El día 24 de febrero de 2022, cuando el mundo todavía no había conseguido escapar del todo de la crisis económica derivada de la pandemia, Rusia anunció una "operación militar especial" sobre Ucrania. La guerra, que llevaba años limitada a la región del Donbás, saltaba a todo el país con unas consecuencias demoledoras para la economía global y, concretamente para Europa, cuya dependencia de ambos países la sumergió de una espiral inflacionaria. España, pese a ser uno de los países con menos vínculos comerciales –aún así con unas relaciones económicas importantes con Moscú–, ha visto en este último año cómo todos los bienes de consumo se encarecían. El año de la recuperación de la covid-19 se convirtió en el año de la vida inasequible: los precios han subido un 5,9% ya según la última actualización del IPC.

Esta escalada de precios se germina con la instrumentalización de su poder energético. Los hidrocarburos, el gas y el petróleo, que Rusia enviaba al sur de Europa se encarecieron cerca de un 30% mientras el viejo continente impulsaba sanciones y buscaba alternativas de suministro. Según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), al inicio de la guerra Moscú representaba el 10% de las importaciones españolas de petróleo. La dependencia rusa no se ha llegado a solventar del todo y, aunque el cierre de gasoductos –por sabotaje o clausura– ha sido una realidad durante 2022, Putin ha seguido financiando su guerra gracias a sus exportaciones, esta vez, de gas natural licuado (GNL). España, de hecho, llegó a convertirse en verano en el principal importador de este combustible, con cientos de barcos descargando el producto en los puertos españoles. No obstante, buena cantidad de este carburante simplemente se ha almacenado en las regasificadoras del país para después ser enviado a vecinos europeos.

El coste de la energía, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), se ha situado en 2022 en los 167,72 €/MWh, es decir, un precio medio un 55,75% superior al del 2021, que ya fue de por sí elevado debido a la crisis económica derivada de los cuellos de botella provocados por las restricciones de la pandemia. 

España, sin embargo, ha conseguido contener la crisis energética y marcar la senda para el resto de Europa. El Gobierno supo actuar a tiempo con la reforma del mercado ibérico, impulsada junto a Portugal, y topar los precios del gas en la generación de electricidad. Tanto es así que las facturas han sido un 40% más baratas de lo que serían sin el ajuste sobre los precios del gas, según los datos del Ministerio para la Transición Energética, que además ha conseguido rebajar el consumo de energía en un 22% respecto al último lustro. 

Aunque los precios se mantuvieron altos, la actuación del Gobierno sí permitió distanciarse de las tendencias de Europa. Esto se vislumbró bien durante el verano, cuando países del entorno como Italia, Francia, Alemania o Países Bajos superaban con creces la barrera de los 600 euros el megavatio/hora (MWh), mientras España y Portugal mantenían precios diarios cercanos a los 150 euros MWh. Además, el año se cerró con precios mensuales más bajos (146 euros MWh) que en el cierre de 2021 (252 euros MWh).

Al elevado coste de la luz y el gas, se sumó una escalada del precio de llenar el depósito. El diésel y la gasolina superaron al poco de estallar la guerra el umbral de los 2 euros por litro de postaje y el Gobierno impulsó una bonificación adicional para los carburantes, que rebajaba el coste real 20 céntimos por litro. En ese sentido, las actuaciones no han contenido rebajar demasiado los precios y el año se cerró con 1,5 euros/litro en la gasolina y de 1,6 euros/litro en el diésel, cifras similares a las que había en las vísperas de la invasión rusa. 

La cesta de la compra se dispara

La volatilidad de los precios energéticos repercutió rápidamente en los precios del consumo. Tanto es así que en el último año la cesta de la compra se ha disparado un 15%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Algunos productos básicos, como la leche, han subido un 33,4%. El aceite, esencial en la gastronomía española, subió en 2022 un 30,5% y los huevos, un 27,2%. Las carnes, por su parte, han oscilado en una subida del 13-14% dependiendo del tipo. El pan y los cereales han registrado un incremento del 13% y los pescados un 7%. 

La tendencia inflacionaria de la cesta de la compra guarda relación con la crisis energética y cómo esta ha elevado los costes de producción. No en vano, no todo ese porcentaje de subida se debe a ello. Los intermediarios han contribuido mucho a las subidas, tal y como revelan las diferencias entre los precios de origen y los precios de supermercado. Según los datos publicados por Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la diferencia entre el coste de producción y el coste de venta en las grandes superficies ha subido un 4% en los productos agrícolas y un 3% en el caso de los productos ganaderos. Por poner un ejemplo ilustrativo, el margen de beneficio de un litro de leche, entre origen y destino, es en enero de 2023 de un 138%.

Organizaciones como la OCU denuncian que buena parte de las cadenas de supermercados están aprovechando la situación de crisis para tensar aún más los precios. Según los indicadores, sólo tres empresas han mantenido las subidas acorde al IPC (Alimerka, Carrefour Express y BM Urban). Por contra, las superficies de alimentación que más han elevado sus precios son Mercadona, con un alza del 16,1%, y el Grupo Día, que registra una subida media del 15,2%. 

Los precios, cada vez más inasumibles para las familias, han generado un debate importante en el Gobierno de coalición. Las propuestas de la rama de Unidas Podemos giraban en torno a la creación de un bono social para que las familias vulnerables pudieran, al menos, acceder a los alimentos básicos. Esa opción no terminó de ser bien vista por Moncloa y a finales de 2022 se impulsó una rebaja del IVA para los productos de primera necesidad, lo cual no ha terminado de tener efectos, ya que, según denuncian las organizaciones de consumidores como OCU o Facua, los supermercados siguen enroscados en una tendencia alcista de precios.

El estallido de las hipotecas

El mercado inmobiliario no ha sido ajeno a la crisis inflacionaria en la que se ha visto inmersa España y Europa. En el caso de los alquileres, el Gobierno ha tratado de contener la crisis y ha limitado las subidas de precios al 2%, desvinculando las alzas del IPC y adscribiéndolas al Índice de Garantía de Competitividad. Pese a ello, los precios se han incrementado y, aunque no hay datos de referencia, el Sindicato de Inquilinos ha documentado numerosas actualizaciones de los contratos de alquiler superiores a ese 2%. 

Donde sí se han consolidado subidas históricas es en los mercados hipotecarios. Europa ha tratado de contener la inflación del continente aplicando paulatinamente subidas de los tipos de interés y esto se ha reflejado abiertamente en el Euribor, que antes del comienzo del conflicto armado cotizaba en negativo, a -0,47, y actualmente se encuentra en 3,337, según los datos del Banco de España. 

Para aliviar el impacto económico de las subidas hipotecarias en las familias, el Ejecutivo sólo ha conseguido aprobar un acuerdo con la banca, un Código de Buenas Prácticas, destinado a extender algunas hipotecas y rebajar las cuotas de las familias más vulnerables.