Obama urge a la Cámara baja a que apruebe sin demora el acuerdo fiscal

El presidente de EEUU, Barack Obama instó esta mañana a la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen mayoría, a que apruebe el acuerdo alcanzado en el Senado para sacar a Estados Unidos del "abismo fiscal" en el cual entró pasada la medianoche. Esta madrugada el Senado, donde los demócratas tienen mayoría, aprobó con 89 votos a favor y 8 en contra un acuerdo que retrasa los recortes automáticos de gastos gubernamentales y extiende las exenciones impositivas para la mayoría de los estadounidenses.

La Cámara ha fijado para el mediodía (17:00 GMT) el comienzo de sus deliberaciones en un día en el cual, por la festividad de Año Nuevo, no hay actividad en los mercados financieros, lo cual ha amortiguado el impacto de la caída, al menos técnica, por el "precipicio fiscal". "Los dirigentes de ambos partidos en el Senado colaboraron para llegar a un acuerdo que fue aprobado con un abrumador apoyo bipartidista y que protege al 98 por ciento de los estadounidenses y al 97 por ciento de las empresas pequeñas contra un aumento de los impuestos", señaló Obama en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.

"Si bien ni los demócratas ni los republicanos consiguieron todo lo que querían, este acuerdo es lo correcto que debemos hacer por nuestro país y la Cámara (de Representantes) debería aprobarlo sin demora", añadió. Según Obama, lo estipulado en el acuerdo hará que la economía de Estados Unidos crezca y que "el déficit se achique de manera equilibrada, mediante la inversión en la clase media y pidiendo a los ricos que paguen un poco más". El "abismo fiscal" ha sido consecuencia de un acuerdo en el Congreso en 2011 que postergó la solución del déficit fiscal -de un billón de dólares al año- hasta después de la elección presidencial de noviembre pasado.

Bajo aquel arreglo, si el Ejecutivo y el Legislativo no se ponían de acuerdo sobre el déficit, entrarían en vigencia este 1 de enero recortes automáticos en todos los gastos del gobierno, expirarían las exenciones impositivas vigentes por una década, y unos 2,3 millones de personas perderían su subsidio por desempleo.