La masacre de Manaos muestra el infierno de las cárceles brasileñas

(São Paulo).  Fueron 17 horas de violencia continua y 56 presos asesinados brutalmente. El juez Luis Valois, que negoció la salida de rehenes, habló de “escenas dantescas”, de “barbarie”, “algo nunca visto”. Se refería a las decapitaciones y mutilaciones que en cuestión de horas viralizaron en las redes. Los presos filmaron su carnicería, era parte del mensaje que la facción de narcotráfico Familia Del Norte (FDN) le mandaba al Primer Comando de la Capital (PCC), la banda más poderosa del crimen organizado de Brasil, pero con poco poder en el Amazonas. Apenas cinco días después, la penitenciaría agrícola de Monte Cristo, en Boa Vista (Roraima) amanecía con 33 muertos. La venganza del PCC estaba servida.

La primera masacre sucedió el pasado 1 de enero en la mayor cárcel de la capital del Amazonas, el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Copaj), de Manaos. El presidente del Gobierno, Michel Temer, tardó cuatro días en pronunciarse sobre el crimen: “Fue un accidente pavoroso”, dijo después de solidarizarse con las familias de las víctimas, que estuvieron durante casi tres días sin saber si sus allegados presos estaban entre los fallecidos.

No sólo la demora a la hora de enfrentar la primera gran tragedia del año, sino el término “accidente” usado por el presidente dieron de que hablar en una semana donde se ha empezado a reflexionar acerca de la situación que viven los presos brasileños. Los datos de asesinatos por muerte violenta en 2016 no hablan “de accidente” sino de 392 reclusos asesinados en las prisiones del país. Poco más de un muerto al día.

Brasil tiene la cuarta mayor población carcelaria del mundo, con 662.202 presos, sólo por detrás de Rusia (644.237), China (1.657.812) y Estados Unidos (2.217.000). Donde sí ocupa el primer puesto es en hacinamiento, como el país con mayor concentración de presos entre las naciones con más población reclusa, así lo indica el International Centre for Prision Studies. Según datos del Consejo Nacional de Justicia, las cárceles brasileñas tienen un déficit de 250.000 plazas. La cárcel donde ocurrió la masacre de Manaos tenía capacidad para 454 presos pero estaba ocupada por 1.224, tres veces más de lo permitido.

Los datos de asesinatos por muerte violenta en 2016 no hablan “de accidente” sino de 392 reclusos asesinados en las prisiones del país. Más de un muerto al día

La falta de plazas no impide que la población carcelaria siga creciendo. Entre 2004 y 2014 creció un 64%, y si nos vamos a 25 años atrás el aumento alcanza el 575%, según datos oficiales del Ministerio de Justicia. André Becerra, presidente de la asociación Jueces para la Democracia de Brasil, apunta a dos factores fundamentales para este aumento: la inversión “desmedida en Seguridad” y el “endurecimiento” de la jurisprudencia en Brasil.

“Es una pena que necesitando tantas mejoras en la educación y en la sanidad los estados inviertan en seguridad, en helicópteros y en armas o chalecos antibalas de última generación”, denuncia Becerra. Como ejemplo el juez señala al Estado de São Paulo, el más rico del país y también el que más presos tiene, casi la mitad de toda la población carcelaria del país.

El aumento de presos no es proporcional al aumento de jueces que puedan gestionar los casos que se acumulan en sus despachos. El colapso que sufre el sistema penitenciario provoca situaciones que rozan la ilegalidad como el hecho de que el 40% de los reclusos estén encerrados de forma provisional, a la espera de ser juzgados porque ni siquiera han sido condenados en primera instancia. En esta situación pueden pasar años o meses. También hay casos en los que los presos ya han cumplido su sentencia y por la demora burocrática pueden seguir encerrados más tiempo, o aquellos que podrían pasar del régimen cerrado al abierto y nunca llegan a vivir ese privilegio.

La cárcel donde ocurrió la masacre de Manaos tenía capacidad para 454 presos pero estaba ocupada por 1.224, tres veces más de lo permitido

El aumento de número de presos también se asocia al crecimiento de prisiones como la de Manaos que tenían su gestión tercerizada. En estas cárceles el Estado es responsable y está a cargo, pero el personal que trabaja dentro, desde los agentes, enfermería, médicos o profesores, es contratado por otra empresa. En una carta al ministro de Justicia, el padre Frei Betto lo denunciaba esta semana: “La empresa recibe del estado según el número de detenidos que administre, cuantos más haya también hay más lucro”. El juez Valois, el primero en entrar en Manaos durante la tragedia, se muestra más neutral, pero reconoce que la gestión semi privada “al final ofrece menos garantías para los presos”, le decía al diario Nexo.

La masacre de Manaos ha sido la segunda mayor de la historia del país. En 1992 fue la primera, en la cárcel paulista de Carandirú, cuando en el medio de un motín la policía ejecutó a 111 presos. Esta masacre dio pie al nacimiento del Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor facción de narcotráfico de Brasil con sede en São Paulo, pero con sus brazos por todo el país.

Hasta el momento la otra banda de crimen organizado era el Comando Vermelho (CV), que controlaba las cárceles de Rio de Janeiro. EL PCC después de muchos asesinatos para hacerse con el control del territorio, a finales de los noventa se adueñó de todo el Estado de São Paulo y se colocó con fuerza en otras prisiones del país.

La socióloga Camila Nunes, experta en PCC, señala en uno de sus artículos como este grupo surgió a mediados de los noventa con un discurso ideológico-político para defender a los presos de “la opresión del estado” y de las “condiciones infrahumanas” en que vivían. Fue fácil convencerles y poco a poco esta facción se hizo grande con el tráfico de drogas y con el dinero que cobra de cada uno de sus socios.

“El PCC se encarga de todo en las cárceles, como toda banda criminal han ocupado el papel del estado porque no existía, no estaba allí”, e

“El PCC se encarga de todo en las cárceles, como toda banda criminal han ocupado el papel del estado porque no existía, no estaba allí”, explica André Becerra. Lo mismo sucede con Comando Vermelho, su eterno enemigo, con el que durante años llegó a un acuerdo de no agresión: “Cuando el PCC empezó a dominar las cárceles el número de masacres disminuyeron, parecerá una locura, pero es así, ellos cumplen ese papel de orden, hasta que han parado el cese al fuego con su enemigo”, nos cuenta Becerra.

Desde mediados de 2016 el PCC y el CV se declararon la guerra y las masacres en las cárceles brasileñas han aumentado. Según la profesora Nunes, las razones del fin del cese al fuego son varias, pero la principal fue “la voluntad expansionista de sus negocios, acceder a más mercados. El PCC funciona como cualquier otra empresa capitalista”. Antes de que sucediera la masacre de Rorarima, la profesora Camila Nunes ya había advertido que podrían suceder otras y recordaba que lo sucedido en el Amazonas no había sido “ninguna sorpresa”, sino que “estaba anunciado hacía meses”, le dijo a la revista Carta Capital.

La pelea en Manaos, o como dijo el juez Valois, “la matanza”, fue entre la Familia del Norte (FDN) y el PCCC. La primera es una facción menor que controla el norte del país, y que a su vez es socia de CV, mientras que la segunda apenas tiene importancia en las prisiones del Amazonas. La de Roraima fue la venganza del PCC, en una cárcel dominada por la facción paulista que quiso dar respuesta a lo sucedido en Manaos.

De los 56 presos decapitados y desmembrados en la cárcel amazónica, menos de la mitad pertenecían a alguna de esas bandas, eran presos comunes, con delitos menores y otros graves. Todos tenían el perfil habitual del recluso brasileño: joven (más del 90%), negro (60%) y con educación primaria básica (75%).

“Todavía no han entendido que cuanta más gente detengan, más criminalidad va a haber. Los jóvenes que entran en esas prisiones se hacen criminales a la fuerza, muchos de ellos cuando acaban su pena tienen deuda con las facciones y tienen que entrar en el crimen para saldarla”, explica André Becerra, que define estas prisiones como “escuelas del crimen”.

El ministro de Justicia, Alexandre Moraes, fue el primer representante del Ejecutivo en pisar Manaos y declaró que esta masacre no se podía explicar apenas como una “guerra entre facciones” sino con “algo más profundo” y puso como ejemplo la entrada de armas y móviles en las penitenciarías, como si ambas cosas no estuvieran vinculadas con las simbióticas relaciones entre los narcotraficantes y las fuerzas del estado.

En este sentido el juez Becerra asegura que las cárceles son “un antro de corrupción” y que “todos lo saben”. Incluso hay rumores de las relaciones de los gobiernos de los estados con las propias facciones: “Todavía no se ha comprobado nada, pero hay investigaciones en relación a ello. Lo que sí sabemos es que el PCC y otras facciones financian campañas a muchos diputados del Congreso”.

El juez Becerra asegura que las cárceles son “un antro de corrupción” y que “todos lo saben”

El presidente Temer además de insistir en que la matanza “fue un accidente” también dio a entender que por ser una cárcel tercerizada la responsabilidad del estado “no estaría tan clara, tan definida”, dijo el jueves. Más inoportuna fue la frase del gobernador de Amazonas, José Melo, que llegó a justificar lo sucedido asegurando que “entre los muertos no había ningún santo”.

La respuesta de Michel Temer ante la ola de violencia de las cárceles de Brasil ha sido más de lo mismo: fortalecer la seguridad. Aseguró que en los próximos días se firmará un acuerdo donde el Gobierno Federal invertirá casi 1,8 billones de reales en esta área y que se emplearán, entre otras cosas, para construir más presidios en el Amazonas y en otros estados del país. “A la sociedad brasileña le gusta oír esas medidas, son electoralistas. Somos una sociedad con un histórico de autoritarismo, la mitad del país dice que el bandido bueno es el bandido muerto”, sentencia el presidente de Jueces para la Democracia. La secretaria de Derechos Humanos, Flávia Piovesan, respondió al presidente Temer horas después de su rueda de prensa: “Construir más prisiones no sirve de nada en un sistema fallido”.