Pekín se interesa ahora por la opinión de sus ciudadanos

Las imágenes de televisión muestran al primer ministro chino, Wen Jiabao, escuchando a un grupo de personas en una sala. La gente le entrega unos papeles, Wen los examina, luego levanta la mirada y les dedica unas palabras cálidas. La escena parece bastante normal, pero ha roto un molde en la historia de China: nunca desde que se fundó la República Popular, en 1949, un primer ministro se había encontrado cara a cara con peticionarios, la gente que acude a la capital procedente de todos los rincones de China para protestar por una injusticia.

El encuentro tuvo lugar el lunes y la televisión lo emitió la noche del martes, por sorpresa. El asunto de los peticionarios es uno de los más sensibles para el régimen. Decenas de personas acuden cada día a la Oficina Estatal para Cartas y Llamadas para reclamar justicia a causa de expropiaciones forzosas, demolición de sus hogares, abuso de poder de los funcionarios, acoso, violencia y corrupción. Precisamente todo lo que el Gobierno chino ha intentado siempre esconder debajo de la alfombra.

Quizá fue una señal del régimen de que quiere avanzar hacia una sociedad más democrática"He venido para conocer sus opiniones sobre el trabajo del Gobierno. Por favor, no se guarden nada, cuéntenme los hechos", dijo Wen, según la agencia estatal Xinhua. "Nuestro Gobierno es el Gobierno de la gente, y nuestro poder procede del pueblo", agregó.

Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el motivo de tan inusual visita. Quizá fue una señal del régimen de que quiere avanzar hacia una sociedad más democrática y justa, tal como le pidió Obama al presidente Hu Jintao hace una semana en Washington. Quizá fue un puro acto de populismo, pues Pekín sabe que el malestar social se ha disparado y empieza a amenazar la estabilidad del país.

La figura del peticionario tiene su origen en la época imperial china. En 2009, Pekín quedó en evidencia ante el mundo tras el descubrimiento de las "cárceles negras", lugares secretos gestionados por los gobiernos provinciales donde se encarcela sine die a los peticionarios para evitar que formulen su queja.