Macri reconoce que tiene una cuenta con 18 millones de dólares en un paraíso fiscal

BUENOS AIRES.- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha reconocido que tiene una cuenta reciente de 18 millones de dólares en un paraíso fiscal y que su principal acreedor es su mejor amigo, un importante contratista del Estado.

Los datos, incluidos en la primera declaración patrimonial que Macri ha entregado como presidente a la Oficina Anticorrupción (OA), ponen en duda nuevamente el discurso de transparencia y lucha contra la corrupción en la que insiste el mandatario argentino.

De acuerdo con el informe, el patrimonio de Macri se duplicó en sólo un año, ya que a principios de 2015, cuando todavía era jefe de Gobierno de Buenos Aires, su patrimonio era de 52.962.000 pesos (unos 3,5 millones de dólares).

Ahora, en cambio, su riqueza asciende a 110.278.000 pesos (alrededor de 7,3 millones de dólares), lo que el mandatario justifica a partir de la "revalorización" de algunos de sus múltiples bienes.

Otro dato que abrirá un debate es que Macri reportó por primera vez una cuenta por 1,2 millones de dólares en Bahamas, el paraíso fiscal en donde está registrada la sociedad Fleg Trading que, según reveló la investigación de los Papeles de Panamá, era dirigida por el presidente.

Los Papeles de Panamá se convirtieron en uno de los principales dolores de cabeza para el mandatario, quien aseguró que nunca incorporó esa sociedad a sus declaraciones porque era sólo director, no socio ni accionista, y nunca tuvo ingresos porque la empresa no operó.

Investigaciones posteriores revelaron que Feg Trading sí había estado activa, además de que Macri enfrenta ahora una investigación judicial que determinará si cometió o no algún acto ilícito.

Por otra parte, la declaración patrimonial del presidente confirmó que uno de sus mejores y más antiguos amigos, Nicolás Caputo, le debe 22 millones de pesos (1,4 millones de dólares).

El problema es que Caputo es un empresario que desde que Macri ganó la presidencia ha visto incrementar sus millonarios contratos como prestador de servicios para el Estado, lo que ha derivado en denuncias por presunto conflicto de interés.