Petro pisa el acelerador de las reformas para desmontar el neoliberalismo en Colombia

Colombia va rápido. Gustavo Petro lleva más de seis meses al frente del primer gobierno progresista de la historia de Colombia y quiere cumplir sus promesas de campaña. Lo dejó claro a poco de ganar las elecciones, en junio pasado, cuando afirmó: "Las reformas se hacen el primer año o no se hacen".

El primer año de cualquier gobierno suele ser determinante, y un año es, además, una cuarta parte del mandato presidencial de Petro porque no podrá optar a la reelección, según establece la Constitución. Cada mes es importante para cambiar un país bajo un statu quo neoliberal desde el inicio de la década de los años 90 del siglo pasado, en particular a partir de la presidencia de César Gaviria (1990-1994).

El Gobierno de Petro ya ha dado pasos importantes en su agenda de cambios, como la normalización de las relaciones con Venezuela o la reforma tributaria aprobada en noviembre en el Congreso: "Por primera vez en la historia republicana del país, se cumple con el principio constitucional de que los tributos son progresivos, es decir, quienes más devengan y quienes más riquezas deben proporcionalmente ser los mayores tributadores", explica a Público el senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático, sobre esta importante iniciativa.

La reforma tributaria es fundamental para el diseño de la estrategia de sostenibilidad financiera de las demás reformas previstas: las que ya están en marcha, como la agraria (totalmente relacionada con la política paz total); las que están por entrar al Congreso, como la de pensiones y laboral; o la que se ubica en el centro de la agenda desde febrero, es decir, la reforma del sistema de salud, que ha generado disputas con sectores de la oposición y tensiones internas en la propia coalición de Gobierno.

La salud como derecho universal

La reforma de la salud es clave dentro de la orientación de cambio que propone Petro porque busca dotar de mayor capacidad al Estado y eliminar la centralidad de las empresas privadas como intermediarias entre el dinero público y las prestaciones de salud. A su vez, tiene como objetivo ir hacia un modelo de salud preventiva que llegue a todos los territorios; en particular, a aquellos lugares donde el sector privado tiene poco interés por falta de rédito económico y donde lo público es muchas veces deficiente.

Más Estado, menos liberalismo. Bajo este esquema, Petro presentó la reforma de salud en el Congreso el 15 de febrero y ahí comenzó el tira y afloja. En primer lugar, el presidente realizó un ejercicio novedoso para un mandatario colombiano: convocó a una movilización de respaldo a las reformas. "No puede ser un cambio de mentiras, de maquillaje, si el pueblo abandona a su gobierno el cambio podría detenerse, el cambio será más y más profundo en la medida en que las mayorías de la sociedad nos acompañen", dijo en una larga alocución desde la Plaza de Armas de Bogotá.

La derecha, en particular el uribismo, respondió al día siguiente con la convocatoria de movilizaciones y siguió con una dinámica de marchas y contramarchas, tal y como ya se ha visto en otros países de la región donde hay gobiernos progresistas. Varias figuras de la oposición se pusieron al frente de las críticas a la reforma, como los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe.

Otro frente se abrió en la propia coalición de Gobierno, desde los sectores centristas o liberales que la integran. Uno de los opositores a la reforma es Roy Barreras, presidente del Senado y uno de los hombres claves en la campaña de Petro. También lo hicieron varios ministros, en concreto Alejandro Gaviria, a cargo de la cartera de Educación y exministro de Salud de Juan Manuel Santos, quien finalmente fue cesado el pasado martes junto a las ministras de Cultura y Deportes, Patricia Ariza y María Isabel Urrutia, respectivamente.

"Viene una nueva etapa intensa de reformas, hay ministros y ministras que cumplen un ciclo, otros con los cuales el presidente ha tenido distintos puntos de vista, divergencias, entonces se ha producido esto que los medios tradicionales quieren presentar como una gran crisis pero que en realidad es parte de los reacomodos que periódicamente tiene un gabinete", sostiene Cepeda. "De mis ministros y ministras solo exijo lealtad con el programa de gobierno, cero corrupción y resultados", tuiteó Petro.

Hacia la paz total

Cepeda representa al Gobierno en la mesa de diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se desarrolla en México. Se trata de uno de los varios procesos que buscan la paz con distintos grupos armados y que pueden dividirse en dos categorías: las organizaciones consideradas políticas, como el ELN y las llamadas disidencias de las FARC, que se desligaron de los acuerdos de La Habana firmados en 2016, y las consideradas bandas criminales que tienen un alto impacto por sus negocios ilícitos y generan mucha violencia.

Uno de estos grupos es el Clan del Golfo, que cuenta con casi 9.000 personas armadas. "Se aspira a que los procesos se den de manera simultánea con grupos de origen político, como el proceso con el ELN, que giren en torno a transformaciones económicas, sociales y políticas, y procesos en los cuales organizaciones vinculadas esencialmente a la economía del narcotráfico se acojan a la justicia", explica el senador.

El acogimiento, acompañado de un proyecto en el Congreso, implica que las penas para las dirigencias de las organizaciones sean reducidas a ocho años no descontables y cuatro de libertad vigilada con pena restaurativa, que puedan mantener un 6% de los bienes entregados a cambio de algunas condiciones como el desmonte del aparato criminal o verdad a las víctimas.

La tierra, de nuevo al corazón de la negociación

El diálogo que se ha retomado con el ELN tras su suspensión en 2019, entonces bajo la presidencia de Iván Duque, tiene otras características, ya que se debate sobre agendas sociales y económicas, y en el centro de nuevo se coloca la cuestión agraria (como ocurrió en el proceso de paz con las FARC durante el Gobierno de Santos): "Ha comenzado un proceso de reforma rural en el cual el Estado está comprando tierras para entregarlas a los campesinos, se las está comprando a los ganaderos", explica Cepeda.

"Uno de los grandes problemas estructurales que subyacen al conflicto armado colombiano es precisamente la tenencia de la tierra, la concentración violenta de la tierra y de su uso, que ha excluido a las economías de las poblaciones rurales como el campesinado, los pueblos indígenas y afrodescendientes", afirma.

La reforma rural consiste en entregar tres millones de hectáreas de áreas productivas a los campesinos y formalizar otros siete millones de hectáreas: un total de 10 millones.

La ambición reformista del plan de Petro parece tan grande como los problemas acumulados de Colombia. Mientras se desarrollan diálogos con grupos armados continúa una violencia en los territorios que, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ha ocasionado 21 masacres y el asesinato de 20 líderes sociales en los dos primeros meses del año. Se trata de muertes que responden a dinámicas regionales dentro de un mapa fragmentado de organizaciones armadas que disputan territorios, riquezas y circuitos de distribución de drogas e insumos ilícitos.

El presidente del Indepaz, Camilo González, afirmó en una entrevista reciente que se puede esperar "un leve desescalamiento por regiones", diagnóstico que da cuenta de la complejidad de la violencia en el principal país productor de coca del mundo. El año 2022 cerró con 92 masacres, 189 líderes sociales y 42 firmantes de la paz de 2016 asesinados, y ese es uno de los desafíos del gobierno de Petro, que alzó la bandera de un cambio largamente postergado en Colombia. 

La popularidad de Petro

El mandatario mantiene una aprobación popular elevada, en comparación con la oposición. Según la última encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), la valoración positiva de Petro es de 49,6%. Otras encuestadoras arrojan datos más bajos, como Invamer Poll, que muestra una aprobación del 40%, en el marco de una tendencia en descenso que se atribuye a la dinámica de conflictividad política alrededor de la reforma de salud, reforma que, según Celag, tiene el 68,7% de aprobación. Pero hay más preocupaciones más allá de esta reforma: según Invamer, el desempleo y la economía son los problemas principales para el 39% de los encuestados.

Petro busca avanzar, con movilizaciones, negociaciones en el Congreso y decenas de tuits diarios, en una agenda de cambios rápidos de orientación progresista. Cuenta con cuatro años de mandato propio para desmontar los pilares del statu quo narco-neoliberal, ese que fue impugnado junto a sus representantes en las calles durante el estallido del 2021.