Los datos de 200 partidos en 25 países desvelan que los grupos más extremistas de Europa han tenido un aumento en las donaciones que reciben en los últimos años. La investigación 'Transparency Gap' liderada por Follow the Money y que aglutina a 26 medios de toda Europa, ha analizado los informes anuales de más de 200 partidos y ha comprobado que más de 150 millones de euros, uno de cada cuatro euros de donaciones privadas entre 2019 y 2022 a partidos políticos, se destinó a partidos populistas y a aquellos con ideas más extremistas.

Los grupos de extrema derecha han recaudado más de 97 millones de euros, lo que equivale a un euro de cada siete que se ha derivado de fondos privados a estas formaciones como donaciones.

El proyecto ha utilizado para definir a las formaciones la misma clasificación de partidos que el grupo de investigación The PopuList, que define a los de extrema derecha como de ideología nacionalista y autoritaria.

En otra investigación internacional que también lideraba Follow the Money y en la que participó Público, se develaba cómo, precisamente, la derecha y la extrema derecha bloqueaban un Parlamento Europeo más transparente. De los siete grupos que conformaban hasta ahora la Eurocámara —a los que habría que sumar los eurodiputados no adscritos—, el grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y el del Partido Popular Europeo (EPP) eran los dos que más se habían opuesto a medidas para mejorar la transparencia y el control sobre los eurodiputados. Solo el 22,68% de los votos del grupo EPP habían apoyado mejoras en este sentido y en el caso de ECR, solo el 30,49%.

En la UE, la mayoría de los países obligan a los partidos a declarar sus ingresos de fuentes públicas y privadas, pero en algunos Estados miembro esta información cae en un agujero negro que no permite fiscalizar estos fondos y conocer su origen. De hecho, según la investigación 'Transparency Gap' en la que ha participado desde España el diario El País, tres cuartas partes no publican información o solo publican datos parciales sobre quiénes son las personas o empresas que están detrás de las donaciones.

España y Francia, entre los países más opacos

Según los datos de este análisis internacional, sólo siete países de la UE exigen que los partidos revelen la identidad de todos sus donantes privados. En concreto, sólo Bulgaria, la República Checa, Estonia, Grecia, Letonia, Polonia y Croacia (una cuarta parte de los Estados miembro) exigen que se identifique la fuente de todas las donaciones.

De esta manera, 16 Estados de la UE permiten que todos o algunos de los donantes sigan siendo desconocidos para el público en general o la prensa, y los umbrales para revelar la identidad de los donantes varían ampliamente.

'Transparency Gap', en la que también ha colaborado The Guardian, demuestra cómo la transparencia en algunas de las democracias más asentadas de la UE está muy por debajo de los estándares de países de Europa del este, Estados que dejaron de ser comunistas de partido único a principios de los años noventa.

En Francia, miembro fundador de la UE, la brecha de transparencia es del 100%. Las donaciones se realizan íntegramente a puerta cerrada y el público no tiene derecho a saber quién financia la política francesa.

En España, los partidos están obligados a declarar la identidad de los donantes ante el Tribunal de Cuentas, pero el tribunal no tiene por qué publicar esta información. Los partidos solo tienen que hacer pública la identidad de los donantes que aportan más de 25.000 euros, pero, según los datos recopilados, parece ser que no se ha realizado ninguna donación por encima de ese umbral desde 2016.

Problemas hasta para conocer las donaciones a los diputados

Esta opacidad de los donantes privados a los partidos en España se ve reflejado también en la falta de información, incluso, en las donaciones privadas que reciben representantes públicos como los diputados en el Congreso.

Desde la entrada en vigor del Código de Conducta de las Cortes Generales cada parlamentario debe rellenar una declaración de intereses económicos donde se le pregunta, entre otras cosas, por las "donaciones, obsequios y beneficios no remunerados que haya obtenido en los cinco años anteriores al inicio del mandato parlamentario".

Ese apartado de la declaración es el que menos contestan los miembros del parlamento en esta legislatura que comenzó en 2023. Un año antes, la propia Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales ya había denunciado que por aquel entonces lo habían dejado en blanco el 38% de los diputados y el 45% de los senadores. Además, es llamativo que los diputados de Vox y del PSOE optaron por respuestas tipo en las que alegaban que lo único que habían recibido eran obsequios o donaciones normales dentro de los usos familiares y sociales habituales.

La situación no ha mejorado desde entonces. Tal y como ha investigado Público, muchos de los actuales parlamentarios, como la mayoría de diputados de Vox, siguen sin rellenar apartados de la declaración como el de las donaciones o escriben fórmulas genéricas sin detallar la información que realmente se les ha solicitado. El Congreso, además, no revisa que lo declarado por los diputados sea cierto ni les sanciona en caso de que no declaren la información o aporten datos falsos.

Ni siquiera conocemos los afiliados

De hecho, en España la ciudadanía ni siquiera puede conocer cuántas personas realizan donativos o cuántos afiliados pagan cuotas a cada partido político. Público solicitó esta información a la Agencia Tributaria, que es a quien la tienen que declarar las formaciones políticas, pero esta se negó a entregarla.

Este medio reclamó ante el Consejo de Transparencia, que resolvió que la Agencia Tributaria debía hacer pública la información. El Ministerio de Hacienda, del que depende la Agencia Tributaria, en lugar de cumplir con esa resolución del Consejo de Transparencia, decidió acudir a los tribunales para poder seguir ocultando la información.

Debido a la importancia de que se puedan conocer estos datos y que los partidos políticos empiecen a operar de forma más transparente en nuestro país, Público se ha personado ante la Justicia para defender que la Agencia Tributaria debe entregar lo que este medio había solicitado. Por ahora, los tribunales no han tomado aún una decisión.