El Tratado TTIP se está negociando con la mayor discreción y sin ninguna transparencia democrática entre la Unión Europea y Estados Unidos (EEUU). Su objetivo es crear una de las mayores zonas de libre comercio del planeta, con cerca de 800 millones de consumidores, y que representará casi la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y un tercio del comercio global.

La UE es la principal economía del mundo: sus quinientos millones de habitantes disponen, en promedio, de unos ingresos anuales per cápita de 25.000 euros. Eso significa que la UE es el mayor mercado mundial y el principal importador de bienes manufacturados y de servicios, dispone del mayor volumen de inversión en el extranjero, y es el principal receptor planetario de inversiones extranjeras. La UE es también el primer inversor en EEUU, el segundo destino de las exportaciones de bienes estadounidenses y el mayor mercado para las exportaciones estadounidenses de servicios. La balanza comercial de bienes arroja, para la UE, un superávit de 76.300 millones de euros; y la de servicios, un déficit de 3.400 millones. La inversión directa de la UE en EEUU, y viceversa, ronda los 1,2 billones de euros.

Antes de la crisis financiera global de 2008, EEUU era el socio comercial más importante para 127 Estados del mundo; China sólo lo era para 70 países. Ese balance se ha invertido por completo

Washington y Bruselas quisieran cerrar el tratado TTIP antes de que finalice el mandato del presidente Barack Obama. ¿Por qué tanta prisa? Porque, para Washington, este acuerdo tiene un carácter geoestratégico. Constituye un arma decisiva frente a la irresistible subida en poderío de China; y, más allá de China, de las demás potencias emergentes del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica). Hay que precisar que, entre los años 2000 y 2008, el comercio internacional de China creció más de cuatro veces: sus exportaciones aumentaron un 474% y las importaciones un 403%. ¿Consecuencia? Estados Unidos perdió su liderato de primera potencia comercial del mundo que ostentaba desde hacía un siglo... Antes de la crisis financiera global de 2008, EEUU era el socio comercial más importante para 127 Estados del mundo; China sólo lo era para 70 países. Ese balance se ha invertido. Hoy, China es el socio comercial más importante para 124 Estados; mientras que EEUU sólo lo es para 76.

¿Qué significa eso? Que Pekín, en un plazo máximo de diez años, podría hacer de su moneda, el yuan, la otra gran divisa de intercambio internacional(1), y amenazar la supremacía del dólar. También está cada vez más claro que las exportaciones chinas ya no sólo son productos de baja calidad a precios asequibles por su mano de obra barata. El objetivo de Pekín es elevar el nivel tecnológico de su producción (y de sus servicios) para ser mañana líder también en sectores (informática, finanzas, aeronáutica, telefonía, ecología, etc.) que EEUU y otras potencias tecnológicas occidentales pensaban poder preservar. Por todas estas razones, y esencialmente para evitar que China se convierta en la primera potencia mundial, Washington desea blindar grandes zonas de libre cambio a las que los productos de Pekín tendrían difícil acceso. Al mismo tiempo, EEUU ha negociado, con sus socios del Pacífico(2), un Acuerdo Transpacífico de Libre Cambio (Trans-Pacific Partnership, TPP, en inglés), gemelo asiático del Acuerdo Transatlántico (TTIP).

Aunque el TTIP empezó a gestarse en los años 1990, Washington ha presionado para acelerar las cosas. Y las negociaciones concretas se iniciaron inmediatamente después de que, en el Parlamento Europeo, la derecha y la socialdemocracia aprobaran un mandato para negociar –aceptado también, en España, en la proposición presentada conjuntamente, en el Congreso de los Diputados, por el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)...–. Un informe, elaborado por el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento, creado en noviembre de 2011 por la UE y EEUU, recomendó el inicio inmediato de las negociaciones.

Los grandes medios de comunicación dominantes han hablado poco, con la esperanza de que la opinión pública no tome conciencia de lo que está en juego, y de que los burócratas de Bruselas puedan decidir sobre nuestras vidas

Aunque las negociaciones han pasado por altibajos, incluso han llegado a estar suspendidas debido a desacuerdos en el seno de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, las dos partes están decididas a firmar lo antes posible el TTIP. De todo esto, los grandes medios de comunicación dominantes han hablado poco, con la esperanza de que la opinión pública no tome conciencia de lo que está en juego, y de que los burócratas de Bruselas puedan decidir sobre nuestras vidas con toda tranquilidad y en plena opacidad democrática.

Mediante ese acuerdo de marcado carácter neoliberal, EEUU y la UE desean eliminar aranceles y abrir sus respectivos mercados a la inversión, los servicios y la contratación pública, pero sobre todo intentan homogeneizar los estándares, las normas y los requisitos para comercializar bienes y servicios. Según los defensores de este proyecto librecambista, uno de sus objetivos será “acercarse lo más posible a una eliminación total de todos los aranceles del comercio transatlántico en bienes industriales y agrícolas”. En cuanto a los servicios, la idea es “abrir el sector servicios, como mínimo, tanto como se ha logrado en otros acuerdos comerciales hasta la fecha” y expandirlo a otras áreas, como el transporte. Sobre la inversión financiera, las dos partes aspiran a “alcanzar los niveles más altos de liberalización y protección de las inversiones”. Y sobre los contratos públicos, el acuerdo pretende que las empresas privadas tengan acceso a todos los sectores de la economía (incluso a las industrias de defensa), sin discriminación alguna.

Aunque los medios de comunicación dominantes apoyan sin restricción este acuerdo neoliberal, las críticas se han multiplicado sobre todo en el seno de algunos partidos políticos, de numerosas ONG y de organizaciones ecologistas o de defensa de los consumidores. Por ejemplo, Pia Eberhardt, miembro de la ONG Corporate Europe Observatory, denuncia que las negociaciones se han llevado a cabo sin transparencia democrática y sin que las organizaciones civiles hayan tenido conocimiento en detalle de lo que se ha acordado hasta ahora: “Hay documentos internos de la Comisión Europea –declara la activista– que indican que ésta se reunió, en la fase más importante, exclusivamente con empresarios y sus lobbys. No hubo un solo encuentro con organizaciones ecologistas, con sindicatos, ni con organizaciones protectoras del consumidor” (Deutsche Welle en español, 17 de febrero de 2013). Eberhardt observa con inquietud una posible disminución de las exigencias para la industria alimentaria. “El peligro –comenta– lo conforman los alimentos no seguros importados de EEUU que podrían contener más transgénicos, o los pollos desinfectados con cloro, procedimiento prohibido en Europa”. Añade que la industria agrícola-ganadera estadounidense exige la supresión de los obstáculos europeos a ese tipo de exportaciones.

Otros críticos temen las consecuencias del TTIP en materia de educación y de conocimiento científico, pues podría extenderse a los derechos intelectuales. En este sentido, Francia, para proteger su importante sector audiovisual, ya impuso una “excepción cultural”. El TTIP no abarcará las industrias culturales.

Varias organizaciones sindicales denuncian que, sin ninguna duda, el Acuerdo Transatlántico ahondará en los recortes sociales, en la reducción de los salarios, y destruirá empleo en varios sectores industriales (electrónica, comunicación, equipos de transporte, metalúrgica, papel, servicios a las empresas) y agrarios (ganadería, agrocombustibles, azúcar).

Los ecologistas europeos y los defensores del comercio justo explican además que el TTIP, al eliminar el principio de precaución, podría facilitar la supresión de regulaciones medioambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria, a la vez que puede suponer una merma de las libertades digitales. Algunas ONG ambientalistas temen que se comience también a introducir en Europa el fracking, o sea el uso de sustancias químicas peligrosas para los acuíferos, con el fin de explotar el gas y el petróleo de esquisto.

Pero uno de los principales peligros del TTIP es que incorpora un capítulo sobre “protección de las inversiones”, lo que podría abrir las puertas a demandas multimillonarias de empresas privadas en tribunales internacionales de arbitraje (al servicio de las grandes corporaciones multinacionales) contra los Estados por querer estos proteger el interés público, lo cual puede suponer una “limitación de los beneficios de los inversores extranjeros”. Aquí lo que está en juego es sencillamente la soberanía de los Estados y el derecho de estos para llevar a cabo políticas públicas en favor de sus ciudadanos.
Para el TTIP, los ciudadanos no existen; sólo hay consumidores, y estos pertenecen a las empresas privadas que controlan los mercados.

El desafío es inmenso. Y la voluntad cívica de parar el TTIP no debe ser menor.

* Este editorial de Ignacio Ramonet fue publicado por Le Monde Diplomatique en marzo de 2014 y ha sido reeditado.

NOTAS:

(1) En abril de 2011, en el marco de la Cumbre de los BRICS en Sanya (isla de Hainan, China), se firmó un acuerdo de cooperación financiera entre las cinco potencias emergentes que prevé la apertura de líneas de crédito en sus monedas nacionales respectivas, con el fin de reducir la dependencia respecto al dólar. En 2008, ya Pekín había firmado este tipo de acuerdo con Argentina.

(2) Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El TPP se ha negociado en secreto durante más de cinco años. Finalmente un principio de acuerdo ha sido alcanzado tras cinco días de negociaciones en Atlanta (Estados Unidos), aunque está pendiente de la aprobación de los respectivos parlamentos.