Marruecos, el nuevo 'guardián' global de los derechos humanos con un oscuro historial a sus espaldas

El representante de Marruecos detentará la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante este año tras una votación secreta en la que resultó elegido Omar Zniber, diplomático alauí y representante permanente de Marruecos ante la Oficina de la ONU en Ginebra y ante las organizaciones internacionales.

Es la segunda vez desde que se creó el Consejo que el presidente no es elegido por consenso. La principal oposición venía por parte de Sudáfrica, uno de los mayores defensores de la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, la excolonia española ocupada militarmente por Marruecos. Consideraba que el reino de Mohamed VI era un Estado "contradictorio" con los principios humanitarios de Naciones Unidas. De hecho, Sudáfrica propuso a su embajador ante la ONU en Ginebra, Mxolisi Nkosi, pero solo logró 17 votos frente a los 30 del candidato marroquí.

El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental de la ONU compuesto por 47 Estados. Es el responsable de la "promoción y protección de todos los derechos humanos en el mundo entero". Según sus estatutos, fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006 con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto. El Consejo se concibió como sustituto de la criticada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el punto de mira por albergar miembros impasibles ante las vulneraciones de derechos humanos por parte de los gobiernos de sus propios países.

La presidencia de Marruecos echa más leña al fuego en ese sentido, sobre todo, por el largo y oscuro historial del país en la vulneración de derechos y libertades, tanto de sus propios ciudadanos, como de migrantes y refugiados que transitan por Marruecos.

Responsable de la masacre de Melilla

La mancha más reciente y una de las más sonadas fue la llamada tragedia o masacre de Melilla, el 24 de junio de 2022. Según el balance marroquí, murieron al menos 23 refugiados –la mayoría sudaneses– cuando intentaron cruzar por la fuerza el paso fronterizo entre Marruecos y Melilla. Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, elevaron a 37 las víctimas mortales. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos cuenta todavía cerca de 80 desaparecidos.

La brutalidad empleada por las fuerzas de seguridad marroquíes –y españolas– con más de mil migrantes que tratan de forzar las vallas fronterizas ocupó las portadas de todos los grandes medios de comunicación. También causaron impacto las imágenes de cientos de migrantes heridos, algunos inconscientes, maniatados y hacinados en el suelo tras la intervención policial. Numerosos vídeos de aquel día mostraban a los gendarmes marroquíes golpeando a personas indefensas que pasaron horas expuestos a los gases lacrimógenos, a las pelotas de goma sin atención médica.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su "conmoción" y "tristeza" por los hechos, mientras que su portavoz, Stéphane Dujarric, calificó la actuación policial de "inaceptable" y denunció un "uso desproporcionado de la fuerza".

Cientos de ciudadanos sudaneses fueron detenidos y encarcelados tras la tragedia, y más de cien han sido condenados a penas de varios años de prisión como supuestos organizadores o participantes en el intento de cruce. Las familias de los desaparecidos y los fallecidos apenas han recibido información o siquiera visados para ir a identificar los cuerpos.

El trato de las autoridades marroquíes a los migrantes que esperan cruzar a España se resume en crueles prácticas como redadas policiales en los asentamientos o en las viviendas, detenciones y expulsiones forzosas a territorios desérticos sin agua ni comida y otras formas de violencia documentadas por ONG y medios de comunicación. 

Brutal represión de activistas saharauis

Otra de las voces más críticas ante la elección de Zniber es la del Frente Polisario. La represión contra activistas por la independencia del Sáhara ha sido constante desde la ocupación de la excolonia española en 1975. Sin embargo, la persecución ha despuntado tras la reactivación del conflicto armado en 2020.

Organismos de Naciones Unidas como el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) y el Comité contra la Tortura, han emitido dictámenes que "evidencian que los activistas saharauis son objeto de detención arbitraria en respuesta a sus opiniones sobre el derecho de autodeterminación". Las fuerzas de seguridad marroquíes han disuelto con violencia innumerables protestas en ciudades ocupada como El Aaiún.

Actualmente hay más de 40 activistas saharauis presos en diferentes cárceles de Marruecos, algunos con condenas de 20 años de prisión. Las condiciones de detención, según numerosas denuncias, son inhumanas. Sin atención médica, sometidos a torturas e incomunicación y alejados a cientos de kilómetros de sus ciudades.

Otros no han necesitado ser encarcelados para sufrir privación de libertad, tortura física y psicológica o incluso violencia sexual. Uno de los casos más mediáticos es el de Sultana Jaya, activista saharaui que permaneció en arresto domiciliario durante más de año y medio sin justificación legal. "Usaron el palo de nuestra bandera para violarnos a mi madre, a mi hermana y a mí", denunciaba en una entrevista con Público en 2022.

En octubre se renovó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, pero sigue sin tener un mandato de derechos humanos, denuncia Amnistía Internacional. "Las organizaciones de derechos humanos continuaron sin poder acceder al Sáhara Occidental", apunta la organización. Y la presidencia marroquí del Consejo de Derechos Humanos no parece que vaya ayudar en ese sentido.

Persecución de periodistas críticos

La libertad de prensa y de expresión brillan por su ausencia en Marruecos, donde se ha enjuiciado y encarcelado a decenas de periodistas independientes, blogueros o activistas en los últimos años. Naciones Unidas no es indiferente a esta práctica, que persigue a las voces críticas levantando acusaciones por delitos sexuales o fraude fiscal.

El 21 de julio, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria aseguró que Marruecos vulneró el derecho del periodista Suleiman Raissouni a un juicio justo de forma tan flagrante que su detención era arbitraria. Raissouni era director del diario Akhbar Al Youm, ya desaparecido por insostenibilidad financiera, muy crítico con el Gobierno de Marruecos.

Fue detenido en 2020 y acusado de violación y retención con violencia de un joven. Ha sido condenado a cinco años de cárcel tras permanecer 92 días en huelga de hambre en la que exigía un juicio justo y con garantías. El anterior editor de su periódico, Taoufik Bouachrine, también fue condenado a 15 años de cárcel por violación, intento de violación y trata de personas.

Otro caso similar es el de Omar Radi, periodista independiente encarcelado tras numerosas citaciones para ser interrogado. Está condenado a seis años de cárcel por "violación" y "espionaje", cargos instruidos y juzgados en la misma causa judicial. Amnistía Internacional denuncia que tuvo acceso limitado a sus representantes legales, se negó a su equipo de defensa el derecho a interrogar a los testigos de la acusación y se excluyó a varios testigos de la defensa.

Su cruzada contra la prensa traspasa las fronteras. El periodista español Ignacio Cembrero también ha sido denunciado por Marruecos tras denunciar que fue víctima de espionaje con el software Pegasus. Era la cuarta vez que el Reino de Marruecos sentaba al periodista en el banquillo de los acusados.