Las organizaciones y colectivos de personas con discapacidad dicen que no le ponen cara a Diego Spagnuolo, el nuevo director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Argentina. Y que la primera vez que se toparon con su nombre fue el 28 de diciembre pasado (Día de los Inocentes), cuando fue formalmente designado por el presidente Javier Milei, a través del Boletín Oficial.

Spagnuolo no tiene estudios ni antecedentes en la materia sobre la que le toca gestionar, pero sí ostenta una cualidad determinante: es el abogado personal del ultraderechista Milei, al que representó en varias causas.

Además, el único paso por la Administración pública que se le conoce fue porque acompañó como asesor a Carlos Kambourian (procesado por malversación de fondos públicos del Hospital Garraham) en la secretaría de Salud del municipio de Pilar –provincia de Buenos Aires– durante la alcaldía de Carlos Ducoté. Ahora, bajo el gobierno de su representado, gestionará una caja de fondos que supera el millón de euros.

Los colectivos muestran su descontento

Las cosas no son fáciles en su nuevo cargo: el sector está en una situación crítica, con deudas y fondos recortados, a lo que se le suma el aumento sideral del precio de los medicamentos. Algunas ONG, como la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) han declarado que la situación es de "emergencia".

Según ha podido saber Página 12, Spagnuolo rara vez acude de forma presencial a las oficinas y manda a otras personas a recibir a los representantes de las organizaciones, que llevan varias décadas trabajando en la problemática y que son el vínculo real y cotidiano entre las políticas públicas del Estado y las personas con discapacidad.

Algunas de esas reuniones fueron la semana pasada, y el abogado de Milei no participó. Allí se discutió la situación alarmante de los prestadores del programa Incluir Salud, el programa del Estado que asiste a las personas con discapacidad: acumulan un retraso de casi el 100% entre la inflación y lo que se les permite facturar. Esta situación se suma a los retrasos en los pagos de las obras sociales y prepagos, que suelen tardar 60 o 90 días.

Deudas en el sector

Spagnuolo también deberá hacerse cargo de una deuda con las organizaciones que data del Gobierno anterior, desde el mes de octubre. Varias provincias denunciaron a principios de mes que los fondos habían sido recortados. Los aumentos de los precios de la gasolina y los medicamentos complicaron hasta el extremo el servicio de transporte y los costos fijos de los centros de rehabilitación, que en marzo, además, tienen que pagar aumentos de sueldos.

No se han habilitado todavía nuevas altas para las obras sociales y todo el sistema, que incluye los servicios que prestan cuidadores, enfermeros, acompañantes y médicos, está "en riesgo". La salud de un millón de personas depende de las gestiones de esta institución pública. 

"Nuestro problema se arrastra desde hace varios Gobiernos. No es sólo este. La inflación ya nos venía destruyendo, pero en enero de este año tenemos un desajuste de casi 100 puntos, así que esperamos que las nuevas gestiones empiecen a generar un horizonte de previsibilidad que no tenemos", ha apuntado para Página 12 Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Molero habla en representación de las ONG, centros de día, centros de rehabilitación, escuelas y transportistas que trabajan en la problemática: "Es una situación alarmante y hemos estado preocupados porque esta administración tardó mucho tiempo en designar a las autoridades y en su momento hubo un recorte de los fondos, que por suerte se empezó a solucionar. Nos recibieron directores del organismo y nos dijeron que están abocados a pagar deudas, pero nosotros necesitamos una recomposición muy significativa. Esperamos que la semana que viene ya haya una respuesta concreta".

El ahora director de ANDIS tampoco se ha presentado ante sus propios empleados, que esperan con angustia un ajuste de la plantilla a causa de varios despidos: los contratos del último año que no fueron recortados aún han sido extendidos apenas por tres meses, hasta marzo.

Si bien es un cargo político, Spagnuolo no tiene historial en el área, ni siquiera ha subido ninguna publicación a redes sociales en la que aparezca alguna persona con discapacidad. Nada. Sólo publica encuentros con amigos y reuniones con Milei y con el economista José Luis Espert.

El resto de empleados del organismo estatal denuncian que desde la llegada de la nueva gestión, hace ya más de un mes, están totalmente paralizados. Un sueldo como el suyo, de subsecretario de Estado, está unas cuatro veces por encima del sueldo promedio de otros funcionarios.

Los únicos antecedentes de Spagnuolo fueron un breve paso como asesor en la secretaría de Salud del municipio de Pilar (donde tiene su matrícula de abogado) y una participación accionaria en la empresa Galaxy Medical S.A.S., que se dedica a la comercialización de servicios de salud.

Emergencia en materia de discapacidad

"Con la inflación galopante actual, cada vez es más difícil sostener los apoyos para las personas con discapacidad. La situación obliga también a que varios prestadores dejen de brindar servicios, ya que no están incentivados o no pueden operar", según se puede leer en el último comunicado de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, que describe la situación como de "emergencia".

"La situación es de emergencia desde hace varios años. Con casi todos los gobiernos hemos estado mal, pero el panorama está cada vez peor", ha resumido el secretario general de ASDRA, Alejandro Cytrynbaum.

"En cada Gobierno nos presentamos para ponernos a disposición. Nunca tuvimos el resultado que esperamos. Estamos muy preocupados, pero también expectantes por lo que pueda hacer la nueva gestión, que aún no nos ha recibido", ha concluido Cytrynbaum.