Malta ha legalizado este martes el cultivo y consumo de cannabis con fines recreativos. La norma, pionera en la Unión Europea, se ha podido tramitar gracias a la mayoría del Partido Laborista y sus 36 votos frente a los 27 de la oposición.

La ley, que ha sido aprobada en su tercera lectura, deberá ser ratificada por el presidente de la república, George Vella, aunque su firma no es más que un formalismo. 

En Malta el consumo de cannabis es legal desde 2018, siempre y cuando fuera con fines médicos. Hasta hoy, hecho que ha sido aplaudido por el impulsor del proyecto, el parlamentario y actual ministro de Igualdad, Investigación e Innovación, Owen Bonnici. "Somos los que hacen el cambio", ha celebrado en redes sociales. 

El texto recoge una serie de límites respecto al consumo de esta sustancia. El primero de ellos tiene que ver con la edad: sólo tendrán acceso al cannabis, de manera legal, los mayores de 18 años. 

Un consumo con límites

Además, la legislación estipula un límite de posesión de cannabis y sus derivados, como el hachís, que ha estimado en 7 gramos —aunque la pena por tener entre 7 y 28 oscilará entre los 50 y 100 euros— y se podrán cultivar hasta cuatro plantas, conservando en el domicilio hasta 50 gramos de la hoja de dicha planta. 

De acuerdo a la ley, sólo se podrá consumir en público si es con fines médicos. En caso de hacerse con fines recreativos, se impondrá una multa de entre 235 euros y 500 —si hay menores de edad delante—, puesto que la ley ampara, además de las casas privadas, una serie de locales que funcionarán a modo de asociación privada sin ánimo de lucro. 

Estas asociaciones no se podrán encontrar a menos de 250 metros de un centro educativo o juvenil, serán gestionadas por personas "de buena conducta", no podrán exceder los 500 miembros y serán los únicos lugares habilitados para la venta de cannabis. 

La principal oposición que se han encontrado el Gobierno y el Partido Laborista es la Iglesia Católica, que opinan que esta medida tendrá un impacto negativo en la sociedad. Es más, grupos y asociaciones católicas trataron, junto a la Iglesia, detener la tramitación de la ley, aunque sin éxito.