La Ley de Justicia y Paz ha fracasado en Colombia

"Todo el pueblo sabía que los iban a matar. El asesinato de mi hermana Sylvia ocurrió como en la novela de García Marquez Crónica de una muerte anunciada: todos vieron a los paramilitares llegar, ir hasta la plaza del pueblo, entrar en el restaurante. Eran unos seis. Se sentaron y esperaron. Y cuando mi hermana y los tres líderes campesinos que estaban con ella cenando terminaron de tomar una gaseosa y unos sándwiches, se levantaron, abrieron fuego y los mataron a todos. Allí, en el restaurante La Tata, en medio del pueblo de Cimitarra. A las nueve de la noche, delante de todos".

Sylvia Duzán tenía 30 años recién cumplidos y era periodista. Se había especializado en violencia urbana y fue pionera en desentrañar el fenómeno de los sicarios en Medellín. Esta era su primera experiencia en una zona rural y de conflicto caliente. Estaba produciendo un documental para el Canal 4 británico que mostraba una iniciativa, puesta en marcha en 1987, para construir una comunidad de paz, neutral, en una región que vivía en medio del fuego cruzado entre guerrilla, paramilitares y ejército. Sus impulsores estaban amenazados de muerte por osar desafiar a la autoridad de facto. Tres de ellos fueron asesinados junto a Sylvia aquel 26 de febrero de 1990.

"Uribe se va sin darnos justicia ni reparación", se queja una víctima

"Han pasado 20 años y no ha pasado nada. El caso permanece en total impunidad", dice hoy la hermana de Sylvia, la conocida periodista María Jimena Duzán, de 49 años.

Maria Jimena es una de las 281.661 afectadas por la violencia que se han registrado como víctimas en Colombia desde que el Gobierno de Álvaro Uribe lanzó en 2005 la llamada Ley de Justicia y Paz, que posibilita la desmovilización de los combatientes y ofrece penas rebajadas de entre cinco y ocho años para los que confiesen sus crímenes.

"Las víctimas creímos que esta era una oportunidad para saber la verdad y obtener justicia. Pero Uribe ha terminado sus ocho años sin darnos justicia ni reparación, sólo un poco de verdad", valora María Jimena a cinco años de la entrada en vigor de la ley.

Sólo el pasado martes se dictó la primera sentencia contra dos jefes paramilitares. Diego Vecino y Juancho Dique fueron condenados a penas de 39 y 38 años, respectivamente, conmutadas por la pena alternativa de ocho años, por la masacre de 11 campesinos y el desplazamiento de 300 familias en Mampuján en 2000.

El fenómeno del paramilitarismo surgió a comienzos de la década de los ochenta, impulsado por grandes propietarios rurales y narcotraficantes interesados en proteger sus territorios y defenderse de los secuestros de la guerrilla.

"El paramilitarismo es la esencia del poder político", dice el ex senador Petro

Con el apoyo de miembros activos del ejército y de la policía, que miraban para otro lado e incluso les daban directrices sobre qué objetivos perseguir, los grupos paramilitares se expandieron vertiginosamente y en 1997 se integraron en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que marcaron una de las épocas mas sangrientas de la historia del país.

Sus métodos no implicaban tanto enfrentamientos directos con las guerrillas sino brutales ataques contra la población civil. Hubo más de mil masacres, miles de muertos, torturados y desaparecidos y millones de desplazados que dejaron atrás tierras de las que se apropiaron los paramilitares y narcotraficantes.

En 2003, el presidente Uribe comenzó a negociar con los paramilitares su desmovilización. Fruto de esas negociaciones se redactó la Ley 975 del 25 de junio de 2005.

"Ancianos, parados, putas figuran como desmovilizados", denuncia el ICJT

"Es una ley que se promovió para dar impunidad a los paramilitares", afirma el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón. "Fue objeto de correcciones importantes por parte de la Corte Constitucional". La Corte exigió cambios de la versión inicial para que los paramilitares cumplan sus condenas en prisión, y no en casa, que el tiempo de las negociaciones no sea computado como tiempo de pena cumplida y que la rebaja del castigo sea revocada si mienten o retoman las armas.

Desde 2003 se han desmovilizado 31.671 paramilitares, según la cifra del Gobierno. De ellos, 3.854 se presentaron voluntarios para confesar sus delitos en las llamadas "versiones libres". Más de mil han podido hacerlo, entre ellos varios de los máximos responsables de las AUC.

Sus revelaciones conmocionaron al país y permitieron localizar más de 2.500 fosas comunes. Los paras confesaron 22.130 homicidios y 1.853 desapariciones forzadas. Hablaron de torturas, del uso de serpientes venenosas para matar a sus víctimas, de la construcción de hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos y también hablaron de sus vínculos con la clase política y económica dirigente.

"Las AUC no es un grupo que se haya opuesto al Estado, sino que tiene relaciones simbióticas con él. Lo revelado en las confesiones va más allá de encuentros casuales. La complicidad entre paramilitarismo y Estado fue estructural", afirma Javier Ciurlizza, del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).

Las confesiones propiciaron el escándalo de la parapolítica, en el que más de 80 congresistas han sido investigados o procesados por esas alianzas.

45 activistas han sido asesinados por reclamar la tierra que les robaron

"Cuando se empezaba a obtener algo de verdad, el proceso quedó frustrado por la extradición de 14 jefes paramilitares a Estados Unidos por narcotráfico", añade Gallón.

Para Gustavo Petro, ex senador del izquierdista Polo Democrático, "el paramilitarismo es la esencia del poder político en Colombia y esas confesiones estaban alcanzando al Gobierno y a la élite económica. Ese flujo de información se cerró con la extradición. Allá están acusados de narcotráfico. Acá de algo mucho más grave: crímenes de lesa humanidad. Pero eso va a quedar en la impunidad y las víctimas sin su derecho a la verdad", agrega.

En el caso de Sylvia Duzán, Maria Jimena no pudo oír cómo el jefe paramilitar de Cimitarra admitía el asesinato de su hermana. "En su versión libre, Ramón Isaza [que presidía en los ochenta la asociación de ganaderos de Magdalena Medio] dijo que no recordaba ninguna masacre. Me dio tanta furia, me pareció tan indigno".

Duzán reconoce que ha habido "un poco de verdad", y que la localización de las fosas para exhumar y entregar cadáveres es algo muy valioso para las víctimas. "Pero reparación no ha habido. Aquí unos pocos narcotraficantes paramilitares se robaron las tierras de los campesinos en los últimos 25 años. Esos líderes campesinos, hoy desplazados, están tratando de recuperar sus tierras y están siendo asesinados".

Según la Comisión de Reparación, son 45 las personas que reclamaban devolución de propiedades y han sido asesinadas desde que arrancó el proceso de Justicia y Paz, que obliga a los ex AUC a devolver lo que quitaron a sus víctimas. Según el presidente de la Comisión, Eduardo Pizarro, las llamadas "bandas emergentes" son el instrumento de las élites criminales para que las víctimas no reclamen.

"El Gobierno dice que el paramilitarismo ha muerto. No es cierto", dice Gallón. "Hay estudios que cifran en 10.000 los paras en actividad".

Con él coincide Camilo Bernal, coordinador de Justicia del ICTJ. "La política de desmovilización y desarme es un fracaso estrepitoso. Hay una gran cantidad de estructuras armadas que no se desmovilizaron. Lo hicieron los líderes más visibles. Eso no significa que les siguieran los de detrás. Hoy se sabe que parados, putas y mayores de edad engrosaron las listas de desmovilizados oficiales", afirma.

Según Bernal, "los grupos están ahí y son paras, aunque el Gobierno, en su discurso de negación, diga que son bandas criminales de descarriados. La misión de apoyo al proceso de paz constata que son los mismos de siempre, pero sin uniformes. Losparas se quedaron. Para cuidar los negocios".