Ni sorpresa ni una inteligente rectificación de sus políticas neoliberales. El presidente francés, Emmanuel Macron, decepcionó este jueves por la tarde con el anuncio de sus medidas en respuesta a los chalecos amarillos. Después de cinco meses de movilizaciones y de haber organizado un "gran debate nacional" para calmar la indignación, las propuestas del dirigente centrista se conforman con disminuir el impuesto sobre la renta y dejar de congelar las pensiones. Estas medidas no solo saben a poco, sino que tuvieron un escaso impacto mediático. La mayoría de ellas habían sido filtradas la semana pasada.

Era una esperada intervención, tras haber sido aplazada el 15 de abril a causa del incendio en Notre-Dame. Pero Macron no sorprendió, más bien decepcionó. En una rueda de prensa de más de dos horas desde el Elíseo, demostró que es un brillante orador, pero que se aferra a sus convicciones neoliberales. Lo que le obliga a ofrecer ajustes en los márgenes ante el malestar de los chalecos amarillos.

"Las transformaciones indispensables para nuestro país no deben detenerse, dado que estas responden a las aspiraciones de nuestros conciudadanos", aseguró el presidente francés, quien consideró que los manifestantes expresaron "la impaciencia de que las cosas cambien más rápido, de forma radical". De esta forma, defendía su voluntad de persistir en su batería de reformas neoliberales, con el matiz de que ahora desea que "lo humano" esté en el centro de estas medidas. "Hemos comprendido el profundo sentimiento de injusticia fiscal, territorial y social", reconoció. Ante el descontento popular, ofreció unas concesiones sociales menores y prometió unas reformas institucionales un poco más ambiciosas.

Bajar el impuesto sobre la renta y dejar de congelar las pensiones

Como ya se había filtrado la semana pasada, Macron propuso disminuir el impuesto sobre la renta para las clases medias. En concreto, se tratará de una reducción "significativa" de unos 5.000 millones de euros. También confirmó que dejarán de congelar las pensiones de jubilación inferiores a 2.000 euros y que estas aumentarán en función de la inflación a partir del año que viene. Espera hacer lo mismo con el resto de las pensiones a partir de 2021. En cambio, el resto de ayudas sociales seguirán casi congeladas. De esta forma, intenta comprar la paz social entre los pensionistas, uno de los sectores más movilizados durante el último año en Francia tras haber sufrido un aumento de las cotizaciones sociales y una casi congelación de la pensión.

Además, prometió que "no habrá más cierres de hospitales ni de escuelas hasta el final del mandato", previsto para 2022. También mostró su predisposición "a abandonar su objetivo de suprimir 120.000 plazas de funcionarios". Sin embargo, la diminución del impuesto sobre la renta —a la que hay que añadir una importante bajada del impuesto de sociedades, del 33% al 25%, prevista anteriormente— se financiará a través de una reducción del gasto público. Macron prometió, de hecho, la supresión de organismos inútiles, dando a entender que se pueden realizar recortes sin que estos afecten a la vida de la gente.

No obstante, ¿se pueden preservar los avanzados servicios públicos franceses al mismo tiempo que se bajan los impuestos? Parece una ecuación difícil de resolver. Aún más si se tiene en cuenta la oposición de Macron a recuperar el Impuesto sobre la Fortuna (ISF), una de las principales reivindicaciones de los chalecos amarillos, así como su apuesta por recuperar la senda de la austeridad presupuestaria. "La verdadera justicia fiscal no es aumentarles los impuestos a unos u otros, sino bajarlos", dijo.

Además de defender sus regalos fiscales a los más ricos, el dirigente centrista trató de forma superficial un aspecto crucial en el crecimiento de las desigualdades: el fraude fiscal. Respecto a la lucha contra el cambio climático —una de las cuestiones que más preocupan a los franceses—, se conformó con anunciar la creación de un "consejo de defensa ecológica", aunque sin detallar la letra pequeña de este organismo.

La mayoría de los franceses insatisfechos con los anuncios

La mayoría de estas medidas representan concesiones, más bien menores, a las reivindicaciones de los chalecos amarillos contra la injusticia social y el aumento del poder adquisitivo. Para frenar a este movimiento de indignación, Macron ya cedió en algunos aspectos el pasado 10 de diciembre, con una serie de medidas valoradas en 10.000 millones de euros. La mayoría de ellas favorecieron el aumento este año de 850 euros del poder adquisitivo por persona en Francia, lo que representa la mayor subida en este país desde la crisis de 2008.

Si los anuncios en políticas sociales resultaron insuficientes, más ambiciosos fueron respecto a las reformas institucionales. Macron se opuso al hecho de crear un sistema de referéndums de iniciativa ciudadana, como exigen los chalecos amarillos. Pero prometió "simplificar las normas" y rebajar a un millón el número de firmas necesario para organizar un referéndum de iniciativa compartida. Este mecanismo ya había sido creado en 2008 pero sus exigentes condiciones —conseguir 4,7 millones de firmas y el apoyo de al menos 185 diputados o senadores— hacen prácticamente imposible utilizarlo. También prometió establecer "un derecho de interpelación a los representantes locales", que permitirá impulsar peticiones ciudadanas a nivel municipal y local. En cambio, Macron afirmó su rechazo a hacer que el voto sea obligatorio o reconocer el voto en blanco.

Todas estas propuestas formarán parte de la reforma constitucional que el joven presidente espera que sea votada en l’Assemblée Nationale durante el próximo verano. Una modificación de la Carta Magna que también comportará una disminución del 30% del número de diputados, la inclusión de "una dosis de proporcionalidad" en la elección de los representantes nacionales o una descentralización de la administración, entre otras medidas previstas anteriormente. Esta reforma se confrontará, sin embargo, con el escollo de necesitar el apoyo del Senado, que se encuentra en manos de Los Republicanos (derecha), un partido de la oposición.

Macron pretende con estos anuncios dar un nuevo impulso a su mandato, empantanado desde el verano del año pasado. ¿Lo conseguirá? No le será nada fácil. La organización de su "gran debate nacional" entre enero y marzo resultó una eficaz campaña de comunicación. Esta iniciativa dispuso de unos niveles de participación más que correctos, con 9.000 reuniones públicas y unas 350.000 personas que respondieron a un cuestionario a través de internet. No obstante, estos centenares de miles de personas se localizaron sobre todo en las áreas metropolitanas de París y Lyon, es decir, entre aquellas mismas clases medias y acomodadas de las zonas urbanas que apostaron por el dirigente centristas en las presidenciales de 2017.

De hecho, sus medidas presentadas este jueves parecen más bien destinadas a satisfacer a su propio electorado e intentar seducir a una parte de los votantes de Los Republicanos, el socio del PP en Francia inmerso en una profunda crisis interna y electoral. En cambio, no cumplen con las expectativas de las clases populares y trabajadoras, cuya gran mayoría apoyó a los chalecos amarillos. Según un sondeo del instituto Harris para la cadena de televisión LCI, al 63% de los franceses les parecieron "poco convincentes" los anuncios realizados por el presidente francés. Más que un nuevo impulso en su mandato, la comparecencia de este jueves supuso probablemente un capítulo más en el divorcio entre Macron y una parte significativa del pueblo francés.