casos de persecución penal por aborto en el país. Denuncian que desde 2005 la persecución judicial se cuadruplicó, pasando de los 130 casos hasta los más de 400 que se producen anualmente en el país.

"La despenalización del aborto por causales es una solución insuficiente. Ha ampliado las posibilidades para abortar pero sobre todo a las mujeres de clase media y clase alta, a las privilegiadas, pero ha tenido un efecto criminalizante entre los grupos más vulnerables", afirma a Público Lucía Hernández, abogada de la organización Women's Link Worldwide con sede en Bogotá. 

Por estas razones esta pasada semana las organizacioens feministas y las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, festejaron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de México, que declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar. Denuncian que la inclusión del aborto como un delito en los códigos penales y las leyes que restringen la interrupción del embarazo no penalizan el aborto, sino a las mujeres más vulnerables. 

Hace unos días un amplio grupo de más de 90 organizaciones de la sociedad civil y mas de 100 personalidades agrupados bajo el movimiento Causa Justa, interpusieron una demanda conjunta pidiendo a la Corte Constitucional de Colombia que elimine el delito de aborto del Código Penal por vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud. Esta demanda podría abrir el proceso para una legislación de plazos.

Un patrón en la región

Colombia no es el único ejemplo en donde se vulneran los derechos de las mujeres más desprotegidas. Recientemente otras dos investigaciones, una realizada por la organización GIRE en México y otra por Human Rights Watch en Ecuador, arrojaban conclusiones similares. 

La investigación en Ecuador, realizada sobre 148 casos en los cuales mujeres o niñas, profesionales de la salud o acompañantes fueron acusados de obtener o practicar abortos entre 2009 y 2019, arrojó que el 81% de ese total eran casos iniciados contra mujeres y niñas, y un número desproporcionado de estos tuvo lugar en provincias con un gran porcentaje de población indígena o afrodescendiente. La mayoría eran personas jóvenes, de menos de 24 años y el 12% de las judicializadas por abortar eran niñas menores de 15 años. Casi todas vivían en condiciones de pobreza. 

En Ecuador, el aborto consentido constituye un delito penado con hasta dos años de prisión y con entre uno y tres años para los profesionales de la salud que practican un aborto. La interrupción del embarazo sólo está legalizada cuando la vida y la salud de la mujer embarazada están en riesgo, y en todos los casos de violencia sexual. Sin embargo, ni siquiera en estas circunstancias las mujeres están libres de ser perseguidas. 

"Esta tremenda criminalización hace que no solo mujeres o niñas que se induzcan el aborto acaben siendo procesadas, sino también mujeres que llegan con abortos incompletos, con emergencias obstétricas o con perdidas, terminan siendo castigadas por la justicia", explica Ximena Casas, investigadora sobre Mujer en la división de América Latina de Human Rights Watch (HRW).

El informe narra el caso de una mujer joven que cuando estaba trabajando se cayó por las escaleras y tuvo una hemorragia. Fue de emergencia al centro de salud, donde certificaron que estaba embarazada de poco más de un mes, una condición que la mujer desconocía. Los médicos la denunciaron ante la Fiscalía y la Policía, porque penaban que se estaba induciendo un aborto. La mujer acabó procesada y estuvo 3 meses en la cárcel con su hijo de tres años. "No importa en qué país estemos, casos similares ocurren en todos los países que tienen el aborto dentro del código penal".

El informe de GIRE, resalta que en México existe una gran brecha entre los derechos establecidos en papel y los servicios a los que, de hecho, tienen acceso las personas. El estudio concluye que el acceso al aborto por causales en México (determinados supuestos por los que se despenaliza el aborto) es "precario o nulo". "Existe un gran desconocimiento por parte de las autoridades y, en particular, del personal de salud acerca de sus obligaciones; se imponen requisitos no solicitados por la legislación que obstaculizan y en ocasiones hacen imposible el acceso a servicios legales de aborto; se permite la desinformación por parte de grupos antiderechos mediante la promoción de legislaciones que buscan restringir los derechos humanos; se viola el secreto profesional y se criminaliza a mujeres con emergencias obstétricas", afirma el estudio".

En la mayoría de los casos, las mujeres que entran en un centro de salud con una emergencia obstétrica o con pérdidas por un inicio de aborto, son denunciadas por los propios médicos a la Fiscalía y la Policía, que les toman declaración en la camilla del hospital o que incluso son llevadas casi desnudas, tapadas sólo con la bata hospitalaria, a declarar a la fiscalía. El informe de HRW, desvela que el 73% de los procesos judiciales contra estas mujeres se inician por denuncias de los profesionales de la salud, una cifra similar a lo que ocurre en México o Colombia. 

Falta de información y de acceso a la salud

Las causas que generan este perfil de mujeres criminalizadas son múltiples. Entre ellas destacan las barreras derivadas de la falta de información. Mujeres que viven en zonas alejadas de los centros urbanos o en medios rurales no conocen sus derechos al aborto y cuando los conocen, no tienen centros de salud cercanos donde acudir. En ocasiones deben recorrer largas distancias y usar medios de transporte que son caros y no pueden costear. Otro problema común en diversos países es la poca formación e incluso la desinformación por parte de los servicios de salud y de las instituciones judiciales. "Los servicios de salud denuncian a las mujeres por posible inducción de un aborto, violando el secreto profesional que tienen los médicos y los jueces, sin embargo, las admiten. También admiten los historiales clínicos", añado Casas.

Esta activista relata que las mujeres de clase media y acomodada y que viven en medios urbanos, no sólo tienen recursos económicos para pagar servicios de salud privados que les realizan abortos o la posibilidad de viajar al extranjero, sino también recursos para pagar a abogados que las defiendan. Las mujeres con menos recursos recurren a abogados de oficio que mucha veces les recomiendan que se declaren culpables para tener una condena menor, aunque su caso entre dentro de los supuestos permitidas para interrumpir el embarazo.
"La gran mayoría tienen barreras para acceder a una adecuada representación legal y se les viola el acceso a la tutela judicial efectiva", añade Casas.

El miedo a las denuncias y ser judicializadas hace que muchas mujeres no acudan a los centros de salud, sino que opten por abortos "artesanales" e inseguros, golpeándose, metiéndose ganchos en la vagina o tomando hierbas. Métodos todos que ponen en riesgo su salud y su vida. 

Las cifras reales de abortos en la región son difíciles de calcular. No hay registros y las mujeres que acceden a un aborto lo ocultan para no ser estigmatizadas. Además, la gran mayoría de las interrupciones se hacen en lugares no autorizados, de los que no hay registro. Sin embargo, la dimensión de este drama que viven a diario las mujeres se puede inferir por el escaso numero de mujeres que efectivamente acceden a un aborto legal. "La excepción es un acceso al aborto seguro y en buenas condiciones", afirma Hernández. "En Colombia, tras la despenalización, el acceso al aborto es muy limitado. Guttmacher  [instituto que se dedica a investigar sobre los derechos sexuales y reproductivos en el mundo], calcula que sólo entre el 1% y el 9% de los abortos que se realizan en el país son legales y seguros y se hacen en las grandes ciudades", concluye Hernández.

El aborto está altamente penalizado aún en muchos países de América Latina. Aunque en los últimos años se han producido importantes avances, sólo cinco países (Cuba, Uruguay, las Guayanas y recientemente Argentina), han despenalizado el aborto y tienen leyes de plazos en distintos niveles de implementación. Otros siete (El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Jamaica o Surinam) lo prohíben de forma total, incluso cuando la vida de la madre corre peligro. En el resto existen leyes que permiten la interrupción del embarazo en determinados supuestos. 

Ahora la tendencia, tal como explican diversas expertas, es hacia la despenalización total del aborto. "Las mujeres criminalizadas son quienes enfrentan una mayor afectación cuando el aborto es considerado un delito y no un servicio de salud", concluye en informe de Gire.