"Por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron y con todos los chilenos". 

Fue la respuesta que el presidente chileno, Sebastián Piñera, espetó el martes a una periodista de la BBC durante la primera entrevista que el mandatario concedió tras el estallido de la crisis. "¿Tiene fe en que va a llegar al fin de su gobierno?", le había preguntado la comunicadora. Y de hecho, esta es la pregunta que muchos chilenos y chilenas se hacen en el contexto de la crisis social y política que sacude al país latinoamericano desde hace más de 20 días. Este viernes, los manifestantes volvieron a Plaza Italia –75.000 según cifras oficiales, muy cuestionadas por los participantes– y el grito "¡Renuncia Piñera!" volvió a resonar, apareció de nuevo en los hashtags de las redes sociales y en los grafitis estampados en las calles.

La gestión que el Gobierno está haciendo de la situación, que sigue incierta e imprevisible, ha sido muy criticada por distintos sectores, incluso de la misma coalición oficialista Chile Vamos.

El gobierno de Sebastián Piñera decidió aplacar con mano dura la primeras protestas de los estudiantes contra el aumento del precio del billete de metro. Envió a la policía a intervenir y la ola de manifestaciones y altercados se multiplicó. Ni la revocación del alza del transporte público, ni tampoco la llamada a diálogo con la oposición, ni el anuncio de una "nueva agenda social" –considerada insuficiente desde el inicio–, ni mucho menos el "profundo" cambio de gabinete que llevó a cabo el presidente han convencido a los manifestantes, que no han frenado la movilización.

Este jueves Piñera convocó al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), una organismo que asesora al presidente en temas de seguridad nacional, integrado por distintas autoridades de primer nivel, entre ellas el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros. Además, el presidente anunció un nuevo paquete de medidas en materia de seguridad y orden público que los manifestantes han interpretado como una nueva criminalización de la protesta.

Entre las propuestas hay un nuevo proyecto de ley "antisaqueo" que endurece las sanciones por robo; agilizar la tramitación del proyecto de ley "antiencapuchados" que se presentó en septiembre; considerar como desorden en la vía pública las barricadas y acciones similares que entorpezcan la libre circulación de personas y vehículos; y modernizar y reforzar el sistema nacional de inteligencia y el cuerpo de Carabineros. Ante los anuncios, la gente volvió a la calle.

El presidente blindado

La figura de Sebastián Piñera está hoy más deslegitimada que nunca. Las últimas encuestas le entregan los peores índices de aprobación de un mandatario desde el retorno a la democracia, con cifras que oscilan entre el 9% y el 14%, según diferentes sondeos. Sin embargo, nada hace pensar en una eventual dimisión del presidente, que tiene aún dos años de mandato por delante.

La Constitución chilena, diseñada e implementada bajo la dictadura, blinda la figura del presidente. El texto establece, en su artículo 53, que el Senado puede declarar la "inhabilidad" del presidente cuando "un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones". Le corresponde, también, a la Cámara Alta declarar, cuando el presidente presente la dimisión de su cargo, "si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla". "En ambos casos deberá oír previamente al Tribunal Constitucional", señala el texto.

Según explica el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, Jaime Bassa, "hay un procedimiento diseñado para que el presidente pudiera eventualmente ponerse en contacto con el Senado, que éste escuche al TC y después califique la renuncia, que incluso podría no aceptar".

Sobre las causas concretas que el presidente podría argumentar para presentar su dimisión, el académico comenta que "no hay una especificidad" ni en la carta magna ni en la ley orgánica del Congreso Nacional para las razones que podrían llevar a la renuncia del presidente, ya que "esta suerte de inhabilidad sobreviviente o discapacidad para seguir en el cargo puede ser por causas físicas, psicológicas o políticas". Bassa considera que la crisis que hoy atraviesa el país sólo se podrá superar a través de "los procedimientos propios de la política, como el diálogo o el consenso" porque Chile se rige por un sistema presidencial en el que "no hay posibilidad de un voto de censura o de adelantar las elecciones, como ocurre en los regímenes parlamentarios europeos".

Piñera acusado constitucionalmente

El adelanto electoral ha sido, de hecho, otra de las fórmulas propuestas para sortear el escenario actual. La idea surgió de un grupo de parlamentarios del Partido Socialista que sugirieron avanzar un año los comicios presidenciales, coincidiendo con la convocatoria para las municipales y regionales de 2020. El problema principal, pero, es que la Constitución actual no permite el adelanto, por lo que los diputados apuestan por una modificación constitucional que permita entregarle al presidente la facultad de anticipar la convocatoria electoral.

Sin embargo, la opción que, por ahora, más ha avanzado es la acusación constitucional contra Piñera que, de concretarse, permitiría destituirlo o inhabilitarlo para el ejercicio de su cargo. Impulsado por el Partido Comunista y respaldado por el Frente Amplio, se trata de un mecanismo que se dirige contra las autoridades que han incurrido en alguna infracción constitucional y en el que la Cámara de Diputados actúa como acusadora y el Senado como jurado del proceso de impeachment.

Según explican fuentes conocedoras de la iniciativa, parte de la acusación contra Piñera apuntará a señalar la "mala aplicación del Estado de Emergencia" por haber restringido las libertades personales más allá de lo establecido. El Estado de Emergencia sólo habilita al presidente a limitar la libertad de locomoción y de reunión, sin embargo, en opinión de las fuentes, durante ese período también “se restringieron y amenazaron otras libertades y garantías como el derecho a la vida y a la integridad física”.

La acusación contra el presidente, que se presentará la próxima semana, necesita mayorías más grandes que las requeridas para otras autoridades. Eso complica su aprobación, especialmente en el Senado, donde se hay que sumar dos tercios de los votos. Una cifra que hoy por hoy la centro-izquierda no tiene. Sin embargo, para quienes promueven la iniciativa, más allá de que pase o no, la acusación permite señalar "la gravedad" de la situación y apuntar a la autoridad política.

"Estoy absolutamente seguro que ninguna de ese tipo de acusaciones va a prosperar porque la solución pasa por respetar las reglas de la democracia y no atentar en contra de ella pretendiendo desestabilizar a un gobierno que ganó las elecciones legítimamente y por una amplia mayoría", dijo Sebastián Piñera a la BBC preguntado sobre el tema. El mandatario chileno también se enfrenta a una querella –que ya ha sido admitida a trámite– presentada por 16 abogados por nueve tipos de delito cometidos luego de que se decretara el Estado de Emergencia el pasado 18 de octubre, entre los que se mencionan homicidios, torturas, abusos sexuales, violaciones, detenciones ilegales y lesiones al globo ocular de más de 200 personas. 

El presidente ha escuchado el reclamo perseverante de los chilenos y chilenas por una nueva Constitución, pero todavía no da señales claras en esta línea. Mientras eso no ocurra, ellos están decididos a seguir manifestándose.